En Nicaragua persisten torturas contra presos políticos, asegura informe
Los detenidos sufren aislamiento permanente, reclusión en celdas sin condiciones mínimas, ausencia o limitado acceso a alimentos.
Un informe elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, determinó que las torturas contra los “presos políticos” continúan en “castigo por su activismo”.
El informe, presentado en el Día de los Derechos Humanos, señaló que prácticas de torturas por parte de las autoridades nicaragüenses denunciadas a raíz de las revueltas callejeras contra el presidente Daniel Ortega en 2018, se han extendido hasta 2021.
“Nicaragua continúa ejerciendo la práctica de la tortura en perjuicio de las personas presas políticas, con la finalidad de castigarlas por su activismo en la defensa de los derechos humanos, su disidencia política, o su participación en acciones que reivindican el derecho a la verdad, la justicia y la democratización del país”, indicó el Colectivo.
Según el Mecanismo el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, y organizaciones opositoras, en Nicaragua hay al menos 160 opositores, profesionales y críticos de Ortega en prisión.
El informe también puso en evidencia la “comisión de otro delito de orden internacional como es la desaparición forzada”, así como “malos tratos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El Colectivo afirmó que los “presos políticos” sufren “aislamiento permanente, reclusión en celdas sin condiciones mínimas, ausencia o limitado acceso a alimentos y medicamentos extensos interrogatorios, amenazas, agresiones físicas y psicológicas, cometidas por agentes policiales y penitenciarias”.
Asimismo señaló que el Poder Judicial “ha sido partícipe por acción u omisión de dichos actos”, “incluyendo la violación a garantías del debido proceso, al derecho a ser oído, a la presunción de inocencia, a una llamada telefónica, recibir visitas, a una defensa de su propia elección, a tener audiencias orales y públicas, a un recurso judicial y efectivo, entre otros derechos”.
Agregó que la situación de los “presos políticos” ha impactado en sus familiares, incluyendo niños, y advirtió que “cualquier crimen de lesa humanidad, independientemente de la voluntad política de impunidad, no prescribe”.
Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), reiteró su compromiso con la defensa de las víctimas en 2022, y anunció que lanzará una campaña de educación sobre los derechos humanos y de información sobre los derechos internacionales, así como la demanda de acceso a la Justicia.
Este mismo viernes la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, recibió el Premio Derechos Humanos Internacional 2021 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).
Núñez, quien designó a la víctima de violaciones contra los derechos humanos Helen Aráuz, para que recibiera el galardón en España, dijo desde Nicaragua que aceptaba el premio en nombre de “miles de nicaragüenses que de diferentes formas resistimos hoy a un régimen empeñado en imponer el terror”.
Desde 2018 Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica que ha tenido consecuencias en los derechos humanos.
Según organismos como la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Nicaragua vive una crisis humanitaria que incluye “ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desplazamientos forzosos, arrestos arbitrarios”, entre otros.
