La agenda judicial del expresidente francés Nicolas Sarkozy tendrá una nueva cita este miércoles, cuando el Tribunal Supremo francés se pronuncie sobre la financiación irregular de su campaña de 2012, por la que está condenado a un año de cárcel, la mitad exenta de cumplimiento.
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Si confirma la sentencia pronunciada por un Tribunal de Apelación el 14 de febrero de 2024, sería la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, tras la que purgó a principios de año con un brazalete electrónico por un caso de corrupción y tráfico de influencias.
Recién salido de prisión, donde permaneció tres semanas por la financiación con dinero del régimen libio de su campaña de 2007, la que le llevó al Elíseo, Sarkozy afronta ahora otra pena por la ocultación de facturas durante la campaña de 2012, que perdió ante el socialista François Hollande.
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Una nueva piedra en el zapato de su reputación que esta vez no le conducirá tras los barrotes, porque en el peor de los casos para él, el Supremo confirmará la decisión de Apelación de imponerle seis meses de arresto domiciliario con brazalete electrónico.
Durante la audiencia del pasado 8 de octubre, los abogados del expresidente esgrimieron una batería de argumentos para pedir la anulación de la sentencia, entre ellos que ya se juzgó la superación del techo de gasto electoral, por el que pagó una fuerte multa.
Pero fue tras una decisión del Tribunal de Cuentas, que no tuvo en cuenta el carácter penal de los hechos, lo que ha motivado que la Fiscalía pidiera que se rechace el recurso de Sarkozy.
El Supremo puede aceptarlo, lo que convertiría la pena en firme, pero también puede ordenar que se repita el juicio o modificar la sentencia.
Baza con la que juega la defensa del expresidente, que desde que abandonó el Elíseo ha recibido ya seis sentencias condenatorias, pese a que él siempre clama su inocencia y denuncia una persecución judicial.
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En este caso, Sarkozy no fue condenado por su participación directa en la financiación irregular de su campaña de 2012, pero sí como beneficiario del entramado de facturas y empresas creado para burlar los controles oficiales.
Gracias al mismo, vehiculado a través de la empresa Bygmalion, que da nombre al caso, la campaña gastó casi 43 millones de euros, frente al máximo de 22,5 millones que autorizaba la ley.
La sentencia de febrero de 2024, que rebajaba a la mitad la pronunciada en primera instancia en septiembre de 2021, señalaba que el presidente y candidato no podía ignorar el elevado tren de la campaña, que él mismo animaba a acelerar ante las encuestas que le auguraban una derrota contra Hollande.
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Una proliferación de mítines y actos públicos que no fueron suficientes para dar la vuelta a los sondeos y que eran maquillados por facturas atribuidas al partido a través de la empresa de organización de eventos Bygmalion.
El expresidente volverá así a la escena mediática, que ha ocupado de forma profusa en los últimos meses, sobre todo después de que el pasado 25 de septiembre fuera condenado a seis años de cárcel por la financiación con fondos libios del régimen de Muarar Gadafi de la campaña de 2007.
Una sentencia que llevaba aparejada, ante la abultada pena, su ingreso preventivo en prisión, que tuvo lugar el 21 de octubre, en la cárcel parisiense de la Santé, de la que salió en libertad condicional el pasado 10 de noviembre, ante su elevada edad, 70 años.
El propio Sarkozy alimenta su exposición mediática, porque el próximo 10 de diciembre está prevista la publicación de un libro que bajo el título de ‘Diario de un prisionero’ tiene previsto contar su breve experiencia tras los barrotes.
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Su agenda judicial se acelerará el año próximo, cuando está previsto el proceso en apelación por la financiación libia, entre el 16 de marzo y el 3 de junio.
Su nombre aparece en otros casos que, en los próximos meses, pueden alimentar la cargada agenda judicial del expresidente.
