La Contraloría General de la República dejó al descubierto otro presunto fraude a la salud en Córdoba, esta vez por $10.000 millones, que se suman a los más de $44.000 millones de detrimento con los que se habría quedado el ‘cartel de la hemofilia’ por recobros de cuatro IPS entre los años 2013, 2014 y 2015, en la anterior vigencia del ex gobernador, Alejandro Lyons.
Lo curioso de este nuevo episodio es que involucra al presidente de la Red Nacional de Veedurías y excandidato independiente a la Gobernación de este mismo departamento, Eduardo Padilla Hernández, abogado y quien, incluso, recientemente fue presentado por la Alcaldía de Tierralta como nuevo asesor de paz para el tema del posconflicto y la zona de campamento de la guerrilla de las Farc en ese territorio.
Padilla figura como copropietario de la IPS Funtierra Rehabilitación, cuya representante legal es su esposa, Tania Otero Arroyo, odontóloga, y a cuya entidad - según la Contraloría - la Gobernación de Córdoba le habría consignado al menos $7.000 millones, también a través de la estrategia de recobros por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS), para supuestas terapias realizadas a niños con autismo y síndrome de Down.
El presidente de la Red de Veedurías y abogado, Eduardo Padilla Hernández, dijo que la empresa que tiene con su esposa 'está bien consolidada y por eso no tengo temor de nada, porque es una cosa seria'.
'Hemos sido los operadores más grandes, con al menos 300 niños cuyos servicios todos han sido tutelados, la administración no nos ha dado nada. La Contraloría nos visitó y encontró que las tutelas eran ciertas, hablaron con los profesionales, con los padres de los niños pero se equivoca al interpretar', precisó.
Padilla agregó que solicitó a la Contraloría una investigación para los auditores que a su juicio 'se dejaron manipular en contra de su empresa'.
Según él, la oficina de control disciplinario de la Contraloría ya inició la investigación a los auditores, 'porque hicieron incurrir en semejante escándalo, cuando todo ha sido mentira y yo tengo las pruebas'.
El jurista quedó en ampliar su versión a través de un comunicado público que al cierre de esta edición no había enviado a los medios.
IPS involucradas
La Contraloría reveló que en el caso de Funtierra Rehabilitación IPS Ltda, solamente por realizar tratamientos a niños enfermos, practicando 50 de 100 terapias ordenadas, recibió pagos por $1.345 millones. 'Se facturaron terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiológicas, y de integración sensoriomotriz, basadas en neurodesarrollo, y terapia miofuncional'.
Las otras del escándalo
Según la Contraloría, las otras entidades involucradas en el mismo escándalo son las IPS Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación, ubicada en la calle 1, casa 25, del barrio Valle Lindo, en Montelíbano. Esta presta servicios de fisioterapia, fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional y terapia respiratoria; la Unidad Integral de Terapias de la Costa, que está en el kilómetro 8 carretera a Planeta Rica, que presta servicios de nutrición y dietética, psicología, terapia ocupacional y fisioterapia y la IPS Girasoles, de la cual no fue posible obtener dirección. Todas, con excepción de esta última, hacen parte de la red de atención en salud creada o modificada por la Secretaría de Salud de Córdoba en 2015.
