El Heraldo
La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los sitios más complejos para ejercer el liderazgo medioambiental. Hansel Vásquez
Medio ambiente

Defensores del medio ambiente en la Costa: blancos directos de la violencia

Líderes ecologistas de la región Caribe confirman lo peligroso que es para ellos ejercer su labor, sobre todo en la Sierra Nevada y el Nudo de Paramillo.  

Pasó de ser un derecho a una amenaza a la vida. Manifestarse, defender y liderar causas que protejan a la madre tierra en Colombia, convierte en muchos casos a los que levantan su voz en objetivo de los violentos.

La escasez del agua, la contaminación, el deterioro de la biodiversidad, la tala, la deforestación, la quema indiscriminada, el mal uso de las tierras y todo lo relacionado a la conservación de hábitats son las principales causas en las que se concentran los defensores del medioambiente. Su objetivo es que se respete y se cuide la naturaleza, aunque esto signifique una sentencia de muerte en el peor de los casos.
Un total de 227 defensores del medioambiente fueron asesinados en 2020 en todo el mundo.

Colombia lidera la preocupante lista con el mayor número de homicidios, según un informe divulgado por la organización Global Witness. Esta organización no gubernamental (ONG) señaló que, a medida que se intensifica la crisis climática con incendios forestales, sequías que destruyen tierras agrícolas o inundaciones, la situación de las comunidades y los defensores de la tierra empeora.

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En el territorio nacional, el liderazgo ecológico está bajo amenaza. El informe subrayó que Colombia volvió a ser el país con el mayor número de ataques registrados, con 65 defensores asesinados en 2020, y resaltó que un tercio de estos hechos fueron contra la población indígena.

Alejandro Llinás, asesinado en Santa Marta, Magdalena, el 5 de abril de 2020; Aramis Arenas Bayona, asesinado en Becerril, Cesar, el 19 de mayo de 2020; y Hernando Molina Villamizar, asesinado en Santa Rosa, Bolívar, el 7 de agosto de 2020; son tres de las 65 víctimas que se registraron en la Costa Caribe.

La ilusión de cuidar sus territorios, de hacer respetar sus entornos naturales ante la negligencia de algunas autoridades fueron causales para que las balas apagaran sus voces.

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Zonas de peligro

La Sierra Nevada de Santa Marta y el Nudo de Paramillo son dos de las zonas con mayor riqueza natural, pero también de las más riesgosas en Colombia para ejercer la defensa del medioambiente.
José David Ortega lidera causas sociales y medioambientales desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, quienes trabajan por la defensa de la tierra y del territorio, y que también aportan a la construcción e implementación del Acuerdo de Paz. Alzar su voz lo convirtió en un desplazado de la violencia en 2018.

“Nosotros lo que queremos es que se le dé un buen uso a los territorios y por eso en la Junta de Acción Comunal tenemos unos comités encargados de las campañas medioambientales. Sabemos que el medioambiente es algo que hay que preservar y que se hace desde el ámbito cultural y territorial”, dijo a EL HERALDO.

El líder social relata que la problemática medioambiental en el Nudo de Paramillo es “preocupante”, debido a la economía extractivista por la explotación de los recursos naturales, además de los cultivos ilícitos que depredan los bosques.

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 “No es el campesinado como lo quiere hacer ver el Gobierno, es la entrega de concesiones a multinacionales que a cielo abierto quieren explotar los recursos naturales. Tenemos una multinacional que tiene un litigio con los indígenas, donde se demostró que la explotación de níquel afectaba a las mujeres y niños de las comunidades aledañas. Esa explotación pone en riesgo el medioambiente y también a los líderes que se oponen a esa economía extractivista”.

Como Ortega, un gestor medioambiental de la Sierra Nevada que prefirió ocultar su identidad, explicó lo que ocurre en este ‘corazón’ biodiverso de la región Caribe. “Si tú llegas allá con una cámara puedes ver unos carros de mula con unos animales que bajan todos los días con pura madera. La están acabando (la selva) dándole duro”.

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“Cuando uno va a la Sierra a hacer algún trabajo de investigación, en muchas ocasiones nos mandan apagar las cámaras para poder comentarnos bien la situación. Una de las cosas que nos piden es que no les preguntemos por la deforestación, porque sino los matan. Ninguno accede a hablar de eso por miedo”, agregó el gestor.

El senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Feliciano Valencia, también se refirió a la problemática de la Sierra Nevada y el significado de las comunidades indígenas en ella.

“La Sierra es un territorio inmenso y biodiverso que, de no ser por las comunidades y pueblos indígenas que lo habitan, hace mucho sería tierra arrasada. Es muy preocupante la problemática ambiental en este sector porque no hay previsión, no hay prevención, no se generan estrategias, al contrario, cada vez hay menor control en las zonas. La inseguridad para ejercer activismo y protección ambiental es cada vez peor”.

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“Abandonados por el Estado”

El campesinado y la clase popular es el respaldo con el que dice contar José David Ortega. Para él, trabajar por las causas sociales y medioambientales sí tiene su recompensa personal, pero al mismo tiempo no deja de ser un acto que le da temor, sobre todo por la “ausencia del Estado”.

“Sin lugar a dudas la vida es lo más importante, pero yo creo que la labor de preservar la vida es del Estado colombiano, no de los mismo líderes, por ende creo que es necesario seguir ejerciendo nuestras actividades, ya que si no las hacemos esas problemáticas jamás se van a dar a conocer”, aseguró.

Un líder ambiental de la comunidad de Piñoncito, perteneciente al resguardo Kogui - Malayo – Arhuaco, en el Sur de La Guajira, que pidió que no se revelara su nombre, reitera su compromiso con la naturaleza y también su preocupación por la poca presencia de los entes gubernamentales en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Nosotros somos abandonados del Estado, ellos no nos visitan y todo lo que hacemos es con nuestra lucha, nuestro esfuerzo, realizamos la arborización y sembramos solos. No nos escuchan, uno quiere mejorar, pero hay talas indiscriminadas en el sector y uno no sabe dónde quejarse. Lo digo así porque nadie le presta atención a esto”, puntualizó.

Actualmente, el indígena que lidera campañas de no a la quema, no a la tala, no a la deforestación, sí a la protección de los animales, y emprende también la defensa por las abejas en la Sierra Nevada, envía un mensaje claro referente al riesgo que corre a diario por defender el medioambiente:

“En estos momentos estamos atravesando por una situación bastante difícil y preocupante que lo deja a uno con un sinsabor. Nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos abriendo puertas para que podamos avanzar y que con el tiempo podamos dejarles una buena herencia a nuestros hijos y nietos, que ellos puedan respirar aire puro”.

El anhelo y la petición de los líderes es que sean escuchados, que se le dé la importancia que merece la naturaleza y, sobre todo, que se ejecuten medidas de protección para ellos.

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Problemáticas históricas

Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz (CesPaz), explica que un factor de riesgo que tienen los líderes ambientales en Colombia es por el uso y posesión de la tierra que no está delimitada completamente.

“Hay muchas zonas de reserva ambiental que ellos protegen y denuncian, precisamente por esas denuncias los terminan amenazando o matando. Muchas de estas zonas quedaron como corredores de movilidad y zonas de narcotráfico, entonces los líderes quedan en la mitad y corren peligro constante”.

Para la rectora de la Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios), Brigitte Baptiste, en Colombia “ha habido una desprotección histórica de la pluralidad de visiones acerca de la forma de gobernar el territorio, de definir las prioridades de gestión en torno a temas complejos como la minería, la generación de energía o la producción de alimentos”.

Frente a este panorama, la bióloga colombiana le dijo a EL HERALDO que los líderes ambientalistas tienen ideas muy importantes y derechos territoriales, por lo que hay que  “incorporarlos en el modelo de desarrollo y eso no ha sucedido”. “Por el contrario hemos tendido a dejarlo pasar, buscando que las voces de estas personas queden sumergidas en la apabullante acción de otros grupos de interés”.

Como ejemplo de desprotección histórica por parte del Estado, el senador Feliciano Valencia trajo recordó la no ratificación del Acuerdo de Escazú en la legislatura pasada del Congreso de la República. “El Gobierno de la mano de su bancada en el Congreso dejó hundir el proyecto de ley que, entre otras cosas, establece medidas para la protección de la vida de activistas ambientales. Entonces, acá no hay compromiso con la protección de la vida de las personas que están en las zonas más apartadas del país peleándole a la deforestación, a la contaminación de fuentes de agua y a la ilegalidad”.

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Existen rutas clandestinas para el transporte de la madera que es sustraída del Nudo de Paramillo. Cortesía

Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 24 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente, del que Colombia aún no hace parte. 

Luego de que no pasara su ratificación en la pasada legislatura del Congreso de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio inicio el miércoles 8 de septiembre las actividades de socialización sobre el Acuerdo, como parte de su estrategia para presentarlo nuevamente en este mes de octubre. 

El pasado martes 28 de septiembre, a partir de las 2:30 p.m., se realizó en Barranquilla la IV Jornada de socialización del Acuerdo de Escazú, en la que se dio a conocer el panorama actual del tratado en nuestro país. El director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Gonzalo Andrade, fue uno de los partícipes del evento y dio su apreciación sobre el hundimiento de la iniciativa en el órgano legislativo

“La negación y no aceptación del Consejo Gremial Nacional (26 sectores) del Acuerdo de Escazú es de los principales problemas. El Senado de la República y los congresistas tienen una gran responsabilidad en este momento. Ya pasó un año, ya nos dilataron muchísimo las discusiones, entonces yo creo que ahora tienen la responsabilidad con el país y con las comunidades de apoyar, ojalá con el 100%, la ratificación de esta propuesta de ley”, dijo Andrade.

La opinión del académico se dio a raíz de lo dicho por Francisco Lloreda, presidente del Consejo Gremial Nacional, en la primera socialización sobre que “Colombia no necesita el Acuerdo de Escazú”, al argumentar que el país ya cuenta con varias leyes y normas similares a lo que plantea el acuerdo. En ese sentido, Lloreda reiteró que “no es necesario que Colombia haga parte de este tratado internacional” porque según los empresarios, esto podría “obstaculizar proyectos de desarrollo y hasta perderse la soberanía”. 

Es importante mencionar que Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo hecho para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras del medioambiente, haciendo énfasis en los individuos y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Prevenir conflictos, el derecho a la información amplia, eficaz y suficiente, lograr que las decisiones se tomen de manera informada, participativa e inclusiva, mejorar la rendición de cuentas, propender por la buena gobernanza y efectividad en la justicia, son algunos de los objetivos del Acuerdo.

Sandra Vilardy, profesora en el Área de Sostenibilidad de la Universidad de Los Andes y Directora de Parques ‘Como Vamos’, cree que con la ratificación del Acuerdo de Escazú se daría el primer paso para reconocer la “dificultad” con la actual legislación en Colombia para que se les proteja a los líderes ambientales. “Esto sería un primer paso, algo que mejoraría las condiciones normativas. De igual forma sigue siendo muy contradictorio que en el Congreso siga sin ratificarse (el acuerdo) y eso es un ejemplo de la poca importancia que se le da en el ámbito político al asesinato de los líderes ambientales”.

Se realizarán en total cinco jornadas de socialización hasta el 14 de octubre de 2021, fecha en la que se llevará el Acuerdo nuevamente al Congreso para su trámite. Además, los congresistas Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia y Abel David Jaramillo, presentaron una acción de cumplimiento, con el fin de que se radique e impulse lo más pronto posible el proyecto de ley.
“El Acuerdo de Escazú resulta fundamental para la protección ambiental en Colombia. Ese es el camino, no las leyes penales, sino las de protección, participación, democracia y prevención”, concluyó  el senador Valencia. 

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