Superservicios dice no tener competencia para suspender intervención a Essmar
Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, denunció ante la Fiscalía a la agente interventora.
Mientras la Superintendencia de Servicios Públicos dice que no está en la capacidad jurídica de cumplir la orden de suspensión de los efectos de la toma de posesión de la Essmar, ordenada por un Juzgado, la gerente de la entidad estatal fue denunciada penalmente ante la Fiscalía.
La Superservicio debía regresar este 17 de enero la empresa al Distrito, pero no lo hizo al considerar que la orden del juez, excede sus competencias.
Señala que no puede acatar la disposición judicial debido a que según el principio general del derecho “nadie está obligado a lo imposible en acciones de tutela".
Con fundamento en ese principio, la Superservicios argumenta tres razones por las cuales el fallo es jurídicamente imposible de cumplir
Primero, los términos en que está expresado el cumplimiento de la orden de suspender los efectos de la toma de posesión llevarían a la superintendencia a exceder sus competencias y a violar la Constitución y la ley.
Segundo, la orden está sometida a una condición imposible, ya que la resolución de toma de posesión no está ejecutoriada y, mientras no lo esté, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es improcedente.
Tercero, la Superintendencia no es competente para suspender un acto administrativo.
Denuncia en Fiscalía
Mientras esto dice la Superservicios, el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez denunció penalmente ante la Fiscalía a la Superintendente Natasha Avendaño.
Lo hizo argumentando que habría incurrido en falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, prevaricato por acción, abuso de autoridad y acto arbitrario e injusto.
“En cuanto se conoció que el fallo fue favorable a los intereses del pueblo, la agente interventora Natasha Avendaño emprende una estrategia dilatoria para tratar el mantener el control de la Essmar, empresa pública de los samarios, y solicita aclaración del fallo, lo que le permite ganar tiempo para continuar en el cargo y desconocer la decisión de un Juez de la República que obliga a restituir la empresa a los samarios en un plazo no mayor de 48 horas”, denunció Rafael Martínez.
Cabe aclarar que mediante providencia de enero de 2022 el Juzgado Segundo Administrativo resolvió aclaración solicitada por la Superintendente de Servicios públicos.
"Esto evidencia que la funcionaria mintió dentro del proceso de tutela ocultando información al despacho dentro del informe solicitado, al omitir informar que se adelantaba recurso de reposición en contra del acto administrativo que ordenó la intervención del Essmar para luego con esa omisión pretender crear una nueva circunstancias a efectos de invalidar el fallo", anotó Martínez.
El exalcalde de Santa Marta denunció que el verdadero motivo de la intervención y posterior posesión de la empresa no está fundado en los efectos de la vigilancia ejercida a la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado de la ciudad, sino más bien, "controlar la interventoría a Interaseo y desactivar las investigaciones que se adelantaba en contra de esta empresa".
