Miedo en la Sierra Nevada: crónica de una guerra anunciada
767 personas fueron desplazadas de sus tierras por los enfrentamientos entre Los Pachenca y el Clan del Golfo en la vereda La Secreta.
Eran las 8 o 9 de la mañana del pasado viernes santo cuando se oyeron los primeros fogonazos en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los pavorosos estruendos eran causados por el accionar de armas de largo alcance, pistolas y morteros. Primero se escucharon a lo lejos, desde las zonas más montañosas y ocultas, pero con el pasar de los minutos la lluvia de balas confluyó en un mismo punto: La Secreta, una pequeña vereda de Ciénaga, en la que viven cientos de campesinos dedicados al cultivo de café, mango y aguacate, entre otros.
El pueblo, atizado por los estragos de la guerra y el paramilitarismo desde los años 80, se convirtió en el campo de batalla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachencas, y los integrantes del Clan del Golfo. Pero –por más angustiante que fuera la situación– a una parte de la comunidad no los tomó por sorpresa. El estallido de la guerra por el control de las rutas del narcotráfico estaba cantado desde hace muchas semanas y, según la comunidad, nadie había hecho nada para evitarlo. El Ejército, a pesar de las preocupantes advertencias de los líderes sociales y de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, estaba ausente. Eso sí, los sicarios de ambos bandos cumplieron con su palabra de muerte y se dieron cita para darse bala y que corriera la sangre. Aunque, en realidad, según información de la comunidad, los enfrentamientos ya llevaban algunos días.
Sobre lo que sucedió ese día hay varias versiones. La información varía dependiendo a quien se le pregunte, pero básicamente el escenario más común es que al menos 150 hombres de Los Pachenca, que se encontraban patrullando la vereda La Unión, decidieron ir a cazar a integrantes del Clan del Golfo que se encontraban en La Secreta, zona que por su geografía es codiciada por grupos ilegales para el transporte de drogas ilícitas.
El plomo, que corrió hasta altas horas de la noche, rompió las ventanas y puertas de las casas de los campesinos. Las tiendas, tras la huida despavorida de la angustiada población, fueron saqueadas. Cientos de animales fueron dejados a su merced. Familias enteras se dividieron en el monte por el susto.
Ese viernes –que de santo no tuvo nada– volvió a posarse la maldición de la guerra por las hectáreas de La Secreta, que ya había probado, en los años 90, el amargo sabor de la muerte y el desplazamiento, luego de que entre el 12 y 13 de octubre de 1998 un grupo 100 paramilitares arribó a la zona con lista en mano de las personas que, según ellos, colaboraban con la guerrilla.
Los hombres armados, que pertenecían a las Autodefensas del Palmor, al mando de Adán Rojas, alias El Negro, asesinaron a sangre fría al menos 20 campesinos; sin embargo, antes golpearon y torturaron con piedras y palos a quien hacía parte de sus listas de interés. Debido al horror vivido, según datos del conflicto, alrededor de 90 familias, toda la población de ese entonces, decidieron huir de sus hogares. Los desplazados eran habitantes de las veredas La Secreta, La Unión, Parranda Seca y El Chimborazo. Años después, aproximadamente en 2006, la mayoría de la población retornó a sus parcelas cuando se desmovilizó el Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Pero el deseo de la comunidad, de no volver a repetir las desgracias que propicia la guerra y de tener que dejar todas sus posesiones por proteger su vida, volvió a hacerse añicos. Los pistoleros de Los Pachenca y el Clan del Golfo se persiguieron, en moto y a pie, por las trochas del pueblo sin importar que en el medio del fuego cruzado hubiera niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.
“Me tocó sacar a mis sobrinos corriendo porque los estaban reclutando. No se justifica que desde que hicimos las denuncias no hayamos tenido ayuda del Estado. Mi mamá tiene 68 años, es hipertensa, y la tengo viviendo en una casa de carpa. Me tocó darles medicamento para que se tranquilizaran. Es hora y ellos no han comido. Mis sobrinos los tengo escondidos. En el 91 mi mamá nos decía que nos escondiéramos debajo de las camas por la lluvia de balas y hoy en día sentimos lo mismo. Tenemos temor. Ahora hemos perdido todo nuevamente. Nos han robado todo porque dejamos las casas solas”, explicó en medio de lágrimas un campesino que por motivos de seguridad esta casa editorial prefiere reservar su nombre.
El baño de sangre inocente fue tal que, según las autoridades militares y departamentales, unos sicarios en moto, supuestamente integrantes de Los Pachenca, asesinaron a tres civiles, entre ellos Franklin Caballero Blanco y Víctor Mojica, quienes habían salido a buscar unos animales que pastaban. Los hombres, que según la comunidad eran ajenos a la guerra, tenían menos de 25 años y padecían discapacidades motrices y cognitivas, los ultimaron a bala en una trocha en la falda de la Sierra.
Además, la comunidad dio a conocer la existencia de un tercer cuerpo, facilitando la ubicación exacta al CTI, que, de forma articulada con el Ejército, se trasladó al sitio para la respectiva inspección del cadáver, el cual hasta el cierre de esta edición permanecía sin identificar.
EL HERALDO conoció una serie de videos que por respeto por las familias de las víctimas no publicará, en los que se evidencia cómo decenas de niños junto a sus padres abandonaron a toda prisa el pueblo mientras que por el camino yacían los cuerpos de los hombres asesinados. La gran mayoría de la gente que huyó lo hizo sin poder rescatar mucho de sus pertenencias. Algunos menores estaban descalzos o en ropa interior. Y, como el número de motos no era suficiente para la población local, a muchos les tocó recorrer a pie más de media hora de camino mientras las balas les zumbaban los oídos.
Ya en la Troncal del Caribe, en un punto donde es común observar la venta de grandes manos de mangos, los desplazados empezaron a pedir auxilio y contar sobre lo que estaba sucediendo. Luego arribaron a Ciénaga, donde fueron asistidos humanitariamente por la administración municipal en el coliseo local, pero allí tampoco hubo tregua para ellos.
“Aquí (coliseo) hay infiltrados de esos grupos. Están pendientes de quienes son los que hablamos sobre lo que está sucediendo. Si uno quiere llevarse bien con alguno de ellos también es malo porque el otro grupo dice que uno es colaborador. Es una situación muy fea, muy dolorosa. Yo no sirvo para otra cosa que no sea trabajar en el campo y ahora que estoy aquí (Ciénaga) qué voy a comer si no tengo dinero”, reveló una líder social.
“Lo peor es que sabemos que esto no va a cambiar de un día para otro. En algún momento tendremos que subir y volveremos a estar de frente con esa situación y estaremos de nuevo olvidados por todos. Seguiremos estando en riesgo porque parece que nadie quisiera subir allá y tomar el control”, agregó.
En total, tras varios días de censo, la Defensoría del Pueblo reportó que son 767 personas de 287 núcleos familiares las que han huido arropadas por el miedo. En el grupo hay 30 mujeres en estado de embarazo o madres lactantes, cerca de 300 menores de edad, muchos de los cuales tuvieron que abandonar sus estudios, y 116 personas con enfermedades de base.
Lo anterior fue reconocido por Luis Tete Samper, alcalde de Ciénaga, quien señaló que el miedo por el reclutamiento de menores es tal que dos de ellos se escaparon por el patio de su casa y luego duraron escondidos dos días en fincas cercanas.
“Mucha gente buena ha tenido que huir por culpa de esa gente mala que se aprovecha de nosotros los campesinos. Uno los ve siempre, porque pasan a cada rato por el pueblo y se hacen hasta conocidos, pero es porque no tenemos de otra. ¿Cómo le vamos a hacer frente a tipos que tienen armas y meten tanto miedo? Uno quisiera que se fueran, pero luego lo matan a uno”, indicó Rafael*.
Por otro lado, los campesinos explicaron que los grupos ilegales constantemente los extorsionan con parte del dinero que ganan de los cultivos. Según dos líderes sociales reconocidos de La Secreta, en las últimas cosechas hombres armados exigieron más de $200.000 a los dueños de fincas en la zona. Asimismo, revelaron que constantemente perfilan a los pobladores de las veredas cercanas, amenazan a los docentes e intentan convocar a niños y niñas a que hagan parte de sus fuerzas.
“Esta tragedia también tiene graves implicaciones para el medio ambiente, dado que representa la violencia en la zona afecta a la biodiversidad presente en la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las mayores riquezas naturales y culturales del país”, aseguró Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Debido a lo anterior, la Gobernación del Magdalena y la Policía lanzaron el cartel de los más buscados de estos grupos ilegales. Allí aparecen, entre otros, Edgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 5.7 o 4.9, y Berny José Avendaño Orozco, alias Berny, líderes del Clan del Golfo y Los Pachenca, respectivamente.
Según las autoridades, alias 5.7, exparamilitar de la Casa Castaño, busca retomar el control de la Sierra que tenía en los años 2000, cuando comandó en parte del Magdalena el ejército de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y de Hernán Giraldo Serna o El Patrón. El hombre en mención se escapó de las autoridades en 2021, cuando fue a una cita médica en Montería.
De acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada, entre 1997 y 2010 salieron desplazadas alrededor de 28.268 personas del municipio de Ciénaga.
Cabe recordar que la actual situación fue advertida por la Defensoría del Pueblo desde 2019, cuando se emitió la Alerta Temprana 044 focalizada para Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y la Zona Bananera, cuando las disputas territoriales entre los grupos armados Los Pachenca y el Clan del Golfo eran constantes. Asimismo, se reafirmó el riesgo para las comunidades en el Informe de Seguimiento emitido en noviembre de 2021. Crónica de una guerra anunciada.
En el contexto histórico y social, la situación de inseguridad que vive hoy el territorio ha sido ampliamente discutido por académicos y defensores de Derechos Humanos, quienes a costa de su propia vida, han denunciado de manera sistemática la existencia de un Plan de Ordenamiento Territorial Paramilitar, en la Sierra Nevada, que han denominado POT Paramilitar.
Este se define como un proceso de expansión que tienen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en el que su finalidad es apoderarse de las mejores tierras de la zona amortiguadora Parque Tayrona y Sierra Nevada. Esto, para poder garantizar el lavado de activos.
Una estrategia en la que el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, es punto fundamental.
“De manera progresiva se ha rearmado el paramilitarismo en el Magdalena, reorganizado por algunos desmovilizados que hicieron parte del proceso de Justicia y Paz y cuya guerra ha generado homicidios selectivos en el territorio, fronteras invisibles, amenazas, desplazamientos forzados, extorsión y reclutamiento”, manifestó Norma Vera Salazar.
Por su parte, el antropólogo y analista del conflicto en la Sierra Nevada, Lerber Dimas, aseguró que la falta de presencia del Estado en la zona es aprovechada para el fortalecimiento de los grupos ilegales.
“Estamos frente al inicio de un nuevo ciclo de violencia con consecuencias graves para los derechos humanos y las comunidades que habitan la Sierra Nevada y al respecto, deben tomarse las medidas urgentes que garanticen la presencia, acompañamiento y protección del Estado”, precisó la Defensora de Derechos Humanos Norma Vera Salazar.
El comandante de la Primera División del Ejército, brigadier general Gerardo Melo, anunció el incremento y acompañamiento constante de tropas para garantizar la seguridad en ese sector de la Sierra Nevada. “El puesto de mando del Batallón de Alta Montaña va a permanecer en La Secreta hasta tiempo indeterminado.
En la noche anterior se reforzó con dos pelotones más y se va a hacer una ruta segura para que los campesinos puedan regresar a sus veredas”, informó el oficial. Según Melo, desde el pasado jueves están en la zona dos pelotones adicionales (un total de 200 soldados) en La Secreta, La Unión y los sectores adyacentes a la vía de acceso con el objetivo de retomar el orden.
