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Peritos de la Sijín inspeccionan la escena de un crimen ocurrido recientemente en Santa Marta.
Peritos de la Sijín inspeccionan la escena de un crimen ocurrido recientemente en Santa Marta.
Peritos de la Sijín inspeccionan la escena de un crimen ocurrido recientemente en Santa Marta. Foto: Cortesía

Las nuevas guerras de las Bacrim para expandirse en la Costa

Los siete departamentos registran presencia de grupos armados organizados. Magdalena y Córdoba, con las batallas más sangrientas. 

Los siete departamentos registran presencia de grupos armados organizados. Magdalena y Córdoba, con las batallas más sangrientas. 

Los samarios permanecen atemorizados por una racha de asesinatos; en La Guajira, el miedo es de los indígenas asentados en la Sierra Nevada; en Sucre, el terror se siembra en los municipios costeros del Golfo de Morrosquillo; en Córdoba se recrudecen los asesinatos de líderes y el desplazamiento forzado; el Cesar y Bolívar se ven afectados con las incidencias de grupos armados en los sures de sus respectivos territorios y en Atlántico, el más pequeño de los departamentos, el tráfico de droga va en aumento. 

Este es un panorama actual de la Región Caribe que, pese al control en materia de orden público que ejercen las autoridades militares y de Policía, se ha visto afectada por las nuevas guerras de las bandas criminales o Bacrim que surgieron luego de la desmovilización de las Autodefensas. A estos se les llama también ahora los Grupos Armados Organizados o los ‘GAO’. Además, en escena han entrado las disidencias de las Farc que se negaron a soltar las armas.  

Para expertos se trata de una disputa por territorios con rentas ilegales o que sirven como lugares de almacenamiento o centros logísticos para actividades económicas ilegales. 

Los choques más fuertes, de acuerdo con la fuente, se están presentando en el sur de Córdoba, donde los Caparrapos y disidencias de las Farc desafían la hegemonía del Clan del Golfo. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta, es esta última organización la que busca asumir el control del crimen organizado que está en manos de Los Pachenca, la banda que usa el corredor de La Guajira para sacar droga hasta el mar Caribe. 

En el caso del Atlántico, el investigador Ariel Ávila, experto en temas de seguridad y vinculado a la Fundación Paz y Reconciliación, ya había señalado meses atrás en diálogo con esta casa periodística que en el tema de grupos armados organizados o antiguas Bacrim el Departamento no tenían “un dominio como sí existe en otras zonas de la Región Caribe”. “En Barranquilla y el resto del Departamento sí hay participación de pandillas que son contratadas por esos grupos armados organizados para la comisión de diversos delitos”, anotó.

Sin embargo, el abogado José Humberto Torres, defensor de derechos humanos, alertó a través de este medio de comunicación sobre la existencia de un grupo criminal en la capital del Atlántico con unas características similares al extinto frente José Pablo Díaz de las Autodefensas.

“Esta estructura opera como el frente José Pablo Díaz. Es una organización semejante, pues opera en varios barrios de Barranquilla y en tres municipios del Departamento, similar a como lo hacía este grupo de las AUC. Se dedicaban a la extorsión, microtráfico y homicidios”, expresó Torres.

Este también se refirió al nombre que había tomado el grupo criminal perteneciente a ‘Los Papalópez’: “Bloque Central Renacer”.

“Bloque Central era el nombre de un bloque de las AUC (Bloque Central Bolívar), y renacer también tiene nombre de una estructura de corte paramilitar, por ello vamos a cruzar información para establecer si en el listado de los 31.600 desmovilizados de las AUC está el nombre de algunos de los criminales que hacen parte de este grupo”, explicó el abogado.

Es evidente que la razón de ser de las Bacrim está ligada al narcotráfico y a la dinámica del negocio. La Defensoría del Pueblo advirtió en su momento que estas estructuras criminales tenían presencia en 27 de los 32 departamentos del país, aunque para muchos no hay rincón del territorio nacional en donde las banderas de estos grupos no dejan de ondearse. 

‘Los Pachenca’, dueños de la Sierra Nevada

La muerte del jefe de ‘Los Pachenca’  Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho’ Mercancía y de su lugarteniente Mario Giraldo (el 17 de junio) y las capturas de John Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’ (19 de mayo) y de Alba Nery Rodríguez o ‘Gaviota’, (4  de junio) compañera sentimental del abatido cabecilla, debilitaron las fuerzas de esta banda criminal y le abrieron el camino al ‘Clan del Golfo’  para adueñarse del poder territorial  en la Sierra Nevada de Santa Marta y de la ruta del narcotráfico.

Los ajustes de cuentas en plena vía pública de Santa Marta sucedidos a raíz de estos hechos y que  dejaron en los últimos 15 días  cinco muertos (4 del Clan del Golfo), tiene en  zozobra a la ciudadanía que  no quiere revivir la guerra que entre 1970 y 1989  protagonizaron las familias Cárdenas y Valdeblánquez, motivada por la defensa del honor de una mujer.  Esta disputa dejó alrededor de 200 muertos, algunas de víctimas colaterales como transeúntes alcanzados por balas perdidas.

Con el secuestro de la empresaria bananera Melisa Martínez el 17 de diciembre del 2018, una extensión de paramilitares pretendía tener también control sobre la Sierra Nevada, pero fueron desarticulados por ‘Los Pachenca’. Eran los del ‘Clan Rojas’, quienes querían generar una renta mayor con la extorsión y el secuestro.  Su líder Rigoberto Rojas y 14 personas más, fueron capturados en la operación de rescate de la empresaria bananera ocurrido 115 días después.

Pero fueron los asesinatos de la líder social Maritza Quiroz Leiva, en la vereda San Isidro, y del guardabosques del Parque Sierra Nevada Wilton Fauder Orrego León, en el sector de Perico Aguao, el 6 y 16 de enero pasado, respectivamente, los hechos que encendieron las alarmas sobre el terror generado por  ‘Los Pachenca’, determinada  como la única organización ilegal asentada en el territorio.

‘Los Pachenca’ delinquen desde Minca hasta Mingueo, en La Guajira. Se pasean por veredas y caseríos que en otrora eran reductos de Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón de la Sierra’, tales como,  ‘Machete Pelao’ (donde fue abatido el líder), ‘Quebrada del Sol’, ‘Filo Seco’, ’Miramar’, ‘La Aguacatera’, ‘El Orinoco’, ‘Los Linderos’, ‘Marquetalia’, ‘Transjordania’, ‘Páramo de San isidro’, ‘La Estrella’, ‘Girocasaca’ y ‘Puerto Nuevo’.

Su estructura criminal consta de al menos 150 hombres en armas y otra red criminal de pequeños grupos, integrada por aproximadamente 400 personas.

Existen dos cabecillas principales: Deimer Patiño Alias ‘80’ y alias Barbas o Leandro. Además, tres cabecillas de segundo nivel: alias Marcos, alias El Ojón y alias El Turco. 

El grupo está integrado por exmiembros de organizaciones criminales, algunos de Hernán Giraldo Serna. Es la única organización tipo ‘B’, que existe en la Sierra Nevada, es decir, aquella en donde pueden derivar la mayoría de reinsertados.

Entre las actividades ilícitas que realizan están la utilización de delincuentes comunes para efectuar homicidios, extorsión a finqueros, bananeros, hoteleros y empresarios del turismo, así como a comerciantes de la región.

Realizan inteligencia  delictiva a través de fachadas (puestos de minutos celulares, mototaxistas, entre otros); intimidación a pobladores de la región, control al comercio de combustible ilegal y a cultivos ilícitos, así como actividades relacionadas con el narcotráfico.

Con la muerte del cabecilla Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Mercancía’, de Mario Giraldo, a quien habrían postulado como su sucesor y la captura de John Rafael Salazar Salcedo, alias ’Flash’, el segundo al mando en la estructura jerárquica, el liderazgo lo asumiría Deimer Patiño Giraldo, alias ‘80’, quien según las investigaciones judiciales, fue la persona que entregó a la Policía toda la información para neutralizar a ‘Chucho Mercancía’ y a su más importante lugarteniente.

La Guajira: pueblos indígenas en riesgo

El año pasado y debido a amenazas de grupos armados, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por los posibles riesgos a los que están expuestos los pueblos indígenas y las comunidades ubicadas el municipio de Dibulla en La Guajira.

Según la información del organismo, el grupo que representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado Los Pachencas, conformado, según la Defensoría,  por reductos de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia que actuaban en la región bajo las órdenes de Hernán Giraldo Serna.

Las comunidades en riesgo son los indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos que se asientan en la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta.   En junio de este año circuló un panfleto  en los corregimiento de Palomino y Mingueo del municipio de Dibulla, en el cual se anunció un paro armado de 72 horas por el operativo en el que se dio de baja a Jesús María Aguirre alias 'Chucho Mercancía' y Mario Giraldo, alias ‘Mario’, líderes de la estructura delincuencial de Los Pachenca.

A pesar que las autoridades lo desmintieron, el comercio cerró y hubo temor entre la población durante varios días.

A pesar de esto, el personal de inteligencia e investigación criminal de La Guajira afirma que en La Guajira no operan bandas criminales. 

Mantenemos al margen las disputas en Catatumbo y Sur de Bolívar: Policía del Cesar

Aunque el Cesar es un corredor entre los puertos del Caribe y el interior del país, y limita por el sur con la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde se intensificó hasta el año pasado una disputa territorial entre el ELN y Los Pelusos por los cultivos de coca y el narcotráfico, las autoridades en este departamento aseguran que no existe el establecimiento de bandas criminales, ni de otros grupos en el territorio, así como tampoco vendettas, ni confrontación armada.

“No tenemos bandas criminales en el Cesar, lo que si hemos tenido son personas dedicadas a delincuencia común y las hemos estructuradas para generar capturas y resultados judiciales contundentes, pero en cuanto a bandas criminales en este departamento no tenemos establecidas hasta el momento. Hay incidencia de grupos que afectan Catatumbo y Sur de Bolívar, pero no tenemos establecidas una guerra territorial entre ellas, hasta ahora con el despliegue de todas las instituciones lo hemos mantenido al margen”, indicó el coronel Fredy Delgado, comandante operativo de la Policía en esta jurisdicción del país.

El Catatumbo tiene como municipios cercanos al Cesar, Ocaña, El Carmen y Teorama, donde se han presentado situaciones de orden público, como un paro armado el año pasado del ELN y Los Pelusos, que generó temor entre los habitantes de González, localidad limítrofe del Cesar con esa zona.

Por los lados del sur de Bolívar, el territorio cesarense también es cercano a los municipios de San Pablo, Santa Rosa Sur y Simití, donde después de la desmovilización de las Farc y su dejación de armas, la disputa territorial entre el ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del ELN, se ha intensificado por la minería y los cultivos de coca.

Afectación en el Golfo de Morrosquillo

En el departamento de Sucre, y así lo ratificó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en su visita de hace dos semanas a este territorio, lo que opera es el Clan del Golfo.

A diferencia de otros territorios del país en el que sus actuaciones tienen en alerta permanente a las autoridades y a la ciudadanía, en Sucre su accionar no es tan violento aunque a esta organización armada ilegal le atribuyen homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes, incluso desde cuando se hacían llamar ‘los Urabeños’ y asesinaron a empleados de la empresa de chance porque sus propietarios no accedieron a sus peticiones extorsivas.

Su presencia es a través de la llamada subestructura Héroes del Caribe que debido a los golpes de la Policía, Infantería y Fiscalía, con sus capturas, ha tenido un constante relevo en su dirección en los dos últimos años.

Javier Pérez Vidal, alias ‘el Lobo’, es considerado el jefe de esta organización, pero está privado de la libertad junto con varios de sus familiares desde el año 2017. En el presente mes se le vencieron los términos en los cuatro procesos por los que está preso en Cómbita (Boyacá), pero aún así no ha salido libre.

La presencia de los miembros del Clan del Golfo se siente con mayor fuerza en los municipios costeros del Golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas y San Onofre, y es en este último donde por cuenta de su presencia se han incrementado los homicidios y hay temor y zozobra entre la ciudadanía, situación que fue incluida por la Defensoría del Pueblo en una Alerta Temprana que desde hace un año rige en este municipio y sigue vigente.

Los defensores de Derechos Humanos hablan de una “reparamilitarización en San Onofre”.

Coveñas es otro municipio que se ve afectado con el accionar del Clan del Golfo que opera no solo en Sucre sino también en Córdoba, pues por los límites con este, en especial con el municipio de San Antero, se registran hechos delictivos, entre esos crímenes de sus propios integrantes.

En los municipios del San Jorge y la Mojana, al sur del departamento de Sucre, también hacen presencia y sus actuaciones se concentran, especialmente, en el tráfico de estupefacientes y en las extorsiones a ganaderos y agricultores.

No hay, de momento, identificado un cabecilla y las informaciones de inteligencia dan cuenta que cada vez que son impactados se relevan.

‘Clan del Golfo’, después de los paras

Por un lado se encuentra la banda criminal ‘Clan del Golfo, un grupo conformado luego de la desmovilización de los grupos paramiliares, pues un gran porcentaje de sus miembros se revelaron como disidentes de los acuerdos sostenidos entre el Gobierno Nacional y los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Este grupo ilegal conocido también como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, está presente en más de una veintena de departamentos del país y liderado por Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de $3.000 mil millones de pesos por información que permita su captura.

Los investigadores de la Policía Nacional han podido establecer que el ‘Clan del Golfo’ se ha instalado en las zonas urbanas y periféricas de los municipios desde donde coordinan labores de extorsión, transporte y envío de droga al exterior y la administración de las ollas microtráfico en las urbes.

Las diferencias entre alias ‘Otoniel’  y  varios de sus lugartenientes propiciaron la separación de varios miembros de este grupo al margen de la ley, lo que dio paso a la creación de la banda criminal conocida como ‘los Caparros’ o ‘Caparrapos’, actualmente asentados en las zonas de montaña cercanas al Nudo de Paramillo, al sur de Córdoba, desde donde coordinan constantes incursiones armadas.

Como cabecilla de la naciente banda criminal, las autoridades reconocen a Claudio Alonso Maturana Hurtado, alias ‘Cristian’, quien hasta hace varios años fue miembro del ‘Clan del Golfo’ pero que por diferencias con sus superiores decidió independizarse en el negocio del narcotráfico.

Rápidamente el naciente grupo se expandió por las poblaciones del Bajo Cauca, en Antioquia; y también se comenzaron a percibir acciones en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Para el caso puntual de Córdoba este grupo sería coordinado por alias ‘Caín’.

Por alias ‘Cristian’ se frecen hasta $280 millones de pesos de recompensa.

Desde inicios de este año en San José de Uré comenzaron a aparecer paredes y negocios pintados con grafitis alusivos al ‘Bloque Virgilio Peralta Arenas’, BVPB, de ‘los Caparros’, quienes además divulgaron panfletos en los que dirigían amenazas en contra de la población civil, líderes sociales y miembros de bandas criminales rivales.

‘Los Caparros’ se refuerzan en el territorio con otro grupo surgido de una separación, como es el caso de las disidencias del frente 18 de las Farc, integrando por alrededor de 300 exguerrilleros se abstuvieron de cumplir con los acuerdos de paz firmados en La Habana y decidieron continuar con los negocios ilegales. Una situación que ha sido expuesta por este medio, en el reportaje ‘Hasta que la hoja de coca los separe’, publicado el 14 de enero de este año.

El autodenominado ‘Nuevo Frente 18’, estaría siendo liderado por alias ‘Cabuyo’, alias ‘Ramiro’, y alias ‘Segundo’, exguerrilleros que ahora trabajan en alianza con antiguos enemigos paramilitares.

Córdoba: asesinatos de líderes y desplazamiento forzado

La guerra desatada entre los grupos al margen de la ley han desencadenado una oleada de asesinatos y desplazamientos especialmente en los municipios del sur del departamento.

Sin lengua, sin uñas y con 32 heridas de arma blanca fue hallado el cadáver de José Yilmer Cartagena, vicepresidente de Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, una organización conformada por jornaleros dedicados a la generación de desarrollo y empoderamiento en el territorio en Córdoba.

El 10 de enero del 2017, según los reportes de las autoridades, el cuerpo fue hallado en el corregimiento de Zaiza, perteneciente al municipio de Tierralta, en la zona del Alto Sinú, en límites con el municipio de Carepa, jurisdicción de Antioquia.

Ya para esa época José Yilmer, con apenas 29 años, estaba lejos de ser el primer líder asesinado y aún mucho más lejos ser el último, pues centenares de sus colegas han perecido en similares circunstancias hasta la fecha, sin que hasta el momento se conozcan los responsables de sus muertes.

El sepelio del joven campesino fue igual de temerario que su muerte, pues mientras familiares y amigos elevaban los rezos por su eterno descanso, fueron interrumpidos por hombres, aparentemente integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que vociferaron amenazas de muerte contra otros 11 líderes más que habían asistido para darle el ultimo adiós a su compañero.

Este hecho intimidatorio, que incluso fue denunciado en su momento por EL HERALDO, en su edición del 18 de enero del 2017, se registró en la vereda El Llano, perteneciente a  Tierralta. Lugar escogido por los dolientes para realizar el sepelio de José Yilmer Cartagena.

Córdoba es uno de los departamentos con más registros de asesinatos a líderes sociales en el país. Con base de los registros publicados por la fundación social Cordoberxia, tan solo en los últimos tres años han asesinado más de 30 líderes sociales.

El accionar de los grupos al margen de la ley ha desatado una serie de enfrentamientos a sangre y fuego en los territorios de Córdoba, donde el Centro de Estudio Políticos y Socioculturales del Caribe, CEPSCA, en los primeros cinco meses de este año ha detectado un incremento de los asesinatos en comparación con las muertes registradas para el año pasado en el mismo periodo.

Con base en la citada organización, desde el mes de enero hasta mayo del año pasado ocurrieron 13 muertes violentas mientras que en ese mismo periodo este 2019 fueron asesinadas 26 personas, en diferentes circunstancias.

El mayor número de muertes se registran en los municipios de Ciénaga de Oro, Montería, Lorica y San José de Uré, precisamente esta última localidad es la que, según la Defensoría del Pueblo, más muertes de líderes acumula en su territorio, con al menos 14 víctimas mortales.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos que hacen presencia en Córdoba aseguran que desde la firma de los acuerdos de paz en La Habana, en el departamento de Córdoba han sido asesinados 15 beneficiarios del Programa de Sustitución Integral de los Cultivos Ilícitos, Pnis.

El derramamiento de sangre y las continuas intimidaciones por parte de los grupo armados han desencadenado nuevos hechos de desplazamiento, puntualmente en los municipios de Tierralta y Puerto Libertador, donde en los meses de marzo y abril la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, denunció el desplazamiento de más de 900 familias en ambas localidades,  sin que hasta el momento las autoridades expidan las garantías formales para el retorno.

El sur de Córdoba, colindante con  el departamento de Antioquia, las autoridades han detectado la presencia de tres grupos armados organizados que básicamente con los encargados de ejecutar los hechos de sangre y de impulsar la siembra de hoja de coca, la extorsión, la minería, entre otras labores que atentan contra el medioambiente y el orden público.

La banda criminal ‘Clan del Golfo’, ‘los Caparrapos’ o ‘Caparros’, y las disidencias del frente 18 de las Farc, autodenominadas ‘Nuevo Frente 18’ son los actores criminales que operan específicamente en esta región del país, en donde voces como la de la senadora cordobesa Victoria Sandino ha denunciado el accionar de algunos de estos grupos con castas políticas locales como en su momento lo hicieron los paramilitares.

Con base en los informes de la Policía Nacional y el Ejército se ha podido establecer que la banda del ‘Clan del Golfo’ hace presencia en todo el departamento, mientras que ‘los Caparros’ y ‘Nuevo Frente 18’, que trabajan en alianza, ejercen una mayor presión desde los municipios del sur de Córdoba.

Las localidades que conforman el sur de Córdoba son Tierralta y Valencia, en la subregión del Alto Sinú; y las poblaciones de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Buenavista, La Apartada, Ayapel, y Pueblo Nuevo, en la subregión del Alto San Jorge.

Medidas de las autoridades

Como una medida de control, desde la Presidencia de la República se ordenó la creación de la fuerza de tarea Aquiles, del Ejército Nacional, que hace presencia en la zona del Urabá, Bajo Cauca, y sur de Córdoba, encabeza del general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército. Según los reportes entregados en los últimos meses han sido neutralizadas 709 minas antipersona y artefactos explosivos, que habían sido instalados por grupos armados organizados con el único objetivo de atentar y afectar a la población civil.

De igual manera los militares han logrado desmantelar 10 campamentos y se han erradicados más de 6 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Con relación a la minería ilegal, las autoridades han reportado el decomiso de maquinaria utilizadas para la explotación ilícita y más de 300 personas capturadas integrantes de diferentes grupos armados. La difícil situación de orden público y las constantes incursiones armadas han llevado a las autoridades a reforzar el pie de fuerza en la zona sur de Córdoba con la llegada de 400 nuevos hombres de la Policía, 300 del Ejército y alrededor de 12 fiscales que conforman dos grupos elites dedicados a la investigación y a seguirles el rastro a los cabecillas y miembros de estos grupo al margen de la ley.

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