La situación en el departamento de La Guajira es altamente compleja. Desde finales del año 2023 en adelante, las confrontaciones en combates por parte de los comúnmente llamados Clan del Golfo y los Pachencas se han intensificado y mantienen confinadas a las comunidades indígenas wiwas y koguis, asentadas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un triángulo fronterizo entre los municipios de Dibulla, San Juan del Cesar y Valledupar, incluyendo una parte de Riohacha.
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EL HERALDO logró conocer que son más de 400 paramilitares los que desarrollan esta guerra que tiene como joya de la corona el tan codiciado macizo montañoso, clave para el control de las rutas de narcotráfico y un fuerte complejo natural que los mantiene en el anonimato de las autoridades colombianas. Pero lo que más asombra no es el número de combatientes, sino la crueldad de los mismos, con la utilización de cualquier tipo de armamentos, como drones, cilindros bomba y de armas no convencionales, es decir, prohibidas o restringidas por tratados internacionales, lo que expone en mayor medida a los pueblos nativos.
El más reciente suceso se registró el 24 de junio del presente año, cuando aproximadamente a las 8:00 de la mañana se presentaron enfrentamientos entre los grupos armados en el Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, en las cuencas de los ríos Ranchería y Marokazo y el cerro de Shelarrúa, en límites geográficos de los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar, La Guajira, donde habitan las comunidades wiwa de La Laguna-Guachirimake, La Mukura, Goamaka, Marokazo, Sabana de Joaquina y Siminke.
Los enfrentamientos se mantuvieron hasta las 6:50 de la tarde, reiniciaron el 25 y continuaron hasta el 27, afectando a las comunidades de Limoncito y La Rinconada, entre otras.
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Durante estos combates hubo varios heridos de ambos bandos y fue asesinado Eduardo Giraldo Márquez, alias 18 o ‘Comando 18’, oriundo del corregimiento de Guachaca (Magdalena), hombre de confianza de alias ‘Patiliso’, importante cabecilla en el orden jerárquico del organigrama del grupo armado ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’ (ACSN). Además era uno de los hijos menores del excapo paramilitar, Hernán Giraldo Serna, alias ‘el Taladro’ o ‘Señor de la Sierra’ y hermano de Mario Giraldo Márquez, abatido en el año 2019 junto a alias ‘Chucho Mercancía’, máximo cabecilla de la organización en ese momento.
Como daño colateral se mantiene, y sin tener a donde ir por el peligro ambulante, están al menos 400 familias de las comunidades wiwa de Goamaka, La Mukura, La Laguna, Siminke, La Rinconada, Sabanas de Joaquina, Marokazo, Limón – Carrizal, Kunshámake y Naranjal. De ellas, 20 se vieron forzadas al desplazamiento, según informaron las organizaciones firmantes, acompañantes del Pueblo wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Otra de las situaciones que agrava el asunto es el difícil acceso a la zona, pues desde el perímetro urbano de Dibulla hasta las partes altas donde se está viviendo el conflicto, caminando son de 12 a 14 horas, comentan indígenas que no dan muchos detalles por miedo a su seguridad.
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La geografía les facilita a los grupos armados cruzar jurisdicciones entre los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar, sin ser rastreados por las autoridades, por lo que en este territorio la ley la impone el más fuerte, fuera del alcance del Estado.
Misión médica
Ante la situación de emergencia y el desconocimiento de las autoridades por el estado en el que se encuentran las comunidades indígenas, la Organización de las Naciones Unidas-ONU, organizó una misión médica para ingresar a la zona de conflicto y brindar soluciones a los afectados.
Sin embargo, según le dijo el director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, Lerber Dimas Vásquez, a EL HERALDO, dicha intención no se logró concretar debido a que los actores armados que están disputándose el territorio no lo permitieron.
“La ONU alertó hace algunos meses sobre el exterminio de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada. Esto se debe a una serie de denuncias que se han recibido en las que detallan que los indígenas los han obligado a bajar enfermos, heridos, subir víveres, han usado sus mulas, se les meten a su territorio”, explicó.
Por otro lado, agregó que la situación es muy grave y que también han advertido a los indígenas que no deben salir de sus comunidades y amenazan con consecuencias a quienes salgan, pues los acusan de informantes.
¿El Estado espectador?
En consultas realizadas por este medio, se conoció que tropas del Batallón Cartagena del Ejército Nacional pernoctan en los alrededores de la comunidad del Limón, una de las zonas donde se han registrado enfrentamientos, pero sin intervención alguna.
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Por su parte, ante el río de sangre que deja la guerra entre las mencionadas estructuras criminales, el Gobierno nacional decidió reconocer como negociador en el proceso de ‘Paz Total’ en una resolución con fecha del 25 de junio, al que según la Policía es el principal cabecilla de los Pachencas: Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, solicitado en extradición por Estados Unidos y desmovilizado del Bloque Tayrona de las AUC. Es señalado además como el responsable de homicidios selectivos, extorsiones y operaciones de narcotráfico desde la fachada de la organización criminal de la que busca ser vocero. Aunque se acogió a la Ley de Justicia y Paz, las autoridades aseguran que nunca dejó de delinquir.
El prontuario de ‘Pinocho’ es extenso, pues fue extraditado a Estados Unidos en el año 2008, pero tras cumplir su condena regresó a Colombia en 2011 y pregonaba ser líder social. Luego salió del país por amenazas de muerte y en el 2022 fue capturado en España y extraditado a su país de origen, pero un juez en Barranquilla ordenó su liberación un año después. En julio de 2023 fue emitida una orden para recapturarlo, aunque hasta ahora permanece libre en la Sierra Nevada.
De igual manera, su hermano, Carmen Evelio Castillo, alias ‘Muñeca’, figura como representante de la organización en las negociaciones de paz. Ambos están requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas por tráfico de cocaína, según las autoridades norteamericanas.
Otros hechos recientes
El 25 de mayo de 2025, en la zona urbana del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a Juan Nieves Daza, joven wiwa de 16 años, oriundo de la comunidad de Potrerito. Sus padres se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
Por otro lado, el 30 de mayo, en la parte alta del río Badillo, en jurisdicción del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, tres hombres fuertemente armados, presuntamente pertenecientes al Clan del Golfo, ingresaron a la vivienda de una familia wiwa en la comunidad de Manduwathukua y se llevaron por la fuerza a un menor de 15 años, pese a los intentos de su familia por impedirlo.
En los últimos meses el reclutamiento forzado de menores indígenas se ha incrementado significativamente, por lo que urge la adopción de una estrategia integral de atención.
De igual manera, el 9 de junio, desde tempranas horas de la madrugada, en inmediaciones de las cuencas de los ríos Ranchería y Tapia, se presentaron combates que afectaron a las comunidades wiwa de El Limón, La Laguna, Guamaka, Múcura, La Cueva y Wikunke-Naranjal y las comunidades kogui de Parquecito y Mamarongo, los combates se prolongaron hasta el 10 por la mañana.
Finalmente, el sábado 21 de junio la Defensoría del Pueblo Regional La Guajira, informó sobre un posible nuevo enfrentamiento entre los Conquistadores de la Sierra y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Antecedentes
Con el pasar de los años, el conflicto se agrava más, sin embargo, para recordar las situaciones más sensibles, hay que remontarse al año 2023, exactamente al 25 de febrero, cuando después de varios días de enfrentamientos entre los Pachencas y el Clan del Golfo, la comunidad de Limón de Carrizal inició el desplazamiento forzado hasta Riohacha.
Posteriormente, aunque muchas familias se quedaron confinadas por el recrudecimiento de los enfrentamientos, aproximadamente 800 wiwas se vieron forzados a desplazarse hacia los cascos urbanos de la capital de La Guajira y el municipio de San Juan del Cesar, donde permanecieron, alrededor de seis meses en precarias condiciones de hacinamiento, falta de alimentación y agua potable.
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En agosto de 2024, aunque los indígenas advirtieron a las autoridades que no existían las mínimas condiciones de seguridad para el retorno al territorio ancestral, 103 familias emprendieron viaje hacia las comunidades de El Limón, Konshamake y Las Nubes. Pero el 11 de septiembre, presuntamente, integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada incursionaron violentamente contra las comunidades de Limón y Carrizal.
Los enfrentamientos y otros graves hechos ocurren en un contexto de escalamiento progresivo de las vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como ha sido advertido y denunciado de manera sistemática desde 2023.
