“Permaneceré hasta que la ley me lo permita”: Rafael Castillo

Sr. Director:

En la edición de hoy (ayer) del diario que usted dirige, la ministra de Educación, en esta ocasión a través de su viceministra, Natalia Ariza, insiste en sindicarme de forma superficial e irresponsable de una serie de cargos infundados, que van desde una supuesta tolerancia mía a la presencia en la Universidad de organizaciones guerrilleras, hasta la supuesta adjudicación de contratos a personas inhabilitadas. Ninguno de esos cargos es cierto.

Solicito muy respetuosamente a la señora ministra se abstenga de continuar lanzando este tipo de acusaciones hasta tanto no concluyan las investigaciones que ella misma abrió, y se hayan surtido las distintas instancias procesales que nuestro estado de derecho prevé para garantizar el debido proceso a sus ciudadanos. No le queda bien a la ministra dar mal ejemplo en esta delicada materia.

Una vez más debo recordarle con todo comedimiento a la ministra que mi encargo como rector fue fruto de un amplio consenso, en el que participó el propio Ministerio, con el fin de que me ocupase de las responsabilidades inherentes a ese cargo hasta tanto se escogiese y posesionase un nuevo rector en propiedad. En ningún momento se me dijo, como ella lo ha afirmado, que por ostentar esa condición no podía aspirar a la rectoría, cuando bien pudieron haberlo hecho, caso en el cual, o yo no habría aspirado o no habría aceptado el encargo para poder hacerlo. Así de sencillo.

Pero no ocurrió así, y ahora la ministra quiere cambiar las reglas del juego, y para quitarme del camino ha orquestado una campaña de “matoneo” mediático con la que pretende desprestigiarme ante la opinión y ante los propios miembros del consejo, algunos de los cuales han salido a repetir como loros sus distorsiones y sus infundios.

Se equivocan entonces quienes estiman que la solución a lo que han llamado la actual crisis de la Universidad, que no es más que la crisis al interior de su Consejo Directivo, sería mi retiro de la rectoría antes de que el Consejo escoja legalmente a un rector en propiedad. Si creyese que de esa forma se arreglaban los problemas de la universidad, que admito son muchos y muy importantes, y no propiamente imputables a mi gestión, no tendría ningún inconveniente en retirarme. Pero la realidad es otra. Cambiar al rector encargado por otro rector encargado lejos de arreglar sus problemas, lo que haría es empeorarlos. Ya la universidad pasó por eso hace un tiempo y le fue muy mal con tanta e irresponsable interinidad.

¿Por qué? Porque someter la continuidad de un rector, encargado o en propiedad, a las veleidades de circunstanciales mayorías de su Consejo Superior es sin duda el mejor camino para hundir la universidad en el caos. Con los mismos y deleznables argumentos con los que hoy pretender retirarme, después de haberme seleccionado mayoritariamente, mañana unas nuevas mayorías podrían retirar a mi eventual sucesor en el encargo, y así sucesivamente. Eso nunca ha sido serio, y riñe a todas luces con las más elementales prácticas administrativas.

Mientras la justicia no se pronuncie y levante la suspensión legal del proceso de selección del nuevo rector en propiedad, y éste no se haya escogido y posesionado legítimamente, cualquier solución distinta y con mayor razón si es atropelladora, será dañina para la universidad. Por ello permaneceré al frente de esta institución hasta tanto la ley me lo permita, para cumplir así de manera responsable con mi deber.