La ejecución de un contrato de seguridad en 2015 en la Universidad del Atlántico, y el proceso de selección de empresa para el 2016, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, la cual abrió una investigación preliminar el 20 de abril por presuntas irregularidades.
El proceso de indagación, que fue asignado el 20 de abril al fiscal 17 de administración pública en Barranquilla (Luis Omar Padilla), comenzó tras la denuncia interpuesta el 12 de abril por Marcos Antonio Guzmán Bettin, especialista en administración de la seguridad, magíster en seguridad pública y quien estuvo encargado de la esta misma área de la universidad durante la administración de la exrectora Ana Sofía Mesa. Actualmente, Guzmán es profesional del departamento de Servicios Generales de la UA.
Además, el otrora encargado de la seguridad alertó de estas prácticas al Consejo Superior de la universidad y a la Procuraduría General de la Nación. Así como a la rectora encargada, Rafaela Vos Obeso, desde el 11 de marzo pasado.
LO DETECTADO
El oficio redactado por el funcionario dio conocer a algunas 'irregularidades en la ejecución del contrato número 000018 del 9 de abril de 2015, correspondiente a la prestación del servicio de seguridad por parte de la compañía Delthac 1 Seguridad Ltda.', representada por Pedro Sánchez Angarita. Al momento de suscribir ese convenio, la UA estaba a cargo del rector (e) Rafael Castillo.
El trabajador de la universidad advierte lo que, a su parecer, es un sobrecosto en el otrosí de dicho contrato, por el cual se extendió la contratación por tres meses más: enero, febrero y marzo de 2016.
Marcos Guzmán presume que hay un 'incremento exagerado', porque, según él, el gasto de seguridad en el mismo periodo de 2015 (enero, febrero y marzo) fue de $591.239.077, de los cuales $120.416.511 fueron trasladados del presupuesto disponible del 2014, tras un recorte de gasto ordenado por la administración de Rafael Castillo. 'Es decir, el otrosí para esa fecha fue de $470.822.566. Pero en 2016 se elaboró un otrosí por $829.958.529, se incrementó el gasto en $359.135.963, un 76% aproximadamente', señaló.
Además de este supuesto hallazgo, el exjefe de seguridad dice a la Fiscalía que en la ejecución del contrato de vigilancia durante todo 2015 la empresa facturó 'servicios que no fueron prestados', que superan los $1.000 millones, según sus cuentas, las mismas en las que asegura que por el año de contrato la universidad pagaría unos $3.300 millones.
'La actual administración conocía que esto estaba pasando, y ningún funcionario competente o involucrado en el proceso denunció, a pesar de que las planillas de control reposaban en la central de monitoreo y la oficina de servicios generales. Nos tocaría confiar en el sistema judicial para recuperarlo (el dinero) y que establezcan las responsabilidades del caso', comentó en el escrito.
Aseguró tener como pruebas de los 'servicios no prestados' las planillas de control, en las que evidenció a la Fiscalía que 'durante este periodo la compañía de seguridad dejó de prestar un promedio de 11 puestos de vigilancia, que a un costo de 8,8 salarios daría $70 millones por mes, y unos 210 millones en el trimestre'. 'Esa platica se puede recuperar si aún no han pagado las facturas', avisó el funcionario.
Pero el análisis de Guzmán Bettin también se extiende al proceso mediante el cual la actual rectora (e), Rafaela Vos Obeso, autorizó nuevamente la contratación de Delthac 1 como prestador del servicio de vigilancia en la institución, por el cual denunció el delito de interés indebido de contratos.
Informó sobre un supuesto direccionamiento de los pliegos para seleccionar a la misma compañía, con 'algunas prácticas de corrupción, muy sutiles, casi indetectables', de lo que señaló a la jefa del departamento de Bienes y Suministro, Daimi Lindo; y a la de la oficina Jurídica, Fanny Bayona. Para respaldar lo dicho, el exjefe explicó que universidades como la Nacional, la de Antioquia y Tolima, entre otras, así como Fiscalía y Contraloría, cuando contratan los servicios de seguridad requieren que el proponente tenga un índice de liquidez del 1,5 %.
Sin embargo – aseguró – en la Universidad del Atlántico lo elevaron a un 3 %, cuando, según él, en los últimos ocho años la institución había mantenido el porcentaje del 1,5 como requisito del proceso de contratación. 'Esta exigencia permitió que tan solo una empresa se haya presentado al proceso el año pasado. No garantiza la pluralidad de oferentes', agregó.
A RENDIR INFORME
El gobernador Eduardo Verano De la Rosa, quien preside el Consejo Superior (CS) de la Uniatlántico, aseguró que este órgano de dirección de la universidad pidió un informe a la rectora (e) para que responda por los mencionados señalamientos. Tal explicación tendría que ser dada este jueves, cuando sesione el CS, a las 9:00 de la mañana, en la Gobernación.
EL HERALDO contactó a la rectora (e) Vos, y solo respondió que la oficina Jurídica de la UA está preparando un pronunciamiento sobre la denuncia de Marcos Guzmán.
