El Heraldo
La Guajira

Rechazan propuesta de batallón militar para parques eólicos en La Guajira

Diversos sectores han manifestado su inconformidad con esta propuesta que fue dada a conocer por el gobernador Nemesio Roys Garzón.

Diversos sectores de La Guajira se han mostrado en desacuerdo con la propuesta que dio a conocer el gobernador, Nemesio Roys Garzón, sobre la conformación de un batallón especial de vigilancia para resguardar la seguridad de los parques eólicos que ya comenzaron a construirse en este territorio.

Cesar Arismendi, quien hace parte de la veeduría de la Sentencia T-302 que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, aseguró que “proteger de manera estricta a las empresas privadas y a sus inversiones en un departamento que se mantiene en un estado de cosas inconstitucional, es un total despropósito, ya que es poner el monopolio que tiene el Estado en el uso de las armas y sus instrumentos de persuasión al servicio del interés particular”.

Calificó la propuesta de absurda y dijo que esta idea no es propia del gobierno departamental, sino del nacional “que insiste en la creación de una narrativa esperanzadora de la energía limpia y que no quiere participar de los ruidos de sables y fusiles que muestra la dimensión del rostro gélido y sucio de estas iniciativas medioambientales”.

Arismendi agrega que “la creación de un batallón militar al servicio de las centrales de energía eólica, es un acto de discriminación étnica y propio de un racismo medioambiental que limitan las voces y los desacuerdos que provienen del desierto, decisión que tendrá sus repercusiones en los costos propio de la responsabilidad social empresarial”. 

El antropólogo wayuu y exgobernador, Weildler Guerra Curvelo, rechazó la propuesta y expresó que “el diálogo, los derechos y la justicia ambiental deben ser criterios orientadores. ¿Quién entonces va a proteger los derechos de las comunidades indígenas afectadas por estos grandes proyectos de energía eólica? ¿Está primero cuidar la inversión extranjera?”.

También se pronunciaron algunos ciudadanos como Henry Peñalver, quien indicó que “desde el proceso de consultas previas donde al wayuu lo engañan con miserias, siguieron con la creación de la ley 2099 del 10 de julio del 2021 donde hablan de la expropiación forzosa hasta la llegada de los escuadrones de vigilantes de los parques de energías pagados con recursos del erario el gobierno ha demostrado que esto puede ser otro Hidrohituango, con masacre del aro incluida, usted hace un análisis certero del olvido programado y el descontrol político que tienen Duque como presidente para contra el pueblo guajiro”.

Damian Angulo Mahecha piensa que la presencia militar en esta zona de la Alta Guajira es prueba de que “de antemano saben que no se aceptarán las condiciones ofrecidas y necesitan ejercer presión por medio de las armas. Además, La Guajira solo importa por el medio millón de votos wayuu que se “gestionan” por algunos personajes locales”.

Quienes se pronunciaron recuerdan que en La Guajira se ha recurrido a la presencia de policías y militares para proteger intereses económicos.

“Ya sucedió en el proceso de colombianización de la península en la década de los treinta del siglo XX cuando pusieron a la policía aduanera a resguardar la industria nacional y al mercado nacional, a partir de limitar el libre comercio guajiro con las Antillas y Venezuela”,  recordó Arismendi, quien fue jefe de Planeación departamental.

“A partir de allí se le definió como zona contrabandista y el revés de la nación. Se volvió a repetir con el advenimiento de la exploración y producción de gas y carbón. El Ejército custodió las servidumbres por donde pasaron el gasoducto y el tren, se construyeron los puertos, campamentos y se promovió la expansión minera en las 68 mil hectáreas disponibles, acciones combinada con las de “limpieza social” del entorno”, puntualizó.

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