Procuraduría advierte sobre fallas en licitación para acueducto de Riohacha
El documento está suscrito con fecha 18 del pasado mes de noviembre y ya está en poder del alcalde Distrital José Ramiro Bermúdez.
Cuando se pensaba que para la licitación pública, cuyo objeto es contratar la operación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura y gestión comercial de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el distrito de Riohacha y zona rural, no iba a tener problema, se conoce un documento elaborado por la Procuraduría donde se hacen observaciones al proceso.
En la misiva se lee que “a fin de anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas y el patrimonio público, y promover el respeto de las garantías de los derechos constitucionales”, se advierte sobre los “posibles riesgos encontrados en la gestión administrativa adelantada por el municipio”.
El documento, que fue suscrito por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, por una solicitud que le hizo el ministerio de Hacienda y Crédito Público, está suscrito con fecha 18 del pasado mes de noviembre y ya está en poder del alcalde Distrital José Ramiro Bermúdez.
Una de las observaciones principales que plantea el procurador, que hizo el estudio de los documentos que fueron publicados en el Secop II, tiene que ver con la poca claridad que se tiene en los pliegos entorno a la responsabilidad que adquiere el ganador de la licitación para prestar y operar los mismos servicios ya anunciados en la zona rural de Riohacha. Mientras al referirse a la zona urbana el documento deja claro que el operador se obliga a prestar el servicio, luego al hacer referencia a la zona rural indica que el operador “podrá prestar” los servicios en la zona rural.
De darse una contratación con estos términos, el distrito de Riohacha estaría abocado a los mismos inconvenientes experimentados con Aguas de la Guajira y Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado ( Asaa), donde estos operadores se negaron, por no estar obligados en el contrato suscrito, a prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en la zona rural.
Esa no es la única observación hecha por la Procuraduría, pues el funcionario indicó que a esta hora del proceso es necesario que la Alcaldía tenga en su poder un bien elaborado inventario de los activos confiados a la actual operadora Asaa para facilitar la entrega del servicio, que es cuestionado por su baja cobertura y la precaria continuidad.
En el documento enviado al alcalde el procurador pregunta cuál es la infraestructura y los bienes a revertir por el Concesionario, si se cuenta actualmente con un inventario de bienes actualizado, cuántos y qué bienes objeto de reversión fueron declarados obsoletos, si cuenta actualmente el Distrito con el avalúo de los bienes objeto de reversión, y si tiene un análisis sobre la vida útil de tales bienes.
Además, el funcionario del Ministerio Público se refiere a si hay nuevas medidas tomadas en el presente proceso que no fueron observadas en el contrato que termina, para que no se generen los mismos problemas.
Dadas las condiciones actuales de la prestación de estos servicios, donde se destaca la falta de continuidad en el asistencia al acueducto, el alto nivel de las pérdidas de agua y el rezago en la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, se desprende la necesidad de implementar un plan de inversiones que inyecte los recursos necesarios para que se garantice que el Distrito cuente finalmente con un servicio acorde con el desarrollo y la calidad de vida de la ciudadanía.
También hay observaciones en las condiciones establecidas en el pueblo donde el procurador pide explicaciones sobre las exigencias a los oferentes de condiciones que son muy puntuales, como el caso de que debe tener experiencia en la construcción de plantas para aguas residuales con números precisos.
Se le pide a la Alcaldía que en este contrato que se tiene proyectado a una vigencia de 30 años, se debería contemplar el servicio a las zonas rurales y sobre todo llevarle solución a las comunidades indígenas que son mucho más vulnerables y sujetos de protección.
