Uno de los principales derechos de una persona, desde su nacimiento y hasta la muerte, es tener un nombre que la identifique.
Así lo consagran los Derechos del Niño, proclamados por las Naciones Unidas desde 1959, pero, además, un nombre es un derecho fundamental para un ser humano.
Sin embargo, ninguna de esas normas universales se cumple para el 15% de los indígenas wayuu en La Guajira, que fueron objeto de una burla por parte de políticos y funcionarios de la Registraduría, hace cuatro largas décadas, a través de una cedulación masiva.
En esta abandonada región, donde no hay agua potable permanente en la mayoría de las poblaciones ni existe en otras, donde los niños mueren de desnutrición, donde la cobertura en educación y salud son insuficientes, donde la inseguridad es pan de cada día, pese a que es una de las más ricas de Colombia por las multimillonarias regalías que generan el carbón y el gas, unos 5.000 wayuu siguen teniendo nombres ridículos.
La Administración Departamental diseñó el proyecto wayuunaiki Palajamaa tanülia –en español, Primero mi nombre– que fue aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad Caribe, por $4.740.377.664. De estos, $4.640.377.664 serían recursos de regalías.
El programa de cedulación dirigido a la población que aún no está identificada en este Departamento, también busca corregir lo que denuncia la abogada y escritora wayuu Estercilia Simanca Pushaina en su cuento ‘Manifiesta no saber firmar’, en el que relata cómo los indígenas terminaron con nombres humillantes en sus cédulas.
SIGUE EL IRRESPETO. Pese a que la iniciativa fue aprobada en octubre de 2013 y tenía un plazo como máximo de un año, no ha comenzado todavía, admite el secretario departamental de Hacienda, Cesar Arismendi.
'Es un proyecto que lleva dos años de antigüedad, que no ha comenzado y que cuando comience ya muchos de los que quieren cambiarse el nombre habrán muerto', afirma Estercilia Simanca.
Se refiere a nombres, entre otros cientos, como Cosita Rica, Arrancamuelas, Candado, Tigre, Monja, Cohito, Alka Seltzer, Motosierra, Marilyn Monroe, Tarzán, Capuchino, Tabaco, Bolsillo, Payaso y Paraguas. A quienes así identificaron en sus cédulas han soportado las burlas desde la década de los 70.
Desde ese entonces esperan que el Estado, en especial la Registraduría Nacional, les devuelva parte de su dignidad. Según la investigación de la escritora, esta entidad mostró un 'nivel inhumano' al ponerles tales nombres a los wayuu por cumplir una meta de cedulación para las elecciones. 'No contaban ni con un intérprete para escribir bien los nombres', afirma Simanca Pushaina.
En octubre de 2014, Prisionero Gouriyú, morador de la comunidad de Guaimaral en Manaure, dijo que estaba a la espera del cambio de nombre. 'Siempre que voy a un lugar me preguntan si estoy preso'. Su nombre iba a ser Piotsonet, pero los funcionarios de la Registraduría se lo cambiaron.
Gouriyú solo habla wayuunaiki y a través de un intérprete hace saber su preocupación por el cambio de nombre. 'Espero –dice– que no me quiten los beneficios que me da el gobierno si me lo cambian'.
SIN NOMBRE NI DIGNIDAD. En esa comunidad, como también lo denunció EL HERALDO hace ocho meses, siguen con el mismo nombre Baloncita, quien debe llamarse Sannawer, y su hija Justica a quien le pusieron en la cédula Putica.
La docente Zaida Cotes Ipuana, indignada, reafirma que estas personas cuando llegaron a la Registraduría dijeron sus nombres y 'arbitrariamente se los cambiaron por esos feos y ridículos'.
Simanca manifiesta que si el Gobierno incumple con este derecho fundamental, principal requisito para acceder a los programas sociales, 'cómo espera cumplir con todo lo demás'. Y pregunta cuándo celebrarán que la administración les cumplió si tienen cerca de 45 años esperando.
'Si el Gobierno central no les da un nombre a los niños, cómo sabe cuántos han muerto por desnutrición u otras causas', sostiene en referencia a la crisis humanitaria denunciada en La Guajira por el fallecimiento de menores de edad en las rancherías.
Javier Rojas Uriana, representante legal de Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu, quien pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– dictar medidas cautelares urgentes para recuperar el uso del río Ranchería y con ello detener el actual índice de mortalidad de menores por inanición, asegura que en los proyectos 'utilizan los nombres de los wayuu como excusa para direccionar recursos y justificarlos con fotos y planillas llenas de huellas'.
Al igual que Simanca Pushaina insiste en que 'si el Gobierno no conoce cuántos wayuu hay en el territorio, no puede saber cuántos mueren'.
El gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, asegura que el proyecto de cedulación y cambio de nombre comenzará 'muy pronto', cuando cumpla todo el proceso reglamentario. Eso mismo dijeron desde el año pasado.
Registro civil de comunidades indígenas
La escritora Estercilia Simanca Pushaina afirma que en todo este proceso el único avance son las diferencias que estableció la Registraduría para las comunidades indígenas a la hora del registro inicial.
A través de la Circular 276, la entidad estableció la Inscripción inicial y modificación en el registro civil de nacimiento de integrantes de las comunidades y/o pueblos indígenas.
Esto quiere decir que si un indígena va a ser registrado y le falta alguno de los documentos reconocidos para la inscripción en el registro civil de nacimiento, se utilizará la casilla 'otro' para escribir el nombre de la etnia o pueblo indígena y el texto 'autorización indígena' con el fin de aportar una certificación de la autoridad tradicional correspondiente.
De esta manera se creará un registro civil de nacimiento de los miembros de las etnias colombianas con la presentación de una carta o certificación expedida por la autoridad tradicional o quien haga sus veces.
