"Funcionarios del Inpec llegan a la Clínica La Asunción para verificar si Silvia Gette continúa internada.Las condiciones de salud de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette siguen bajo observación médica. Solo hasta hoy, cuando se conozcan los resultados de los exámenes ordenados la semana anterior, se sabrá si debe continuar internada en la clínica La Asunción o, por el contrario, puede ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
Precisamente, el Inpec está a la espera de dichos resultados para cumplir la orden de un Juez de revocar el beneficio de detención domiciliaria y aplicar la medida de detención en un centro penitenciario, que en el caso de Silvia Gette es El Buen Pastor.
La exrectora de la Autónoma se encuentra internada en la Clínica La Asunción debido a una crisis hipertensiva que sufrió tras enterarse de la decisión del juez. Es atendida por dificultad respiratoria y cuadro cardíaco severo.
A raíz de esta situación, el abogado Abelardo De la Espriella le pidió a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Dirección del Inpec revisar el caso, porque, en su concepto, Gette pretende evadir a la justicia haciéndose la enferma.
Ante los señalamientos de De la Espriella, consultamos a la Corporación Excelencia en la Justicia, sobre este tipo de situaciones. La organización dijo que lo primero que debe hacer el Estado cuando un sindicado argumenta problemas de salud para no comparecer o no pagar las medidas que se hayan dictado por alguna instancia judicial es “verificar si es cierto que hay una condición médica que le impide a la persona asistir a las diligencias, presentarse a las autoridades o ir a un establecimiento carcelario, y además el Estado debe tener la capacidad de garantizar esa verificación y que no haya corrupción cuando se hable del estado de salud de una persona”.
De otro lado, advierte la organización, “está el tema de la humanidad. Es decir, es humano que el procesado pueda ser visto por médicos y pueda recibir el cuidado y el reposo adecuados, y sería un abuso si se coartara ese derecho”.
Añade Excelencia en la Justicia que alguna vez se propuso que, debido a tanto sindicado con problemas de salud, se construyeran en el país unas especies de clínicas cárceles para garantizar una reclusión carcelaria y una atención médica.
Finalmente, la corporación explica que el fiscal de cada caso debe revisar cuál es la condición médica del sindicado, debatir esa información en audiencia y un juez es quien debe definir la situación jurídica del procesado.
