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Fachada del Palacio de San Carlos, sede principal de la Cancillería, ubicado en la capital de la República.
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¿Por qué Colombia fracasó en las últimas solicitudes de extradición?

Hace unas semanas se conoció que varios países no dieron trámite a la petición de la justicia colombiana para traer a varias personas requeridas.

Desde la década de los años 80 del siglo pasado, la figura de la extradición en Colombia tomó una relevancia sin precedentes, pues el país atravesaba por la época  más negra de la historia criminal. Este mecanismo fue utilizado como un elemento más de los que conformaron la artillería para combatir delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el contrabando.

Pero los antecedentes de Colombia con este recurso se remontan a 168 años atrás, cuando en mayo de 1852 entró en vigencia la Convención para la Recíproca Extradición de Reos entre la República de la Nueva Granada y la República Francesa, que se firmó en Bogotá. El acuerdo permitió que el país se convirtiera en una de las primeras naciones del continente en dar pasos agigantados hacia una política de seguridad de la mano con la diplomacia.

Desde entonces y hasta diciembre de 2014, el Estado colombiano mantiene tratados bilaterales en materia de extradición, suscritos y vigentes con 12 países (Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Francia, Chile, Gran Bretaña, Costa Rica, México, Cuba, Nicaragua, España y Panamá),  y tres acuerdos multilaterales con Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, Haití, Argentina, Paraguay, México, Panamá, Guatemala, Brasil, Nicaragua, Chile y Cuba.

Pese a eso, Colombia en los últimos meses no ha tenido éxito en las solicitudes de extradición de varias personas que son requeridas por las autoridades judiciales en el país, pese a que ha hecho uso facultativo de esos convenios con dichos países. Tal es el caso de Carlos Mattos (en España), Salvatore Mancuso (en EE. UU.), Jaime Saade (Brasil),  Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor (Venezuela). 

En el caso de ‘Castor’, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió el pasado 21 de octubre archivar el expediente contentivo de la solicitud de detención, con fines de extradición, debido a que, según la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, Colombia “no presentó” la solicitud de extradición del hombre acompañada por la documentación judicial necesaria que sustentara la activación del mecanismo. El caso de Digno José Palomino Rodríguez, cuyo expediente también está en el Supremo,  podría correr el mismo riesgo, debido a que los 90 días que el Tribunal dio a Colombia para presentar la solicitud ya vencieron.

Con el caso de Jaime Saade, asesino de Nancy Mestre, el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió  —al menos por el momento— la extradición del hombre, pues tomaron en cuenta los 24 años que Saade tiene viviendo en el país carioca. No obstante, Colombia podría apelar la reciente decisión; sin embargo, el Ministerio de Justicia  ha mantenido silencio en cuanto a este asunto.

Sin definir

El proceso de Salvatore Mancuso “es un poco más complejo”, aseguró Ramón Pacheco Sánchez, profesor de la Universidad Libre e investigador de derecho internacional público y privado, además de ser  miembro de la Academia Colombia de Jurisprudencia, pues dice que cuando una persona  cumple una condena en EE. UU. por lo general hay deportación a su Estado de origen, y en caso de que haya solicitud de extradición se deben llenar los requisitos respectivos del Estado que lo requiere, según sea el caso, “lo cierto es que él (Mancuso) optó por que fuera remitido a Italia por ostentar la nacionalidad de ese país”.

“Nuestras autoridades: Cancillería, Ministerio de Justicia y órgano judicial respectivo, parece que no fueron lo suficientemente diligentes en el trámite legal, entre ellos con la traducción de los documentos requeridos por las autoridades americanas, entre ellas el juzgado y el Departamento de Estado”, señaló el académico.

Con relación a Carlos Mattos, se conoció en días pasados que el Tribunal Constitucional de España frenó el proceso que tenía la Audiencia Nacional, quien tomó la decisión de extraditarlo a Colombia.

“Allí encontramos que el Tribunal consideró que se han vulnerado los derechos del reclamante de amparo a la tutela judicial efectiva, y a un proceso con todas las garantías en conexión con sus derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia y circulación”, manifestó Pacheco.

Para el académico, los Estados como personas jurídicas de derecho internacional “son soberanos” y como tal “podrán o no” conceder, ofrecer o solicitar la extradición de sus connacionales o extranjeros de acuerdo con las normas de su régimen interno.

“La extradición, salvo de que haya una obligación convencional en otorgar, por lo general, con fundamento del ejercicio de la soberanía de los Estados, ésta es facultativa, por lo que los Estados se reservan el derecho de ofrecerla, solicitarla o concederla, por lo general, según se encuentren las relaciones diplomáticas”, afirmó el abogado, e indicó que las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela “están suspendidas y por lo tanto los procesos caminan de acuerdo con el vaivén del momento político  y diplomático de las partes”.

Jaime Saade Cormane; Salvatore Mancuso; Jorge Collazos, alias Castor y José Digno Palomino; Carlos Mattos. Archivo

Condiciones

Hay otras condiciones que podrían reversar o negar una solicitud de extradición. De acuerdo con Álvaro Pérez Pinzón, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Javeriana, el mecanismo podría solo tener un efecto cuando la persona requerida tiene una pena que supere los dos años o que los delitos sean tipificados como “graves”.

“Los artículos 512 y 513 del Código de Procedimiento Penal estipulan los requisitos para poder solicitar una extradición. Cuando una persona que se encuentre en el exterior  y es requerida en el país es porque ya existe una resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria por delito. Esa pena no puede ser inferior a dos años de prisión, la cual deberá estar mencionada en  la providencia respectiva y documentos entregados para iniciar el proceso”, señaló el académico.

La naturaleza y finalidad de la extradición, según Pérez Pinzón, “permite que la persona reclamada sea juzgada o cumpla la condena que le ha sido impuesta en el país que la requiere”.

“El mecanismo se utiliza para combatir la criminalidad y evitar la impunidad, por lo tanto no es procedimiento sancionatorio. La activación del trámite no hace juicio alguno sobre la culpabilidad o la inocencia de la persona requerida, ni se impone ninguna sanción penal”, detalló el jurista.

Un análisis

Si bien la extradición es una figura jurídica que opera como instrumento de cooperación internacional, según la cual se pretende evitar que personas que hayan cometido delitos o que estén investigados evadan la acción de la justicia, escapando de las autoridades al encontrar refugio o escondite, fuera de las fronteras del país en el que son procesados, cada caso tiene una situación particular que varía según la trascendencia, el impacto y las cualidades de la persona de que se trata.

Para Julio César Henríquez Toro, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe y abogado en Ciencias Políticas, en la realidad de un proceso de extradición pueden incidir factores políticos, diplomáticos, sociales y hasta económicos, más allá de lo que establece la legislación vigente.

“Aunque en nuestro contexto el marco jurídico está regulado por el tratado de extradición respectivo, cada situación implica una especificidad dependiendo de las reglas o condiciones descritas en el acuerdo que suscriben los dos países”, argumenta Henríquez Toro.

En Colombia, aseguró el académico, el trámite de la extradición está reglamentado por la Ley 906 de 2004 que establece la competencia clara del Ministerio de Justicia y del Derecho para solicitar que sea la Cancillería la que adelante las gestiones necesarias para hacerla efectiva.

“La extradición es sin duda un instrumento procesal y jurídico que reviste una complejidad importante, pero al mismo tiempo facilita la cooperación de los sistemas de justicia. Si no se hace efectiva la extradición activa, hay muchas variables que se deben considerar y sin duda la más importante es de orden estrictamente jurídico. En todo caso, el país que recibe la solicitud revisa la situación jurídica del solicitado y a partir de esa valoración jurídica procede mediante la autoridad judicial respectiva, a declarar su procedencia o no”, expone el decano.

¿Cómo se hace el proceso en Colombia?

La Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores contempla  unas fases para llevar a cabo el trámite de extradición en el país. La autoridad judicial competente (juez o un fiscal) presenta la solicitud de extradición de la persona requerida ante el Ministerio de Justicia, una vez que revise la documentación presentada. Superado esta etapa envía la petición a la Cancillería que la cursará a la representación diplomática respectiva y esta a su vez presentará la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado requerido. En este proceso juega un papel importante el idioma, es decir, si el Estado requerido no maneja el español, como lengua oficial, la Cancillería solicitará la traducción de la documentación al idioma del país al que se eleva la petición.

Ahora bien, en el trámite de extradición hay autoridades que juegan un papel importante y en las que recae el procedimiento: la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de ordenar la captura de la persona requerida; el Ministerio de Justicia, que determinar si ofrece o concede la extradición; el Ministerio de Relaciones Exteriores, que legalizará  la documentación cursada al Estado requirente.

Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia revisará que la solicitud no viole los principios de extradición en Colombia, y por último la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que será garante de los derechos humanos de los requeridos.

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