El Heraldo
Breiner Mercado y Apolinar Betancour, los capturados.
Judicial

Ordenan recluir a detenidos en caso de Jorge Daza en cárceles de Girón y Cómbita

Mientras que Mercado no aceptó los cargos, Betancour sí lo hizo. A ambos les imputaron homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Apolinar Betancour Ramírez y Bréiner Alexánder Mercado Sarmiento, las dos personas que fueron capturadas en operativos de la Dijín por el homicidio de Jorge Daza Barriga, recibieron anoche la medida de aseguramiento intramuros.

La jueza penal municipal ambulante contra bandas emergentes determinó que el primero tendrá que ser trasladado a la cárcel de Girón, en Santander, y el otro a la de Cómbita, en Boyacá.

La audiencia fue realizada a puerta cerrada debido a la petición que en este sentido le hizo a la jueza la Fiscalía Décima Especializada contra Bandas Criminales antes del inicio de la diligencia.

El representante del ente acusador argumentó que en el desarrollo de la audiencia se iba a mencionar los nombres de algunas personas que sirvieron como testigos para las capturas de los presuntos autores materiales del asesinato del médico, por lo que sus vidas correrían peligro con la revelación de sus identidades.

Con base en esto la jueza ordenó el desalojo de la sala 16 del Centro de Servicios Judiciales en la que se encontraban familiares de Betancur y Mercado.

Fuentes allegadas al proceso confirmaron que una vez iniciada la audiencia fueron legalizados los procedimientos de allanamientos y registro efectuados por la Dijín, así como las capturas de los presuntos implicados en el asesinato del médico.

La Fiscalía le imputó a Bréiner Mercado los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego agravado, cargos que el procesado no aceptó.

Entre tanto, a Apolinar Betancur le fueron imputados los mismos delitos, además de falsedad en documento público por haber presentado una cédula falsa al momento de la detención, a los que decidió allanarse.

No tenían abogados. Al principio de la audiencia los detenidos no contaban con abogados que los defendieran, incluso uno de ellos manifestó que el que tenía inicialmente renunció por miedo. Por esta situación, la jueza ordenó la ubicación de un defensor público que los asistió durante la diligencia.

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