Los procesos jurídicos alrededor de la captura de Saab
Habeas Corpus, amparos y hasta títulos diplomáticos fueron los recursos que utilizó la defensa del barranquillero para frenar la extradición del colombiano en su momento.
Transcurrieron 16 meses desde que la Interpol capturó a Alex Naín Saab Morán, en el archipiélago de Cabo Verde.
Desde entonces, como si se tratara de una novela, la vida del hombre, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, no ha dejado de acaparar los principales titulares de la prensa, al menos, en los países donde el empresario barranquillero ha tenido su accionar.
Desde su captura el 12 de junio en la isla, a donde llegó cuando el avión privado en el que se transportaba desde Rusia hacia Irán se detuvo para cargar combustible. A los pocos días de su detención, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.
Desde entonces se desató una disputa legal y diplomática para definir el destino de Saab, identificado por Venezuela como agente diplomático, y quien desde el 14 de junio recibió orden de cárcel preventiva en Cabo Verde.
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Inicialmente, el Gobierno caboverdiano admitió la solicitud de EE. UU. para la extradición, pero tras las maniobras legales de su defensa la última palabra la tenía la rama judicial de ese país, que terminó por avalar el dictamen del Ejecutivo.
En este sentido, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla caboverdiana de San Vicente, “aprobó la extradición” en un fallo “datado el 31 de julio”, según explicó ayer el abogado Pinto Monteiro en declaraciones desde Praia, capital de Cabo Verde.
A inicios de agosto, un amparo que la defensa del barranquillero Alex Saab había presentado ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde para frenar contra su extradición a EE. UU., no prosperó.
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La decisión tomó por sorpresa a los abogados, debido a que el Tribunal Constitucional indicó que primero se debió acudir al tribunal de extradición y “solo si no tenía éxito allí, se podía presentar un nuevo amparo ante el Tribunal Supremo”.
El recurso de amparo corría en paralelo a la impugnación presentada ante el Tribunal de Apelación de Barlavento contra la decisión del Gobierno de autorizar la extradición, si bien la decisión final corresponde a esa corte de justicia.
Sin embargo, el abogado Baltasar Garzón, defensor de Alex Saab, días después anunció una nueva apelación ante instancias judiciales de Cabo Verde.
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"Vamos a apelar de inmediato la sentencia del juzgado de segunda instancia donde vamos a reforzar el carácter político de este caso, la necesidad de que las autoridades judiciales entren en esta realidad", dijo el exjuex español en la emisora 'Radio Cabo Verde'.
Se refiere a decisiones que avalan el envío del colombiano al país norteamericano, donde enfrenta un caso por lavado de activos.
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"En lo que insistimos es en que se analice en profundidad el caso de lo que esconde Estados Unidos y esperamos que no sea necesario recurrir a otros órganos. Pero, de ser necesario, acudiremos a organismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos, luego de agotar los diferentes recursos internos para evitar que una persona sea entregada a Estados Unidos por motivos políticos", advirtió Garzón.
Sostuvo precisamente frente al tinte político que dice ver en el proceso, que el expediente contra Saab tiene que ver con la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Ojalá no sea un instrumento de uso político en esta campaña electoral que estamos presenciando y que está provocando tantos obstáculos por parte de la administración estadounidense. (...) Utilizaremos todos los mecanismos nacionales e internacionales para evitar la extradición, que el presidente de Estados Unidos está diseñando con carácter electoral y, por tanto, político", advirtió.
Días después se corrió la información de que Cabo Verde había mandado a dos emisarios a Caracas con el fin de entablar contactos con el presidente venezolano, Nicolás Maduro para negociar la libertad de Saab.
Pero de inmediato, el Gobierno de Cabo Verde señaló que “no había enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela".
A inicios de octubre, empresario barranquillero presentó su caso de extradición de Cabo Verde a Estados Unidos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedao), con la intención de que su título como “enviado especial” de Venezuela diera algún resultado.
Cuando fue detenido Saab, Caracas alegó que es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que estaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".
La corte africana tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su protocolo de 2005.
La defensa del abogado hizo énfasis en que "los derechos humanos deben ser respetados en la región por todos los miembros de la Cedao" y añadió que también se solicitaron "medidas protectoras" para Saab.
Preguntado si esta acción emprendida ante el tribunal de Abuya podría detener la extradición de Saab a EE.UU., Falana respondió que ésa es "parte de la reclamación" interpuesta ante la corte.
"Porque cualquiera que entre en un país africano, sólo puede ser expulsado o extraditado mediante el debido proceso. Tienes que cumplir la ley", argumentó el letrado, al recalcar que "EE.UU. no tiene un tratado de extradición con Cabo Verde".
Paralelo a ese proceso, el equipo que dirige el exjuez español Baltasar Garzón en defensa del empresario pidió al relator especial de las Naciones Unidas Diego García-Sayán interceder con Cabo Verde para garantizar los derechos de su cliente, informó este viernes el bufete.
Los abogados de Saab enviaron una comunicación a García-Sayán, quien hace relatoría para la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.
El objetivo de este contacto es "solicitar comunicación urgente hacia el Gobierno de la República de Cabo Verde en relación con los obstáculos que ha puesto arbitrariamente en la realización de nuestra práctica profesional como abogados del equipo de defensa", señaló el bufete.
