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Cerca de 143.000 vehículos, entre públicos y privados, están matriculados en Barranquilla. Archivo EL HERALDO
Judicial

El 60% de los vehículos en el país circula sin revisión técnica

De acuerdo con el Runt, de los 10 millones de automotores que están registrados en el país, 6,8 millones deberían hacerse la revisión cada año y 4.091.425 no cumplen con este requisito.

En Colombia el 60% del parque automotor particular y público que circula por calles y carreteras, y que están obligados a cumplir con la revisión técnico mecánica, no la han realizado, de acuerdo con los datos del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, a1 15 de abril de este año.

 

Según estas cifras, de 6.822.412 automotores que deben acatar la norma anual, 4.091.425 evaden este requisito exigido por Mintransporte. De la cifra de evasores, el 68 por ciento corresponde a motocicletas, 25% al servicio público y un 57% a carros particulares.

Teniendo en cuenta que aunque existen 10 millones de vehículos registrados en el Runt, los carros particulares matriculados en el 2012 tendrán que realizarla después de seis años de matriculado y luego cada año. El tiempo de revisión para las motos y vehículos de servicios públicos se estipuló en  cada 2 años.

En Barranquilla 32% de los automotores matriculado en la ciudad no han realizado su revisión técnico mecánica. Los mayores evasores son los motociclistas con 28 mil, le siguen los vehículos particulares con 11.102 y los de servicio público con 5.365.

El secretario de Movilidad, Walid David anunció visitas a las empresas de transporte público para verificar que sus vehículos estén al día con este requisito. El año pasado fueron inmovilizados 557 vehículos públicos por no tener el certificado y hasta abril de este año van 38 sancionados, indicó el funcionario.

De acuerdo con Gonzalo Sanabria, presidente de la Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor, Aso-CDA, que agrupa a 210 de los 308 establecimientos de este tipo del país, el alto número de evasores se debe principalmente a la falta cultura ciudadana y la corrupción.

Señala que en la Región Caribe resulta preocupante que los propietarios de vehículos estén comprando certificado técnico-mecánico falsificado.

“Son muy pocos CDA que se prestan para esto, pero existe. El que realiza la actividad con un tramitador, siempre tendrá una revisión falsa”, advirtió el directivo.

Pero también han detectado que algunos Centros de Diagnóstico Automotor expidan el certificado sin haber revisado previamente el vehículo, lo que es otro delito.

Vehículos sin Soat. Ricardo Gaviria, director de la Cámara del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), de Fasecolda, señaló que en Colombia un 20% de los vehículos no cuentan con el Soat, es decir cerca de 2 millones.

Explicó que esta póliza obligatoria para todos los vehículos en Colombia desde 1986, cubre en caso de accidente al peatón, conductor o pasajero,  para la atención médico hospitalaria e indemnización por muerte, gastos funerarios e incapacidad permanente.

Gaviria detalló que el seguro obligatorio en total cubre hasta 800 SMMLV ($16.426.667) por  cada persona. Cuando se de el caso que este monto se agota y el paciente necesita atenciones adicionales, será atendida con cargo a su póliza de EPS o la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, según el origen del accidente, sin límite de cobertura.

En el caso como el ocurrido en Fundación, Magdalena, en que la buseta causante de la tragedia no tenía el Soat, la ley indica que el Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, garantice la atención médica de los heridos e indemnice a las familias por cada uno de los fallecidos. Por lo anterior, Fosyga pagará la suma de 15.400.00 pesos por cada una de las víctimas mortales y hasta $3’696.000 en caso de incapacidad permanente.

Transporte especial en Colombia. Después de este trágico hecho en el que murieron 33 menores, la pregunta  que surge entre muchos colombianos es ¿son seguros los buses de transporte especial y escolar en el país?

La buseta siniestrada, marca Dodge modelo 1993, estuvo hasta el año 2012 afiliada a la empresa de transporte, Coonortin. Al respecto, Lupoani Sánchez Celemín, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre Automotor Especial, Acoltés, no entiende cómo un vehículo que fue desvinculado legalmente de una empresa de transporte no pasó a vincularse a otra empresa inmediatamente, tal como lo estipula el Decreto 174.

“Debe revisarse en qué momento se rompió la cadena jurídica y permitió que el vehículo no quedara vinculado nuevamente a otra empresa”, añade.

Para Sánchez, el Ministerio de Transporte debió percatarse que el vehículo no fue afiliado a otra empresa. “Cuando la buseta se desvinculó de Coonortin ya debía tener una carta de aceptación de la otra empresa de transporte a la cual debía vincularse. En caso contrario, el automotor debió ser chatarrizado. Aquí fue donde se rompió la cadena jurídica del vehículo”, sostuvo.

En el caso de la chatarrización, explicó que en Colombia el parque automotor de servicio especial no tiene límite de vida útil, “no importa que tenga 20 o 25 años de servicio siempre y cuando cumpla con todo los requisitos que establece el Decreto 174”.

Lupoani Sánchez espera esto cambie con el proyecto de decreto para reforma el 174 de 2001 en el que se propone 20 años al transporte especial y público y 12 a los de servicio escolar.

En Colombia actualmente existen 1.300 empresas de trasporte especial y circulan 83.571 automotores afiliados.
revisión técnico mecánica. Las autoridades exigen la revisión técnico mecánica para garantizar que el vehículo este en óptimas condiciones mecánicas y físicas para circular en el país.

En el caso del servicio público, además de estar afiliados a una empresa de transporte deben contar con las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que cubren por muerte, incapacidad permanente e incapacidad temporal. Además de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. El monto no puede ser inferior a los 60 SMMLV por persona, que equivale a $36.960.000.

Indemnizaciones

El abogado constitucionalista Fernando Borda señala con respecto a las reparaciones económicas a que tuvieran derecho las familias afectadas por la pérdida de sus hijos, que tienen dos vías. Una penal, que sería contra el poseedor del vehículo y el conductor, y otra por vía administrativa, que sería contra la Alcaldía de Fundación.

En cualquiera de los dos casos es muy difícil que los afectados encuentren alguna reparación económica, señala Borda. Asegura que de comprobarse que la Iglesia comprometida con la tragedia tiene su casa matriz en Estados Unidos, se podría pensar que un grupo de abogados de ese país inicie acciones allá mismo contra ellos.

Recordó el caso del niño que murió ahogado en la piscina del Hotel Hilton en Cartagena el 18 de enero de 2007. En esa oportunidad la demanda se presentó contra la Cadena Hotelera Hilton, en Estados Unidos, que más tarde pagó la indemnización.

Cifras del Soat y revisión técnico-mecánica en Colombia (Infografía)

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