En marzo de 2008, las autoridades capturaron a Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido como el ‘Lobo Feroz’, señalado de haber sometido a un menor de 13 años a actos sexuales bajo amenazas, por hechos ocurridos en enero del mismo año.
A Sánchez Latorre, un fiscal le imputó cargos por abuso sexual y fue enviado a la cárcel. Sin embargo, el depredador sexual quedó libre por vencimientos de términos y el juicio oral en su contra solo se inició en 2016.
Transcurrido dos años no se dio por terminado el juicio oral y mucho menos se logró una decisión en ese caso, por lo que el Tribunal Superior de Barraquilla decretó la prescripción de la acción penal, debido a que ya habían transcurrido 10 años desde que le imputaron cargos al procesado, como lo señala el artículo 86 del Código Penal Colombiano.
A raíz de la preclusión del caso en contra del ‘Lobo Feroz’, la Corte Constitucional compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General para que se investiguen las actuaciones que llevaron a que el proceso, que se encontraba en etapa de juicio, en Barranquilla, se cerrara.
La preclusión de este proceso y de muchos más, de acuerdo con una fuente judicial, radicó en la 'ya conocida y denunciada problemática de congestión que existe hace años en los 11 despachos judiciales penales del Circuito de Barranquilla'.
El HERALDO tuvo acceso a una acción de tutela que impetró el 29 de octubre de 2018 la Juez Novena Penal del Circuito de Barranquilla, contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la Dirección Ejecutiva Seccional del Atlántico. En esta, la togada consideró vulnerados los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la salud, a la igualdad y los derechos de la mujer. La acción constitucional fue coadyuvada por sus homólogos 2do., 3ro., 5to., 6to. y 7mo., quienes señalaron estar sometidos a cargas laborales superiores a las de los demás juzgados penales del país.
Basados en un cuadro estadístico, elaborado por la Unidad de Análisis Estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura, en el período comprendido de enero a septiembre de 2019, los togados pusieron en una balanza la carga laboral existente en los despachos judiciales de Barranquilla, comparada con la de sus homólogos del resto del país.
Concluyeron así que en Barranquilla hay 11 Jueces Penales del Circuito con una carga laboral total de 12.522 procesos, para un promedio de carga laboral por despacho de 1.138; en Bogotá hay 58 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 15.184 procesos, para un promedio de carga laboral por despacho de 261 procesos.
En Medellín hay 30 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 4.647, para un promedio de carga laboral por despacho de 154 procesos, en Cali, considerada la tercera ciudad del país, hay 23 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 5.404, para un promedio de carga laboral por despacho de 234 procesos.
De acuerdo con esas cifras estadísticas, los Jueces de cada despacho Penal del Circuito de Barranquilla tienen la carga laboral de cinco Jueces Penales del Circuito del promedio nacional.
