Congestión en justicia penal en B/quilla es un problema estructural: Jueces
La reciente prescripción de un proceso contra el ‘Lobo Feroz’ reaviva la problemática del sistema.
En marzo de 2008, las autoridades capturaron a Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido como el ‘Lobo Feroz’, señalado de haber sometido a un menor de 13 años a actos sexuales bajo amenazas, por hechos ocurridos en enero del mismo año.
A Sánchez Latorre, un fiscal le imputó cargos por abuso sexual y fue enviado a la cárcel. Sin embargo, el depredador sexual quedó libre por vencimientos de términos y el juicio oral en su contra solo se inició en 2016.
Transcurrido dos años no se dio por terminado el juicio oral y mucho menos se logró una decisión en ese caso, por lo que el Tribunal Superior de Barraquilla decretó la prescripción de la acción penal, debido a que ya habían transcurrido 10 años desde que le imputaron cargos al procesado, como lo señala el artículo 86 del Código Penal Colombiano.
A raíz de la preclusión del caso en contra del ‘Lobo Feroz’, la Corte Constitucional compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General para que se investiguen las actuaciones que llevaron a que el proceso, que se encontraba en etapa de juicio, en Barranquilla, se cerrara.
La preclusión de este proceso y de muchos más, de acuerdo con una fuente judicial, radicó en la “ya conocida y denunciada problemática de congestión que existe hace años en los 11 despachos judiciales penales del Circuito de Barranquilla”.
El HERALDO tuvo acceso a una acción de tutela que impetró el 29 de octubre de 2018 la Juez Novena Penal del Circuito de Barranquilla, contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la Dirección Ejecutiva Seccional del Atlántico. En esta, la togada consideró vulnerados los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la salud, a la igualdad y los derechos de la mujer. La acción constitucional fue coadyuvada por sus homólogos 2do., 3ro., 5to., 6to. y 7mo., quienes señalaron estar sometidos a cargas laborales superiores a las de los demás juzgados penales del país.
Basados en un cuadro estadístico, elaborado por la Unidad de Análisis Estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura, en el período comprendido de enero a septiembre de 2019, los togados pusieron en una balanza la carga laboral existente en los despachos judiciales de Barranquilla, comparada con la de sus homólogos del resto del país.
Concluyeron así que en Barranquilla hay 11 Jueces Penales del Circuito con una carga laboral total de 12.522 procesos, para un promedio de carga laboral por despacho de 1.138; en Bogotá hay 58 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 15.184 procesos, para un promedio de carga laboral por despacho de 261 procesos.
En Medellín hay 30 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 4.647, para un promedio de carga laboral por despacho de 154 procesos, en Cali, considerada la tercera ciudad del país, hay 23 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 5.404, para un promedio de carga laboral por despacho de 234 procesos.
De acuerdo con esas cifras estadísticas, los Jueces de cada despacho Penal del Circuito de Barranquilla tienen la carga laboral de cinco Jueces Penales del Circuito del promedio nacional.
Decisión del Consejo de Estado
Como respuesta a la acción de tutela impetrada por la Juez Novena Penal del Circuito, la dirección de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura indicó que “el Consejo Superior de la Judicatura es conocedor de todas las necesidades existentes en la Rama Judicial, siendo la especialidad penal una prioridad”.
Y agregó: “Sin embargo, frente a las políticas de austeridad de gasto del Gobierno nacional, no es posible atender de manera favorable su solicitud, toda vez que no existe presupuesto que permita el financiamiento de medios de apoyo”.
Una vez obtuvieron esa respuesta, los Jueces penales del Circuito de Barranquilla expusieron la situación de congestión que padecen, ante el Consejo de Estado, ente que mediante fallo de primera instancia, emitido el 13 de diciembre de 2018, ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que en un lapso no mayor a dos días respondiera de manera concreta, de fondo y acorde con lo que solicitó la demandante (...) y que “la respuesta no podrá limitarse a advertir la inexistencia de presupuesto, sino que debe exponer de manera concreta una solución a la problemática expuesta por la demandante”.
Ante una nueva tutela presentada por los jueces coadyuvantes, por no existir pronunciamiento expreso sobre su impugnación, el Consejo de Estado dictó sentencia complementaria en diciembre de 2019, “sin que a la fecha se haya dado una solución a la grave problemática de congestión en los Juzgados Penales del Circuito de Barranquilla”, contó la fuente.
Derechos de petición
Este medio tuvo acceso, igualmente, a otros mecanismos impetrados por los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla, que insisten en que se le dé una solución de fondo a la grave problemática de congestión existente.
En derechos de petición enviados, tanto al Consejo Superior como Seccional de la Judicatura, los togados solicitaron se expidiera “un nuevo acuerdo de medidas de descongestión, en el que se adopten medidas de descongestión para el Distrito Judicial de Barranquilla, como la creación de un sustanciador en descongestión en cada uno de los Juzgados Penales del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad”.
Solicitaron igualmente la creación de “por lo menos 7 Juzgados Penales del Circuito de carácter permanentes para ampliar la planta de funcionarios judiciales en lo penal, para que sea más acorde con la población de la ciudad y la cantidad de ingresos e inventarios de procesos penales”.
Y finalmente solicitaron que, de “ser necesario, se acuda a la figura de los traslados presupuestales para financiar las medidas de descongestión aquí solicitadas”.
El 26 de febrero pasado, la presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura emitió concepto técnico favorable a la Directora Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, de la propuesta presentada por los jueces, para la creación de tres Juzgados Penales del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla o como medida subsidiaria creación de un cargo de Oficial Mayor para cada uno de los despachos Penales del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla.
Empero, el 23 de julio pasado, la Directora Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en respuesta a los togados, indicó que la entidad es conocedora de las problemáticas existentes en la Rama Judicial. Que “la Corporación para la actual vigencia dispuso la creación de medidas, priorizando los circuitos por especialidad y nivel de competencia, que presentaban los despachos judiciales cuyo nivel de egreso efectivo supera la capacidad máxima de respuesta del período evaluado (…) sin que los recursos otorgados para tal fin, fueran suficientes para atender las diferentes necesidades en la Rama Judicial”.
Y agregó: “No obstante, cabe destacar que se cuenta con recursos, los cuales tienen como objeto la creación de cargos permanentes en los despachos de tribunales y juzgados. Por tal motivo, el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra analizando con base en las demás necesidades existentes en el territorio nacional lo correspondiente al fortalecimiento de la especialidad penal”. ”Pese a ese anuncio, la congestión en los despachos de conocimiento sigue siendo caótica”, aseguró la fuente.
Este medio también tuvo acceso a los acuerdos que crearon descongestión en otras ciudades como Bogotá, donde fueron creados cuatro juzgados Penales del Circuito con función de conocimiento, cada uno conformado por un juez, un secretario y un sustanciador.
Se crearon, además, cargos administrativos permanentes en la Dirección Seccional de Administración Judicial en todo el país, mientras que la congestionada justicia penal aún espera las tan anunciadas medidas permanentes para los Juzgados de Barranquilla.
Buscan revisión de la tutela
Luego de dos años de haber sido impetrada la tutela, en febrero de 2020 el expediente fue remitido a la Corte Constitucional por el Consejo de Estado. Una vez allí, los jueces accionantes radicaron un derecho de petición ante el alto tribunal, solicitando la selección para revisión de la acción constitucional, sin embargo la misma no fue tenida en cuenta.
Como último recurso, y luego de hacer uso de todas las herramientas legales para que se les brindara una solución definitiva al problema de congestión, los días 16 y 17 de septiembre pasados, los togados presentaron sendos derechos de petición a Carlos Ernesto Camargo Assis, Defensor nacional del Pueblo, y a la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, para que, de manera respetuosa, radicaran una petición de insistencia de revisión del expediente de tutela ante la Corte Constitucional.
Precisamente, la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien llevó una ponencia en el proceso contra el ‘Lobo Feroz’ para evitar que este precluyera, radicó el pasado 28 de septiembre ante el alto tribunal del que ella hace parte, insistencia de revisión del expediente de tutela T 7.855.352 ante el alto tribunal, la cual está a la espera de una respuesta.
“La Corte Constitucional tiene una oportunidad de oro para resolver el problema de la congestión en los Juzgados Penales del Circuito en el Atlántico, y ojalá se sumaran los gremios, las universidades y las diferentes autoridades, porque al final es para el beneficio de la comunidad. No es posible que delincuentes hasta con diez anotaciones y ni una sola condena, se vayan libres por vencimiento de términos, debido a que hay un sistema colapsado que no funciona”, señaló la fuente.
Advirtió que no solo se trata del caso del ‘Lobo Feroz’, ya que son muchos procesos que van en vía de preclusión debido a la gran congestión que existe en Barranquilla y al poco personal con el que se cuenta para darles trámites a las más de 1.000 carpetas que obran en cada uno de los 11 despachos judiciales.
“Definitivamente lo que existe es un problema estructural, una falla del sistema que es reiterativo, el sistema está colapsado y no está funcionando”, reiteró la fuente a EL HERALDO.
