Caso Jon Sonen: entes de control intervienen por supuesto abuso policial

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se refirieran al hecho por un presunto caso de violación a los derechos laborales, en sentido de que la mujer, identificada como Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, reclamaba el pago de su liquidación en el establecimiento comercial, los entes de control anunciaron una indagación preliminar contra los dos policías, un hombre y una mujer, quienes se habrían extralimitado al momento de retirar del sitio a la reclamante. 

A través de un comunicado, la Procuraduría señaló que, al parecer, “los agentes se habrían extralimitado al momento de retirar del local a la mujer, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad”.

De igual manera, el Ministerio Público comunicó que con la apertura de la indagación preliminar, “se busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, identificar a los agentes comprometidos en la aparente situación irregular y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”.  

Por su parte, la Regional Cartagena de la Defensoría del Pueblo anunció el envío de un requerimiento a la Policía Metropolitana para verificar la manera cómo se trató a la mujer y a sus dos hijos menores de edad. “Se solicita que se investiguen los hechos denunciados y se tomen las acciones que considere pertinentes para evitar procedimientos que pongan en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños”, indicó la Defensoría.

Y añadió que “todo procedimiento debe garantizar un trato digno, humanizado y diferenciado, con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos, toda vez que estamos ante una mujer en condiciones de vulnerabilidad que en un acto desesperación solo buscaba respuestas efectivas a una situación que afecta sus derechos laborales, y con ello su calidad de vida y la de su familia”. 

El pasado martes, la Policía Metropolitana de Cartagena, a través de un comunicado, informó que los uniformados de la institución armada acudieron al Centro Comercial La Serrezuela “tras recibir el llamado a la Línea 123” luego de que la mujer ingresara en “estado de exaltación al local comercial”. 

Así mismo precisó que, “según las indagaciones que son objeto de verificación, agotaron la medicación policial como vía para intentar resolver el inconveniente, los uniformados procedieron a esposarla y a realizar expulsión del domicilio”. 

Sin embargo, la institución armada hizo claridad en que “una vez recuperadas las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, se le retiraron las esposas a la mujer “estando afuera del establecimiento y se le impuso un comparendo por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas”. 

Intervención y denuncias. Luego de que el Ministerio de Trabajo anunciara la apertura de una investigación por presunto incumplimiento de la norma de vinculación laboral contra la firma Sonen Internacional SAS, compañía detrás de los negocios Jon Sonen, y el cierre preventivo del establecimiento comercial de La Serrezuela, ayer varios exempleados denunciaron en redes presuntas irregularidades y anomalías en los pagos legales que debe tener un empleador con sus trabajadores, como la liquidación cuando termina un contrato y la seguridad social (salud, pensión, ARL, entre otros).

Las personas desvinculadas de la tienda de ropa masculina aseguraron que trabajaron para el empresario barranquillero sin recibir sus pagos parafiscales correspondientes, ni tampoco las obligaciones de la empresa como las vacaciones y liquidaciones.