Con preocupación mira la defensora regional del Pueblo, Felissa Salcedo, los casos de amenazas contra defensores de derechos humanos en Barranquilla.
A finales de agosto pasado se registraron tres situaciones contra mujeres que lideran labores de exigencia de la entrega de restos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Una de ellas fue golpeada por encapuchados dentro de la oficina de la fundación Infancia Feliz, en el barrio Siete de Abril.
Para Salcedo, 'como se quiere visibilizar el tema de la seguridad, de la convivencia, hay que tener en cuenta todos los problemas que están surgiendo como estas amenazas que vienen siendo reiterativas contra aquellas personas y organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos. Esto no se puede desconocer, no se puede dejar de mencionar'.
En concepto de la funcionaria, dentro de las políticas públicas es necesario que existan mecanismos que permitan a las instituciones actuar más eficientemente, y a los organismos garantes de los derechos humanos y de la seguridad, prestar una atención rápida en estos casos.
Salcedo dice además que 'hay que replantear cómo se está atendiendo a la población víctima del conflicto, que está asentada en el departamento, y tenemos que asegurar que a estas organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos, que en su mayoría están integradas por mujeres, puedan tener acceso a la justicia, por eso es importante que haya rutas de atención urgentes'.
En el marco de la reciente tertulia de EL HERALDO sobre seguridad, la Defensoría propuso al Distrito y Departamento que dispongan de recursos para garantizar la seguridad tanto a defensores como a víctimas del conflicto.
Frente a estas mismas amenazas se pronunció recientemente el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, solicitando a la comunidad internacional y a las organizaciones sociales y de derechos humanos su apoyo a la labor que realizan las personas afectadas.
