El pasado 14 de agosto, el Gobierno de EE.UU. confirmó la 'exitosa' incautación de cuatro buques cargados con gasolina —comprada en Irán— que navegaban hacia Venezuela. La negociación habría sido concretada en abril pasado por el empresario barranquillero, Alex Saab, quien en la actualidad se encuentra detenido en Cabo verde a la espera de ser extraditado a suelo estadounidense.
Las negociaciones fueron dadas a conocer por la defensa de Saab en, medio de su lucha para evitar que se concrete la extradición del empresario. Es así como los abogados señalaron a la agencia de noticias Reuters que su defendido hizo dos visitas a Irán para concretar el envío de combustible al vecino país, con el fin de apalear la escasez de gasolina que mantiene a miles de conductores venezolanos en largas filas durante días para poder abastecer sus vehículos.
Para EE.UU., Saab, posiblemente, se habría reunido con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní, la misma organización que en octubre de 2017 el Gobierno de Trump sancionó por su apoyo al terrorismo. Los recientes buques incautados, que presuntamente gestionó el empresario, pertenecían a ese Cuerpo.
Sin embargo, la defensa sostiene que el empresario habría hecho las negociaciones bajo el amparo de ser 'un agente del Gobierno de Venezuela', y eso le daba 'inmunidad' a Saab.
Un día después de la captura del señalado testaferro de Maduro, es decir el 13 de junio, el canciller del vecino país Jorge Arreaza tachó de ilegal la detención y a través de un comunicado alegó que el empresario se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, 'durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia de la COVID-19' en Venezuela.
En la entrevista con la agencia, la defensa sustenta el argumento de Venezuela al señalar que el Ministerio del Exterior del vecino país le confió al empresario 'la responsabilidad de adquirir recursos humanitarios de gran necesidad en Venezuela'.
El decomiso de los buques representa un paso más de presión del Ejecutivo de Trump a Teherán y Caracas, contra cuyos Gobiernos ha impuesto numerosas sanciones económicas.
