En las dos últimas semanas las autoridades locales y nacionales se han manifestado sobre la supuesta intención que tienen los jefes de ciertas estructuras criminales del país en dejar las armas y hacer la paz en los territorios donde dominan en el crimen.
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Eso incluyó a históricos nombres como el de Digno Palomino Rodríguez, jefe o cabecilla de una estructura criminal llamada ‘los Pepes’, una facción que se creó en Barranquilla hace unos años cuando este dejó su amistad con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, la cabeza de la estructura llamada ‘los Costeños’.
‘Los Pepes’ se enfrentan con ‘los Costeños’ con extrema violencia por “control territorial” de las zonas donde expenden droga y extorsionan al sector empresarial y al comercio. Eso ha dejado, según registros de investigadores y expertos, al menos 800 muertes de personas en los últimos tres años. A esa pugna se han sumado otros actores criminales como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, que sumarían un apoyo logístico a ‘los Pepes’, pero no dejan de ser conjeturas. Y en el caso de los ‘Rastrojos Costeños’ decidieron adherirse a ‘los Costeños’ para fortalecerse.
El gobernador Eduardo Verano De la Rosa fue uno de los que dio el visto bueno a esa intención de diálogo entre bandos criminales y recordó su aporte a la Constituyente del 91 para aterrizar en el anuncio de los dos jefes de las organizaciones criminales más peligrosas del departamento del Atlántico.
“Someterse al proceso de paz y acogerse a la ley, representa para nosotros, como sociedad, algo favorable que estos delincuentes asuman esta responsabilidad. Se trata de Digno Palomino, jefe del grupo criminal Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, cabecilla de la banda delincuencial Los Costeños. Sus acciones delictivas no solo reclutan a jóvenes que podrían tener otro futuro, sino que sus enfrentamientos contribuyen a la escabrosa cifra del 86 % de los asesinatos por sicariato en el departamento”, señaló el Gobernador, en una reciente columna.
Además, se refirió al otro delito que podría reducirse tras el eventual acuerdo entre los dos cabecillas y el Estado.
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“El delito que sirve de fuente de financiación para estas estructuras es la extorsión, que socava la competitividad, reduce la productividad, desincentiva la inversión local y extranjera, y fomenta la aparición de monopolios criminales que pervierten la libre competencia. Además, incide negativamente en el empleo, la movilidad laboral y el costo de vida, al incorporar los pagos extorsivos en la estructura de costos de los bienes y servicios”, mencionó.
Detalló que como parte de un trabajo articulado entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, con el objetivo de estructurar una mesa de diálogo en el marco de la Ley de Paz Total del Gobierno nacional —representado por el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz—, el 31 de marzo se envió una primera carta solicitando orientación sobre el proceso. Y la segunda comunicación se remitió el 8 de abril en la que se manifestaba la voluntad de diálogo por parte de los dos cabecillas.
Para Verano el siguiente paso sería iniciar la caracterización de las estructuras criminales, un proceso liderado por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.
“Esto permitirá identificar cuántas personas integran estos grupos y cuál es su situación. A partir de allí, se definirá una oferta institucional en materia de educación, vivienda y empleo, teniendo en cuenta que la mayoría son jóvenes, lo que refuerza la necesidad de una respuesta con enfoque social y de oportunidades”, aseguró.
En igual posición que el Gobernador se mostraron Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes ratificaron sobre la intención del Gobierno de participar en las mesas de paz entre las estructuras criminales de Digno Palomino y Castor, en Barranquilla.
Cuentas pendientes
Si bien expertos locales en seguridad ven también con buenos ojos ese anuncio de paz, para algunos deberían quedar claros ciertos aspectos para no dejar un sinsabor a impunidad entre la comunidad barranquillera y del Atlántico.
Consultados por este medio señalaron que se debe hacer una caracterización real del número de integrantes de cada estructura y cómo operan desde las cinco localidades de Barranquilla, así como en los municipios pertenecientes al área metropolitana.
Exponen que no hay que tragar entero en un número global de integrantes sino en mandos medios y socios de esos actores principales que son los que realmente tienen el control en este territorio.
“Aquí hay hoy en día una situación que escapa de las manos a las mismas autoridades y creo que a los mismos actores violentos. Ni Digno Palomino ni Castor tienen hoy, diríamos, el control total de sus organizaciones. Hay un sector que viene afectando este proceso y que es un desprendimiento al menos de ellos que es el BRC, ese Bloque de Resistencia Caribe, que ha mostrado en estos días una efectividad en el accionar delincuencial porque está directamente de cara a los temas de la renta ilegal especialmente la extorsión y la situación de sicariato. Además de eso hay otro actor nuevo que se llama ‘Mano Negra’”, advierten.
No obstante fuentes judiciales explican que en el caso del Bloque Resistencia Caribe y un hombre llamado comandante Gonzalo serían los mismos ‘Costeños’ y que en el caso de la llamada ‘Mano Negra’, con anuncios en videos que se viralizan, son los mismos ‘Pepes’.
Para los expertos también sería clave un capítulo sobre otros delitos, aparte de la extorsión y el tráfico de droga, que deben exponerse. Ahí entran el robo de tierras y el comercio ilegal de armas para nuevos actores.
Así mismo señalar a capos o esa lista de “invisibles” que hoy operan a sus anchas en todo el Atlántico y no son citados por las autoridades.
Además, según la tesis de los expertos, habría que exponer qué va a pasar con los delitos por los que hoy están procesados los cabecillas y la reparación a víctimas.
En este espacio hay que reseñar que en agosto del año anterior a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, se le contabilizaron 33 anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, extorsión y concierto para delinquir, y se le señaló de ser el cerebro de al menos tres masacres ocurridas en 2023.
En el caso de Digno Palomino, hay que recordar que en febrero de este año la Dirección de Apoyo Territorial de la Fiscalía le imputó 17 homicidios, registrados en once actos delictivos.
Y, por último, también queda en el aire, de acuerdo con las fuentes consultadas, ese anuncio que hicieron altos mandos de la Policía Nacional sobre investigaciones relacionadas con el narcotráfico y una eventual extradición a los Estados Unidos de Castor y Digno Palomino.
Un proyecto de ley
Además de los diálogos anunciados, en los últimos días trascendió desde la capital del país la noticia del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre una figura que modificaría la política criminal de Colombia. Esta sí sería la llave que abriría la puerta para que los dos poderosos jefes del crimen local y otros más del país dejen la cárcel.
Se trata de una iniciativa que plantea algo distinto a lo que ya se había venido ventilando sobre los espacios o diálogos sociojurídicos con los jefes de las estructuras criminales, en medio de la ‘paz total’.
Este es un proyecto que presentaría MinJusticia a partir de este 20 de julio, después de la instalación del Congreso, y sería una reforma a la histórica Ley de Justicia y Paz, con la cual se desmovilizaron miles de paramilitares.
En el borrador del proyecto de ley, conocido por los medios el viernes anterior, tiene como objetivo establecer un “tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros, para la consolidación de la paz”.
Palabras más, palabras menos, se trata de una modificación ajustada a esos actores conocidos, señalados de “crear la organización al margen de la ley, a quienes hayan creado los lineamientos y políticas ilícitas que orientan las actuaciones de la organización o quienes hayan ejercido poder y mando sobre toda la estructura”. Tanto Digno como Castor clasifican.
Y sobre los requisitos para acceder a ese eventual tratamiento penal diferenciado los jefes del grupo armado deben entregar la totalidad los bienes producto de la actividad ilegal y que el grupo armado ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad que integraban el grupo, entre otros.
Este camino, que parece mejor estructurado que los diálogos sociojurídicos planteados con anterioridad, todavía falta por pasar por el Congreso.
