Ad portas del cierre del mes de mayo, los brutales asesinatos de dos jóvenes mujeres han sacudido al Atlántico y, hasta el momento, permanecen en la impunidad sin que los responsables hayan sido capturados, situación que ha socavado el corazón de los colectivos defensores de los derechos de las mujeres en el Departamento.
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Pese a que las autoridades han desplegado un sinnúmero de fuerzas terrestres y apoyo, como la famosa Patrulla Púrpura, no se han logrado los resultados que se esperan estos casos.
El primer episodio ocurrió el pasado 12 de mayo, en el sector de El Bronx, barrio de invasión del municipio de Ponedera, donde fue hallado el cadáver de Cristina Paola Escorcia González, de 19 años de edad, enterrado en el patio de una de las viviendas.
En su momento, EL HERALDO entrevistó a Juan Carlos Castro, padrastro de la víctima, quien reveló que, en el momento en que los vecinos del sector se acercaron con palas para realizar la excavación manual del cuerpo, estos notaron que la fosa era medianamente profunda, lo suficiente como para enterrar el cuerpo de la joven de forma recta o en posición vertical.
No obstante, lo más sorprendente del hallazgo del cuerpo fueron los elementos con los que estaba cubierto el cadáver, y que tenían el fin de ocultar el olor de la descomposición para que no alertara a los vecinos.
“Cuando encontramos el cuerpo de Cristina Paola vimos que estaba completamente desnuda, la cubría un cartón y había un alambre de púas. Antes de hallarla había una capa de tierra y otra de cal, incluso por encima de la fosa había restos de una basura que habían quemado como para que no quedaran rastros de nada”, señaló Castro.
Los cercanos a la víctima mencionaron que las autoridades tendrían identificado al presunto feminicida de la joven. Esta persona responde al nombre de Edwin Blas Cantillo, alias Mickey, con quien afirmaron que la joven sostenía una relación.
Si bien se decía que la víctima estaba desaparecida desde el pasado jueves 8 de mayo, esta casa editorial conoció a través de sus allegados que Cristina Paola habría sido vista el viernes 9 en horas de la tarde, en compañía de Mickey y otros sujetos en un arroyo. Incluso al día siguiente, el día sábado 10, estaba en compañía de alias Mickey en un estadero local.
“Hemos tocado fondo”
Ruth Pareja, psicóloga y vocera de colectivos que defienden los derechos de las mujeres, expresó su preocupación frente a la violenta muerte de Cristina y lo preparado que estaba todo el escenario para tratar de encubrir el hecho, evidente señal de la descomposición social y el profundo abandono institucional.
“Hemos tocado fondo, hemos llegado a los límites de una degradación social, en la que la vida pareciera que ni valiera”, sentenció Pareja al referirse al brutal feminicidio.
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La vocera considera que la misma sociedad ha normalizado tanto la violencia que los discursos de quienes luchan por erradicarla empiezan a perder poco a poco su impacto. “Yo creo que esto hay que replantearlo. Nosotros no podemos estar con un mismo discurso”, añadió, al evidenciar el desgaste emocional y operativo que sienten quienes luchan desde la sociedad civil.
“La institucionalidad no ha podido entender que este es un problema que hay que robustecer”. Para Pareja, no basta con mejorar la infraestructura física ni dotar de recursos a las entidades; es necesario un abordaje integral que incluya la intervención de todos los ministerios para así frenar poco a poco estos casos.
Torturada en trocha
Dos días después de ese lamentable episodio, otro trágico capítulo se escribió en el barrio La Milagrosa, municipio de Malambo, luego de que unos vecinos del sector hallaron durante la mañana del 14 de mayo el cuerpo de Yalileth Vanessa Grajales Vides, de 23 años de edad, amarrada y torturada en una trocha.
Peritos forenses se trasladaron hasta la escena del crimen, encontrando el cuerpo de Yalileth demacrado, producto de múltiples lesiones, principalmente en su rostro, evidenciaba de que había sido infamemente golpeada con un objeto contundente.
Pese a las heridas, el informe reveló que la causa de la muerte de la joven habría sido producto de una asfixia mecánica, puesto que a la vista se observaba un surco de presión a la altura del cuello.
EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el feminicidio de la joven de 23 años se habría perpetrado por una posible venganza, puesto que la víctima había recibido amenazas por parte de su expareja sentimental, identificada como Willian Rada, quien le habría escrito vía Facebook una semana antes de los hechos.
Tipificación del feminicidio
En Colombia, el reconocimiento legal del feminicidio como delito autónomo surgió a raíz del trágico asesinato de Rosa Elvira Cely en 2012, quien fue víctima de abuso sexual, tortura y homicidio por parte de un compañero de estudios. Este hecho conmocionó al país y motivó la creación de la Ley 1761 de 2015, también conocida como la “Ley Rosa Elvira Cely”.
Esta normativa define el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género, ya sea por su identidad de género o por antecedentes de violencia, amenazas u otras circunstancias que demuestren una intención clara de atentar contra su vida por el hecho de ser mujer.
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Lo que distingue al feminicidio del homicidio común es precisamente esa carga de violencia basada en discriminación de género, lo cual le otorga un carácter normativo independiente.
La Corte Constitucional ha subrayado que el feminicidio no solo busca proteger la vida, sino también otros derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. De esta forma, se trata de un delito pluriofensivo que busca una sanción ejemplar frente a una de las expresiones más extremas de violencia de género.
Plantón en la Fiscalía
El pasado jueves 22 de mayo, familiares de cuatro jóvenes, tres de estas fallecidas y una desaparecida, acompañados de colectivos de mujeres contra la violencia de género, se reunieron frente al edificio Manzur, sede de la Seccional Atlántico de la Fiscalía, para exigir al ente investigador celeridad en los procesos de cada una de estas jóvenes.
Se trató de los allegados de Jennifer Ortega Vega, víctima de feminicidio en Repelón, sur del Atlántico; los de la joven Valentina Cepeda Rodríguez, fallecida el año anterior en Villa Campestre, Puerto Colombia; de Isamar Algarín Torres, desaparecida en el centro de Barranquilla desde el año anterior y los de la patrullera de la Policía María Alejandra Guerrero Montiel, fallecida recientemente en extrañas circunstancias en Caribe Verde. Todos estos se unieron en una sola voz para exigir justicia.
Los familiares de Jennifer realizaron un plantón frente a la sede de la Fiscalía en Barranquilla para exigir justicia y mayor celeridad en el caso. “Nosotros tenemos temor porque para nadie es un secreto que la mayoría de los feminicidios terminan en vencimiento de términos. Siempre están los delincuentes en la calle”, expresó Julieth Ortega Vega, hermana de la víctima, en diálogo con EL HERALDO.
Ante un inclemente sol en el Paseo Bolívar, Gloria Esther Torres Chamorro y su hija Carla Algarín exigieron también celeridad a las autoridades por la desaparición de Isamar y por las muertes de varias mujeres en la ciudad.
Cabe reseñar que el pasado domingo 11 de mayo, Día de las Madres, se cumplió un año de la extraña desaparición de Isamar Johanna Algarín Torres, la barranquillera de 29 años de edad que vivía con sus tres hijas y su madre en el barrio Los Olivos, en la localidad Suroccidente de esta capital.
Torres Chamorro, progenitora de Isamar, afirmó que guarda la esperanza de que su hija vuelva algún día a su casa, a su hogar, detallando que el proceso judicial ha respondido de manera positiva frente a su búsqueda, pero sin el resultado esperado.
Por su parte, José Damer Guerrero Ortiz, padre de la patrullera María Alejandra de Guerrero Montiel, exigió de igual forma a la Fiscalía “celeridad en el proceso de su hija para que se pueda esclarecer lo más rápido posible esta situación”.
Insistió en que María Alejandra “no se suicidó”, versión que inicialmente entregaron las autoridades sobre el caso que se registró el pasado 28 de abril en la unidad residencial Vipa Azul, en Caribe Verde.
Por último, Lourdes Rodríguez Contreras, madre de Valentina Cepeda Rodríguez, recordó que la muerte de su hija sucedió en abril del año anterior y, según ella, se mantiene impune.
“Los primeros seis meses el caso lo tuvo un fiscal. Después nombraron a otros fiscales y pues ahí se está moviendo, no puedo decir que no”, expresó.
Valentina Cepeda Rodríguez, de tan solo 22 años, fue encontrada en una habitación del apartamento que compartía con su pareja en Villa Campestre, Puerto Colombia.
