Al interior de la denominada ‘Casa Blanca’ (lugar donde se centra la investigación por corrupción electoral en el Atlántico, que involucra a la hoy prófuga de la justicia, la excongresista Aida Merlano Rebolledo) operaba una 'organización a la que se le dio un funcionamiento empresarial'.
Así lo señaló el juez Jhon Rico Castro, durante la audiencia del pasado viernes, donde se le dictó condena a Edwin Martínez Salas, Jefferson Viloria Miles y Evelyn Díaz, por estar involucrados en el entramado de la compra de votos.
De acuerdo con el juez, ‘Casa Blanca’ era 'una sede donde operaba la Gerencia, un área de Recursos Humanos, un Departamento Administrativo, un área de Sistemas y un área de vigilancia y seguridad'. Rico Castro dijo que 'esta era una empresa criminal con todas las de la ley'.
'Coordinadores se denominaban a todo ese grupo de dirigentes políticos que direccionaban a los líderes que en cantidad de 2.323 personas tenían la misión de atraer los votos a la campaña', detalló el togado.
En marzo de 2018, este medio publicó un informe donde detallaba como se fraguó la compra de 73.000 votos para que Merlano llegara a una curul del Senado.
El juez, dentro de la sentencia condenatoria, ratificó lo que este medio había revelado; y es que dentro de la campaña de Merlano se llevaba una contabilidad detallada en una planilla, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada.
'El precio del voto era generalmente $50.000 y se pagaba en dos cuotas: una de $15.000 donde se expedía una contraseña, un formato de un corazón que se pagaba con la zonificación, y el excedente se pagaba después de votar y se daba otra contraseña que expedían las casas de apoyo', explicó el juez.
El monto a pagar a cada uno de los coordinadores variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida, y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto.
La compra del voto
El primer paso de la ‘Casa Blanca’ de Aida Merlano fue conseguir a los líderes y a los votantes.
'Tres meses antes de las elecciones, el líder empezó a registrar a las personas que habían zonificado por puestos de votación y por esa persona se le daban 4.000 pesos, es decir por ciudadano captado', señaló la fiscal.
Luego, en el segundo paso, a ese líder se le daba un dinero, se le asignaba un código QR, que era para su identificación. Y además se le daba una carta de instrucción, se hacía un acta de entrega del dinero, se hablaba de la logística rubro por rubro, se definía la ubicación del puesto de votación y, finalmente, se le firmaba a este una letra en blanco para garantizar el cumplimiento y el 70% del dinero.
'Estas contraseñas tenían mecanismos de seguridad para evitar su falsificación e impedir defraudaciones a la campaña. Para el 2018 se utilizaron recursos de informática con un distintivo QR', contó el juez en su lectura de fallo el viernes.
De acuerdo con el ente investigador, Edwin Rafael Martínez Salas fue quien coordinó el departamento de sistemas en la campaña de Merlano y fue condenado a 84 meses.
