El comandante de la Policía del Atlántico, coronel Henry Jiménez, manifestó ayer que se han tomado medidas de seguridad con cinco líderes sociales del Atlántico que han denunciado amenazas recientemente.
El oficial entregó esta información a raíz del asesinato del líder social Luis Cuarto Barrios Machado, ocurrido el pasado martes en el municipio de Palmar de Varela, y en referencia a los ataques contra estos gestores en otras partes del país.
'Estos líderes sociales son de las poblaciones de Palmar de Varela, Sabanalarga, Sabanagrande, Luruaco y Baranoa', informó Jiménez en rueda de prensa.
Las medidas ofrecidas por la autoridad, de acuerdo con Jiménez, son tendientes a realizar revistas periódicas en los hogares y a tener un contacto permanente vía telefónica con las personas.
'Pusimos además en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En lo que respecta a Policía hablamos con derechos humanos, el comandante de la estación y con los cuadrantes para mantener un contacto permanente y así conocer de primera mano algo que atente contra la vida de estas personas', añadió Jiménez.
Asimismo, el oficial expresó que se tenía programada una reunión con los líderes de Asocomunales del Atlántico para 'escucharlos, tratar la problemática que ellos puedan tener y estar en contacto permanente con estas personas'.
Este esquema de seguridad que citó ayer el comandante fue el que supuestamente solicitó en repetidas ocasiones el líder asesinado en el municipio de la banda oriental del Departamento, pero, de acuerdo con las autoridades, su riesgo era 'ordinario'.
Precisamente sobre la muerte de Barrios Machado, el coronel Jiménez indicó que se han hecho actuaciones de policía judicial relacionadas con algunos allanamientos y revisión de las denuncias interpuestas por la víctima con el fin de hallar pistas de los autores del atentado.
El oficial dijo que las investigaciones van por buen camino y que, probablemente, en corto tiempo se pueden dar resultados sobre los autores materiales e intelectuales.
El jueves anterior, en medio de las honras fúnebres de Luis, allegados informaron que este había denunciado ante las autoridades policiales tres ‘ollas’ de droga en el mismo número de poblaciones.
Según la denuncia el negocio de la droga es manejado por una misma familia en Palmar de Varela y esta además distribuye alucinógenos en Sabanagrande y Polonuevo.
Por esa información suministrada por la víctima la Fiscalía y Policía consiguieron decomisar droga y judicializar a quienes la comercializaban en su momento.
Voz de Rechazo
A través de un comunicado, la Unidad para las Víctimas se solidarizó con los familiares y seres queridos de los líderes sociales asesinados y amenazados recientemente en el territorio nacional.
'La Unidad para las Víctimas lamenta y rechaza el asesinato de Iván Lázaro, en Puerto Libertador (Córdoba); Luis Barrios Machado, en Palmar de Varela (Atlántico); Felicinda Santamaría, en Quibdó; David Mejía Prieto, en Montañita (Caquetá); y Ana María Cortés, en Cáceres (Antioquia). Eran líderes sociales cuyas muertes se suman a la alarmante situación de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Colombia', se leyó en el texto.
La dependencia rechazó además tajantemente el uso de la violencia contra estos individuos que desde sus roles aportan a la construcción de paz y la recuperación de los territorios en el país.
'Amenazar a un líder será un delito en Colombia'
El fiscal general Néstor Humberto Martínez pidió ayer a las autoridades redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del posconflicto, lo que ha aumentado el homicidio en 6,5% en el primer semestre de 2018.
'En medio de este conflicto se están viendo seriamente afectados los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes están librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio', afirmó Martínez Neira.
Ante la creciente amenaza sobre líderes sociales y como parte de la política pública que debe reaccionar frente a este fenómeno, la Fiscalía General de la Nación le propuso al Congreso tipificar por primera vez el delito de amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La iniciativa, que fue aprobada por el Congreso de la República, será sancionada este lunes 9 de julio, con lo cual las amenazas serán judicializadas rápidamente con penas entre 6 y 10 años de prisión. El tipo penal relativo a la amenaza requería un elemento subjetivo complejo, que exigía que causara 'zozobra social', lo que ha quedado eliminado.
Este elemento subjetivo relativizaba la amenaza, por lo que ahora se va a tener un tipo penal objetivo, y así, este tipo de coacción contra un líder o defensor de derechos humanos, será por definición un delito en Colombia.
