La fiscalía 1ra. delegada ante el Gaula desestimó la versión del presunto secuestro de un empresario por parte de tres agentes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía en Barranquilla.
'Hasta este momento de la investigación existe más lo que respecta a la detención arbitraria: el servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de libertad', aseguró la fiscal ante el Juzgado 16 Penal Municipal.
La audiencia de legalización de capturas se cumplió el jueves entre las 6:20 p.m. y las 8:40 p.m., en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. En esta se conoció lo sucedido el miércoles, entre las 6:25 p.m. y las 7:45 de la noche.
Los funcionarios que habían sido detenidos integran el Grupo de Patrimonio Económico: el subteniente Frank Curtidor Peña, jefe de la unidad, y los patrulleros Andrés Palomeque Díaz y Alberto Ricardo Madera.
INTERCEPTACIÓN
El ingeniero Boris Pryszlak Dow contó en una declaración judicial que los investigadores lo interceptaron tras haber salido de su trabajo, en una empresa de servicios electrohidráulicos ubicada en la Vía 40 con carrera 53, en el sector Barrio Abajo.
Pryszlak abordó hacia las 5:40 su camioneta Toyota Hilux y se dirigió a la calle Murillo para evitar un trancón y retomar luego la doble calzada. A los 10 minutos, en la Vía 40 con carrera 54, observó que un auto Nissan Sentra se detuvo al lado y de este descendió un hombre vestido con un jean, una chaqueta verde reflectiva y una gorra de la Policía.
Era Madera, que pistola en la mano le hizo señas para que bajara. Después descendieron Palomeque y, de último, Curtidor, sin portar prendas oficiales.
'Venía hablando por teléfono con mi esposa. Le estaba narrando todo. Ella decía que no me bajara, que arrancara', contó.
Curtidor le indicó que era un operativo y Pryszlak intentó fotografiar sus rostros, pero los agentes se los taparon. 'Tomé cuatro fotos y alcancé a enviárselas a mi esposa al celular'.
Luego de subir al auto, según el ingeniero, Madera le mostró una carpeta que contenía una orden de captura y papeles que no le dejaron leer. Curtidor se encargó de conducir la camioneta.
'Me dijo que estaba acusando por contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito (...), que alguien me había puesto una demanda por contrabando en Cartagena el 12 de noviembre de 2014', aseveró Pryszlak Dow.
UNA LLAMADA
El coronel Juan Nieto Aldana, subjefe de la Mebar, declaró a los medios el jueves que el general Ramiro Castrillón Lara, comandante, activó (por radio) un plan candado luego de recibir 'una llamada' y, 'a los tres minutos', dos patrulleros inmovilizaron el Nissan con Palomeque, Madera y el ingeniero, en la Vía 40 con carrera 51.
Pryszlak fue conducido en otro carro de la Policía, al igual que Palomeque, a la sede de la Sijín en la carrera 38 con calle 74. Curtidor llegó luego en la camioneta y Madera se quedó en la Vía 40 bajo custodia policial.
Al arribar, el empresario se acercó al Gaula y con varios familiares presentó una denuncia por secuestro.
'Se constató que contra el señor no figuraba ninguna orden de captura vigente', leyó la fiscal de uno de los informes sobre el caso.
En el Gaula estaban Castrillón y otros oficiales de la cúpula de la Mebar, que llamaron al jefe de la Sijín, el mayor Raúl Vera Castro. 'Quien manifestó no tener conocimiento del procedimiento que se estaba haciendo por los agentes', añadió la delegada.
Para la fiscal, los testimonios en la indagación apuntan hasta ahora que Pryszlak pudo ser víctima de una detención arbitraria, pero no de un secuestro.
El juez Harold Meza Galvan decretó ilegal las capturas del oficial y los patrulleros por 'no cumplir con los requisitos'. En especial, porque no en todas las actas de capturas se consignó la hora de la aprehensión.
ESTÁN FACULTADOS
Erick Del Portillo, abogado de Palomeque y Madera, manifestó ayer por teléfono que los agentes de la Sijín están facultados para realizar procedimientos de verificación de antecedentes e identidad de cualquier ciudadano, como les faculta el Código Nacional de Policía. 'Pueden retener a una persona por no más de 24 horas'.
En sus declaraciones los policías explicaron que pretendieron comprobar 'los antecedentes de una persona de la que tenían información, por fuente humana, que estaba siendo investigada o requerida por autoridad judicial'.
El abogado aseguró que lo ocurrido el miércoles, sin embargo, 'deja la sensación de que para algunos sí se aplica el Código y para otros no'.
Del Portillo precisó que los tres funcionarios siguen en servicio, pero también vinculados al proceso penal y a una indagación disciplinaria interna.
'Este caso debe dirimirlo la justicia penal militar, no la ordinaria; mucho menos debio armarse un show mediático y exponer a los servidores el escarnio público, como si se dedicaran al secuestro', puntualizó.
