Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este viernes en su mensaje anual de gestión en el pleno de parlamento la creación de una comisión de 'justicia, verdad y paz' frente a la ley de amnistía que pretende aprobar la mayoría calificada opositora de la Cámara.
Propongo aquí que establezcamos una comisión nacional de justicia, verdad y paz paritaria, que sea presidida por un venezolano de confianza pública y que establezca las bases legales, jurídicas, para ir a un proceso de paz y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos', dijo Maduro.
La oposición, aglutinada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene previsto debatir en el pleno en pocos días una ley de 'amnistía y reconciliación' con la que pretenden poner en libertad a los opositores encarcelados, una medida que Maduro ha rechazado y que ha advertido que vetará.
El jefe del Ejecutivo venezolano propuso al presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, que 'frente a la injusticia del perdón de los victimarios' se proteja a 'las víctimas, a todas', y las reivindiquen 'estén donde estén'.
Maduro señaló que con una ley de amnistía la oposición estaría 'clavándole un puñal a la paz del país', al conceder libertad a los opositores encarcelados que, dijo, cometieron un 'error político', al 'tratar de forzar la historia a través de la violencia'.
Además, puso a disposición a su nuevo vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Iztúriz, para tender un puente entre chavismo y oposición y debatir sobre ese tema y 'cualquier otro que sea susceptible y necesario de conversar por la paz'.
El nuevo Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora por primera vez en 17 años, tomó este jueves la primera medida a favor de lo que la oposición considera 'presos políticos', al aprobar un acuerdo que insta al Estado a acatar las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos referidas a opositores presos.
El acuerdo se refiere a las resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que Venezuela no forma parte desde septiembre de 2013, o de organismos de la ONU como el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias o el Comité de Derechos Humanos.
El texto aprobado exhorta al Estado a cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que instó a poner en libertad al opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada tras una manifestación que inició las protestas de 2014 y que se saldó con la muerte de tres personas.
La serie de protestas sucedidas en 2014 se saldaron con 43 víctimas mortales y decenas de heridos, entre chavistas, opositores, miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos sin adscripción política.
