El Gobierno y las Farc oficializaron este miércoles un acuerdo de justicia en el marco del proceso de paz que se discute desde hace tres años en La Habana.
En la declaración conjunta leída esta tarde por los países garantes, las partes acordaron la creación de un tribunal especial de paz, que cual tendrá magistrados colombianos y extranjeros, la cual podrá imponer penas entre 5 y 8 años de cárcel para los guerrilleros que se sometan a esta justicia transitoria.
No habrá indultos para crímenes de lesa humanidad, como la toma de rehenes, privación de la libertad, la tortura, la violencia sexual, la ejecuciones extrajudiciales.
Explica la comunicación conjunta que las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
'En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos', dice la declaración conjunta.
Según la declaración conjunta, la función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es 'acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición'.
Las Farc deberán entregar las armas en un plazo de 60 días tras la firma de un eventual acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla, según el anuncio.
