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Denunciamos públicamente el abuso continuado, durante muchos años, del Consejo Superior y el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Este abuso dio comienzo a una administración que carece de total legitimidad de origen y permanencia. Su origen es ilegítimo porque el señor Jairo Torres Oviedo fue nombrado en el cargo sin acreditar el requisito de experiencia directiva que se exigía. Mientras los otros candidatos tuvieron que certificar 52 meses, él no tenía un solo día de esa experiencia. Pero lo que si tenía era la posición privilegiada como representante de los egresados en el Consejo Superior para hacerse nombrar. Recurrió a una norma espuria, donde él y demás miembros del Consejo en 2014, legislaron en beneficio propio reconociéndose a sí mismos la permanencia en el Consejo, como “experiencia administrativa”. La experiencia directiva sólo puede acreditarse por el ejercicio de un empleo de ese nivel y a pesar de esto, el Consejo Superior cometió un nuevo e ilegal abuso: nombró a Jairo Torres Oviedo Rector de la Universidad en el 2015.


La Administración también carece de legitimidad en su ejercicio y permanencia porque el Consejo Superior, no satisfecho con el nombramiento ilícito del Rector, le extendió el período en ejercicio que era sólo de tres (3) años, en dos (2) años más, sin ninguna explicación y justificación legal. Un capricho autoritario del Consejo Superior para beneficio personal de Jairo Torres Oviedo. Esa extensión del período es contraria a la Ley porque todo el mundo sabe, al igual que los consejeros, que un cargo de período sólo dura el tiempo para el que concursó o fue elegido el funcionario, como lo ha establecido con meridiana claridad el Consejo de Estado y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sólo 6 meses hicieron dos reformas al Estatuto General y le ampliaron el período en dos años y ahora el rector Jairo Torres Oviedo tiene más tiempo en el poder que el Presidente, los gobernadores y alcaldes. Como si fuera poco el Consejo Superior le diseñó un Estatuto General que le concede poderes omnímodos, sin control del gasto y con capacidad de libre nombramiento y remoción de los funcionarios de la Universidad, que quedaron bajo su absoluto y arbitrario dominio. Pero el abuso del Consejo no paró ahí y también los Consejeros, ambiciosos de poder, se ampliaron el período en ejercicio en un año más, en beneficio propio y en evidente conflicto de intereses.

A todas estas arbitrariedades los Consejeros y el Rector responden que lo han hecho amparados en la autonomía universitaria, burlando la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha manifestado que la Autonomía tiene como límites la Constitución y la Ley. No señores Consejeros, la Autonomía Universitaria no es patente de corso para violar la legalidad y el Estado de Derecho.

Ahora la Universidad enfrenta el último de sus abusos: Convocaron el proceso de designación de Rector de la Universidad donde Jairo Torres Oviedo es candidato-rector. Sin retirarse del cargo, es obvio que no existen garantías de una elección imparcial y transparente, porque él como Rector tiene poder y dominio sobre todos los que intervienen en el proceso. Su posición es de evidente ventaja abusiva sobre los demás candidatos, porque cuenta con la obediencia de los administrativos, el aparato propagandístico de la Universidad y la presión sobre docentes y funcionarios académicos a los cuales subió al carro de su campaña de reelección.

El Rector Jairo Torres Oviedo, hace alarde del apoyo de los estamentos universitarios y de grupos sociales y políticos, lo cual justifica, según él, su aspiración a permanecer cinco (5) años más en el poder, superando en tiempo a Uribe y Santos los presidentes reelectos. Y tiene razón de hacer alarde, porque creó una narrativa falaz sustentada más en la propaganda que en los hechos, que sus amigos periodistas y políticos se han dedicado a propalar, ocultando la realidad de la Universidad. Se adjudicó así mismo la acreditación de la Universidad como un logro personal, desconociendo el trabajo de muchísimas personas como fue el caso en la Facultad de Educación que aportó cinco (5) programas de alta calidad sin los cuales la acreditación institucional sería muy difícil. De la misma forma ahora en campaña, se atribuye la gratuidad de la matrícula para hacer demagogia con los estudiantes y que lo apoyen en la consulta, cuando la gratuidad es un programa del Gobierno Nacional y la Gobernación de Córdoba. Con propaganda ha ocultado la verdadera realidad de la Universidad: ni en un solo peso ha disminuido el déficit fiscal de muchos años, por el contrario lo ha incrementado; gasto de dinero y tiempo en proyectos politiqueros como el tal Plan Paz Córdoba, un embeleco que hoy se encuentra en el cuarto del olvido y nadie, ni él, recuerda; silencio absoluto y ninguna explicación sobre los veinte (20) mil millones para la biblioteca; eliminación de derechos de los docentes y funcionarios no docentes como la matrícula para sus hijos; violación del Estatuto de los profesores con la negación total de otorgar sabáticos, modificaciones burocráticas al plan individual de trabajo de los docentes; la compra de voluntades con la amenaza de negarles derechos a los profesores como viajes a congresos académico-científicos y comisiones. Por eso hacemos desde aquí un llamado al Procurador General de la Nación y a la Ministra de Educación para que intervengan la Universidad y pongan orden. A pesar de todo esto el rector y sus áulicos han creado una leyenda mediática según la cual Jairo Torres Oviedo es el mejor e insustituible rector y con su reelección, pretenden imponernos un “estado de opinión” sobre el “estado de derecho”.

Comité Ejecutivo Siduc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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