El Gobierno Nacional intervino ayer, finalmente, una situación de suma gravedad que se venía alertando desde distintas instancias desde hace ya más de un mes. Luego de que el presidente Santos les pidiera el martes al ICBF, a la Secretaría de Transparencia y al Ministerio de Educación crear un “sistema especial contra la corrupción” en la contratación del programa de alimentación escolar, Gina Parody, titular del Ministerio, tomó las riendas de la situación y anunció que no continuará los actuales contratos para este servicio en Atlántico y Bolívar.

Es un paso en la dirección correcta, sin duda, y lo menos que se esperaba ante un escándalo de tales proporciones, puesto que la entrega de comida contaminada, mal manejada y en cantidades insuficientes venía poniendo en riesgo la salud de los niños más vulnerables con cada minuto que pasaba.

Es de lamentar y debe ser objeto de una seria reflexión, sin embargo, el hecho de que la actitud resolutiva que se vio ayer haya tardado tanto en despertar en los funcionarios, y solo haya emergido luego de que el presidente entrara en escena con un regaño. “No hay derecho a que se estén robando la alimentación de nuestros niños”, dijo Santos.

Efectivamente, no hay derecho. Y tampoco hay derecho a que se haya dejado pasar tanto tiempo para entrar a revisar la gestión de unos contratos que, además de lo delicados que son por su naturaleza, le costaron al Estado unos $14.000 millones cada uno.

En su edición impresa del 10 de julio, EL HERALDO había revelado en primicia que más del 80% de los Centros de Desarrollo Infantil, colegios oficiales y hogares comunitarios de 17 poblaciones del Atlántico les entregaban a los menores alimentos contaminados con bacterias como salmonella, y coliformes. El hallazgo lo hizo la Secretaría de Salud Departamental en un estudio microbiológico que remitió a la Defensoría Nacional del Pueblo. Esta, a su vez, realizó visitas de campo y el 10 de agosto reportó que encontró cucharas oxidadas, alimentos tirados en el piso y falta de dotación adecuada en 13 municipios de Atlántico, La Guajira y Chocó.

Lo revelado hasta ese punto ya era suficientemente alarmante pues, aunque los contratistas se comprometieron a tomar medidas correctivas, la comprobada contaminación de los alimentos exigiría realizar un examen a los niños que estuvieron expuestos a su consumo, para brindarles a sus padres garantía de que su salud no resultó afectada.

Más allá de la resolución de los actuales contratos, el Gobierno está llamado a realizar una profunda revisión a la operación de los comedores infantiles en todo el país; tarea que corresponde también a gobernaciones y alcaldías allí donde haya lugar. El plan de alimentación escolar, una iniciativa que apuesta por combatir el hambre como la primera condición para lograr una educación completa, atada a un verdadero desarrollo de los niños, debe estar blindado.

Parody advirtió que encontraron situaciones similares en Ciénaga, Sahagún y Valledupar. El contralor general, Edgardo Maya, que antes denunció la existencia de “monopolios” en la alimentación, pidió ayer el Gobierno declarar la emergencia para atender el caso. Más allá de la pertinencia o no de esta medida, un riguroso escrutinio es inaplazable.