Opinión

Vacunarse, ¿derecho individual u obligación laboral?

La disposición del Gobierno de exigir esquema completo a los trabajadores en contacto con público causa malestar entre los reticentes a la inmunización e inquietud entre los empleadores. ¿Medida de protección acertada o vacunación obligatoria enmascarada? Se abre el debate.

La exigencia de carnet de vacunación con esquema completo a empleados en contacto con clientes o desempeñando labores de atención al público desató un intenso debate sobre el sentido de la nueva disposición del Ministerio de Trabajo. ¿Se puede interpretar como una vacunación obligatoria enmascarada? Depende de quién responda. O lo que es lo mismo, del lado en el que se encuentre: si es defensor o detractor de la inmunización, proceso no exento de críticas o cuestionamientos que apunta, eso sí, a salvar la mayor cantidad de vidas en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente.

Los antivacunas, negacionistas, o quienes simplemente rechazan vacunarse, argumentan que no están obligados a recibir los biológicos. Sin detenerse a pensar en lo colectivo ni en el bienestar común, mucho menos en el deber solidario de luchar mancomunadamente contra la pandemia, esgrimen que sus derechos no pueden ser restringidos. Desde una perspectiva jurídica, tienen razón. No existe en Colombia un blindaje legal que los conduzca por la fuerza –si cabe el término– a un puesto de vacunación. Estos ciudadanos, por razones eminentemente personales, han decidido poner por encima de todo y de todos sus derechos individuales.

Sin embargo, conviene tener presente que los derechos suelen ir acompañados de deberes u obligaciones. Sobre todo en el caso de los trabajadores. Al margen de la actual emergencia sanitaria, las relaciones laborales se construyen mediante vínculos contractuales bilaterales con prestaciones de una de las partes y contraprestaciones de la otra. Así funciona. Garantizar condiciones seguras en los sitios donde se desarrollan actividades profesionales constituye en estos momentos una prioridad de salud pública.

Bajo este contexto, establecer medidas de presión, ordenadas desde el Estado a quienes se resisten a vacunarse no solo es válido, al estar amparadas en disposiciones legales con las que se busca reducir el impacto de la pandemia (Decreto 1615 de 2021), también se convierte en un ejercicio sensato de responsabilidad social para guardar la vida y la salud de la población, hoy expuesta a un mayor riesgo por la expansión de la transmisible variante ómicron, predominante ya en todo el territorio nacional.

Al mismo tiempo, la circular del Ministerio de Trabajo promueve equidad con las personas a quienes ya se les exige vacunación con esquema completo para ingresar a bares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, casinos, escenarios deportivos, parques temáticos, museos, ferias, entre otros espacios de ocio y entretenimiento. Si bien es cierto que los ciudadanos están en todo su derecho de no vacunarse, las empresas públicas y privadas de estos sectores –además de las del comercio, servicios, bancos y las notarías– podrán de ahora en adelante incorporar la inmunización como un requisito importante de contratación, con lo que los vacunados tendrían la primera opción.

Frente a los trabajadores reticentes a inmunizarse, la situación se vuelve más compleja para los empleadores. Asobares, como otros gremios, pide claridad al Gobierno sobre cómo proceder con quienes no puedan ser reubicados en posiciones sin contacto con público. La encrucijada no es menor. ¿Enfrentar demandas o tutelas de empleados inconformes o sanciones del propio Ministerio de Trabajo por incumplimiento de la disposición? Se necesitan más certezas ante un escenario tan retador para los empleadores que no encuentran respuestas precisas en la legislación laboral de cara a los inminentes reclamos de quienes se sientan vulnerados en su derecho al trabajo.

La decisión individual de no acceder a las vacunas acarrea una carga colectiva considerable, además de consecuencias. El 70 % de los pacientes covid ingresados hoy en ucis del país no se inmunizaron. El propósito de la circular del Gobierno, sustentada en la vacunación como herramienta esencial contra el virus, es indiscutible, así como el deber de los Estados de proteger a sus ciudadanos. Pero también se requiere más y mejor información sobre la eficacia de las vacunas para que los ciudadanos, aún vacilantes, decidan dar un paso en la dirección correcta para proteger su salud y la de los demás. ¡A tomarse en serio la vacunación!

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