Dos informaciones, ambas de enorme trascendencia para Colombia, vuelven a poner el foco en la situación de Venezuela, cuya crisis no hace más que agudizarse con los días  a pesar de que en ocasiones decaiga el interés informativo internacional por lo que allí sucede. 

La primera es la revelación por Semana de documentos que probarían la connivencia del régimen de Maduro con la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc acogidas en su territorio. La segunda se refiere a las nuevas denuncias de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, sobre ejecuciones extrajudiciales y torturas en el país vecino.

En general, nada de cuanto ocurre en Venezuela nos es ajeno a los colombianos, por la estrecha relación -comercial, cultural, emocional, familiar– que hemos mantenido las dos naciones hermanas a lo largo de nuestra historia.

Sin embargo, las  informaciones citadas revisten especial importancia por los efectos inmediatos y directos que pueden tener en las circunstancias actuales. Una coyuntura en la que varios guerrilleros desmovilizados de las Farc han vuelto a las armas con la pretensión de desestabilizar a nuestro país. Y en la que la presión migratoria desde Venezuela, alentada por la brutalidad y la inoperancia del régimen chavista, nos plantea uno de los mayores desafíos a que nos hemos enfrentado como sociedad en nuestra historia reciente.

Las revelaciones sobre el apoyo de Caracas a los guerrilleros colombianos es especialmente grave, pues se trata de un delito abierto de apoyo al terrorismo con el declarado objetivo de conmocionar a otro país. En tal sentido, no podemos menos que respaldar el anuncio del presidente Duque de que solicitará a la comunidad internacional que incluya a Venezuela en la lista de estados que apoyan el terror.

Sobra decir, por otra parte, que los nuevos datos de presuntas ejecuciones y torturas divulgados por Bachelet no solo nos preocupan por su impacto en la crisis migratoria, sino, por encima de todo, por el sufrimiento de las víctimas y el dolor de sus familiares, a quienes expresamos nuestra solidaridad.

Ante los últimos acontecimientos, creemos que la ONU debería jugar un papel mucho más activo contra Maduro y los suyos. Ya no basta con seguir aportando cifras sobre las dimensiones de la vesania del régimen o con formular llamados a la apertura democrática.

La ONU debe tomarse este asunto como lo que es: una de las mayores crisis humanitarias que haya sufrido nuestra región y un caso de flagrante promoción de la violencia por parte de un estado contra otro. Así de sencillo. Y así de grave.