La Sala Plenaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá mañana martes para dirimir un asunto peliagudo: si revoca o no la curul obtenida por Antanas Mockus en las elecciones legislativas del 11 de marzo.

 Mockus, exalcalde de  Bogotá y quizá el político más respetado en los sectores progresistas del país, obtuvo más de 540 mil votos en esos comicios, convirtiéndose en uno de los senadores electos con mayor respaldo popular. 

Sin embargo, dos ciudadanos demandaron su elección ante el CNE, con el argumento de que había incumplido la norma que prohíbe a los candidatos celebrar contratos con el Estado dentro de los seis meses previos a los comicios.

Presentaron como prueba un contrato por $428,5 millones suscrito entre la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto y Corpovisionarios, una fundación en la que, según certificado de la Cámara de Comercio, figuraba Mockus como presidente.

Mockus ha alegado que él delegó en 2006 esas funciones en el director ejecutivo. Sin embargo, informaciones periodísticas sostienen que el proyecto de resolución del CNE, redactado por el magistrado Bernardo Franco, ve fundado inhabilitar a Mockus por entender que su figura fue determinante para la aprobación del citado contrato.

Para revocar la curul se requieren los votos favorables de al menos 6 de los 9 magistrados del CNE, por lo que resulta temerario aventurar un resultado. 

No nos cabe la menor duda de que la presencia de Mockus en el Congreso aportaría riqueza intelectual a los debates. Nadie podrá negar, además, que la singularidad de sus actuaciones, rayanas en ocasiones en el histrionismo, contribuye a hacer menos tediosa la discusión de los asuntos públicos.

Sin embargo, la decisión de si ocupará o no la curul depende en este momento de los magistrados del CNE, y lo correcto es dejarlos que desarrollen cabalmente su trabajo, sin interferencias y presiones de ningún tipo. Ni de sectores interesados en torpedear la posesión de Mockus, ni de partidarios del líder político. Muchos de los cuales, por cierto, celebraron hace poco tiempo la suspensión del alcalde de Cartagena, Quinto Guerra,  que fue apartado del cargo precisamente por firmar contratos con el Estado dentro de los seis meses previos a las elecciones que ganó.

No se trata, ni más faltaba, de equiparar a los dos personajes. Ni de entrar en discusiones sobre si los fines del contrato de uno eran más nobles que los del otro. Lo que pretendemos transmitir es que, en todos los casos –en estos y en los que puedan surgir en el futuro–, la mejor contribución que podemos hacer a la democracia es dejar trabajar a las instituciones. 

Y analizar concienzudamente sus dictados, evitando la tentación fácil de desacreditarlas cuando sus decisiones no coinciden con nuestros deseos y de aplaudirla cuando sancionan a nuestros adversarios.