Nueva crisis institucional en Perú, donde el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra acusándolo de recibir supuestamente sobornos para adjudicar obras públicas cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014, una investigación que actualmente avanza en la Fiscalía. Con 105 votos a favor, el Legislativo declaró su "permanente incapacidad moral”, y como el actual mandatario no contaba con un segundo a bordo, el primer cargo del país quedó en manos del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien se posesionó en la mañana de este martes, en medio de fuertes tensiones políticas y protestas ciudadanas que lo califican de golpista y usurpador.
Merino es el tercer jefe de Estado del país en el actual quinquenio de Gobierno (2016-2021). Quien resultó elegido en las urnas, Pedro Pablo Kuczynski, renunció antes de ser destituido, acosado por un escándalo de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, y Vizcarra, su primer vicepresidente, que lo había sucedido en marzo de 2018, termina su mandato de manera abrupta, luego de la votación en el Congreso.
Resulta paradójico, por decir lo menos, que la lucha contra la corrupción, la más importante bandera de la administración de Vizcarra, terminó por costarle el cargo, y que además, muchos de los congresistas que lo acusaron están en el ojo del huracán por investigaciones similares.
La Constitución de Perú deja abierta la posibilidad de que el Parlamento tumbe al presidente y que el jefe de Estado pueda disolver al Congreso. Vizcarra lo hizo en septiembre de 2019 y llamó a elecciones parlamentarias, tras promover reformas para combatir la corrupción rechazadas una y otra vez por los congresistas. Como respuesta, el Congreso aprobó la suspensión del presidente de sus funciones por “incapacidad temporal” y llegó a tomar juramento de la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Enfrentamientos políticos nunca superados entre el fujimorismo, sus aliados y enemigos derivaron, en ese momento, en una caótica situación de falta de gobernabilidad. En enero de 2020, Perú renovó su Congreso, pero los enfrentamientos continuaron con acusaciones mutuas de golpe de estado, señalamientos de abuso de poder o intentos de apartarse de las normas institucionales.
La inestabilidad política del Perú no es nueva, como tampoco lo son las denuncias e investigaciones judiciales por hechos de corrupción que rodean a sus gobernantes desde mediados de los años 80. Por haber recibido supuestamente dinero de Odebrecht, dos expresidentes, Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), fueron encarcelados; un tercer exmandatario, Alan García (2006-2011), vinculado también a esta investigación, se quitó la vida, en 2019, antes de ser capturado; y el antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski (2016- 2018), está en arresto domiciliario. Ahora, sin inmunidad, Vizcarra tendrá que hacerle frente a los procesos en su contra.
Los retos de Merino, el nuevo presidente, no son pocos. Además de lidiar con el descontento popular en las calles y la arremetida de sectores políticos cercanos al destituido Vizcarra, tendrá que preparar las elecciones generales de abril de 2021 y seguir afrontando las devastadoras consecuencias de la Covid-19, que deja más de 34 mil muertos y el desplome de su economía, una de las más golpeadas de América Latina por la pandemia.
Perú merece regresar, cuanto antes, a la senda de la estabilidad democrática con la garantía de un gobierno honesto y un congreso comprometido a legislar buscando el bienestar de los ciudadanos, muchos de los cuales están hartos de la constante pugnacidad entre sus poderes. Es justamente el electorado el que tendrá la última palabra para definir el futuro político del país de Pachacútec.
