La que termina ha sido una semana de infarto para Monómeros, la empresa productora de fertilizantes para el sector agroindustrial –filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven)– convertida en objeto de una álgida disputa política y ahora jurídica. Tras cuatro intentos fallidos, la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) aceptó finalmente el registro de un nuevo gerente y junta directiva, presentado por el Gobierno de Nicolás Maduro. Como se esperaba, su actual administración designada por el sector de la oposición liderado por Juan Guadió, no tardó mucho en confirmar que elevará recursos de reposición ante la CCB y de apelación ante la Superintendencia de Sociedades para oponerse a la inscripción.

Su principal argumento es que “el acta no se ajusta a la ley” porque, a su juicio, Pequiven es un tercero ajeno a la compañía. Lo cual podría no ser una reclamación válida si se tiene en cuenta que la estatal venezolana, poseedora del 86,21 % de las acciones, aparece como su socio mayoritario. En cualquier caso, Monómeros está en todo su derecho de interponer las acciones que estime convenientes. En este sentido, la normatividad colombiana ofrece mecanismos institucionales y legales para dirimir controversias de esta naturaleza con plazos definidos. Por consiguiente, se da como un hecho que antes de que el trámite finalice completamente, no quedará en firme el registro de la nueva junta del oficialismo, con lo que las tensiones no desaparecerán en el corto plazo. Saber cuánto tiempo demorará es lo que aún está por verse. 

Quien se aventuró con rapidez a dar un concepto sobre el proceso, porque cuenta con información de primera mano para hacerlo, es el recién posesionado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. El exsenador barranquillero dijo: “El cambio de junta en Monómeros no es inminente. Faltan varios meses”. Ciertamente, la batalla legal que las dos juntas darán por su control apenas comienza. Pero hasta ahora, lo que resulta evidente, tras la llegada al poder de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de Colombia, y de los primeros pasos, incipientes pero firmes, que se han dado para asegurar el restablecimiento de las relaciones bilaterales y la reapertura de la frontera en términos favorables para los habitantes y sectores productivos de ambos lados, es que las condiciones políticas son totalmente distintas a las de los últimos cuatro años. Hoy el reconocimiento de ambos Gobiernos hace la diferencia. 

Todo este escenario tiene efectos importantes en el propósito de hacer realidad el vaticinio del propio embajador Benedetti. Monómeros regresará a quien “le pertenece”, dijo hace diez días sin dar más detalles, pero los recientes hechos ratifican sus palabras. Cuando finalmente esto ocurra, se deberá llegar a un pacto de honor entre los dos gobiernos para seguir garantizando la buena salud de una empresa que el año pasado logró ingresos operativos por un billón de pesos –25 % más que en el 2020–, que genera 1.600 empleos y abastece a 800 mil agricultores en Colombia, el 50 % del mercado nacional, y casi el 90 % del Atlántico. 
Ahora que todos los caminos conducen a Roma, la Superintendencia de Sociedades, entidad que tendrá la última palabra en la controversia entre las juntas de la empresa y que había levantado el grado de supervisión de control impuesto en agosto de 2021 por situaciones críticas subsanadas durante el último año, deberá precisar que Monómeros no solo no está quebrada, sino que cuenta con la Ofac, la licencia otorgada por Estados Unidos para que adelante transacciones internacionales, pese a las sanciones financieras de Washington contra el régimen de Maduro. Que no se pierda esta condición es un asunto vital para la estabilidad futura de la compañía, una de las columnas de la estrategia de soberanía alimentaria comprometida por el actual Gobierno que buscará aumentar la productividad del campo. 

Como ocurrió en el caso de la prepotente petición del dirigente chavista Diosdado Cabello, quien reclamó la extradición de opositores residentes en el territorio nacional, solicitados por la justicia venezolana, a la que el presidente respondió con un más que acertado lacónico: “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”, que no falte la claridad o la contundencia para que se ponga de relieve, las veces que hagan falta, a los nuevos directivos de Monómeros o al mismo Maduro, quien lo sabe de sobra, la importancia estratégica de esta compañía para el Atlántico y el resto del país.