Son escalofriantes las revelaciones hechas por los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alrededor de una de las páginas más infames de la historia reciente de Colombia, la de los ‘falsos positivos’, que lamentablemente aún no termina de escribirse. 120 personas en estado de indefensión fueron asesinadas en el Catatumbo, Norte de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008, a manos de miembros del Ejército, y presentadas ilegítimamente como bajas en combate.Una macabra política institucional de incentivos y conteo de cuerpos con la que uniformados dieron cumplimiento a un absurdo indicador oficial de éxito militar instaurado por sus propios comandantes, que les exigían “bajas” a “como diera lugar” haciendo uso de todos sus poderes y facultades legales, recursos públicos y procedimientos institucionales. Una asociación criminal en toda regla que provoca vergüenza inenarrable.

Pese a que los mandos militares insistieron hasta el cansancio durante años que se trató de errores o casos aislados, la investigación ratificó lo contrario. No fueron hechos espontáneos ni esporádicos cometidos por unas pocas ‘manzanas podridas’ en el interior de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería 15. Detrás de esos gravísimos crímenes existió una actuación planificada y deliberada ejecutada como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, a la que además se estigmatizó. Un patrón criminal aterrador en el que también se falsearon pruebas y obstaculizaron procesos para ocultar la verdad y evadir el proceder de la justicia ordinaria que logró, en los últimos años, algunos avances en investigaciones, medidas de aseguramiento y condenas.

Ni impunidad ni olvido frente a la infamia de los ‘falsos positivos’ en los que la justicia restaurativa con independencia y autonomía apuesta por esclarecer la verdad y reparar a las víctimas contribuyendo a la búsqueda de la paz y la reconciliación entre los colombianos, como es su mandato.  La imputación a 11 personas, entre ellas un general, otros seis oficiales, tres suboficiales y un civil, como máximos responsables de crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, constituye un paso trascendental en la determinación de responsabilidades penales frente al conflicto armado que aún nos desangra. No seremos capaces de sanar las heridas de esta guerra cruel si los victimarios no se reconocen como autores de sus crímenes ante las víctimas. Los perpetradores tienen la última palabra. Si no lo hacen o niegan su responsabilidad, o si la JEP considera que no hay reconocimiento ni aporte a la verdad plena, podrían ser condenados a 20 años de cárcel.

Colombia necesita saber toda la verdad sobre los 6402 ‘falsos positivos’. Este es el camino que debemos transitar para construir memoria colectiva y conocer a profundidad lo sucedido, como reclaman padres, esposas, hijos y demás seres queridos de quienes fueron miserablemente asesinados en el Catatumbo, tras ser seleccionados en procedimientos irregulares de inteligencia, o reclutados –mediante engaños– en otras regiones. Luego de esta imputación, se avecinan otros seis autos de determinación de hechos y conductas por casos similares en Antioquia, Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta, gracias al trabajo conjunto entre entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, la contrastación de procesos a cargo de la jurisdicción ordinaria y la penal militar, el análisis del acervo probatorio, y un asunto clave: las versiones de los comparecientes, que en algunos casos se autodenominaron “instigadores” de esta barbarie. Tirar de la madeja de las ejecuciones extrajudiciales es fundamental para continuar atando cabos y estableciendo la eventual participación de niveles superiores, por acción u omisión, a lo largo de la cadena de mando. Saber quién dio la orden es lo que con  mayor insistencia reclaman las víctimas.

La JEP funciona y articula con determinación y diligencia todos los medios a su alcance para administrar justicia, establecer responsabilidades penales y satisfacer los derechos de las víctimas. Sus funciones son esenciales para lograr resultados que contribuyan a esclarecer los horrores del conflicto armado, y evitar que crímenes atroces como estos vuelvan a causar un sufrimiento tan intenso en el país.