La historia se repite con milagrosa insistencia. Luego de permanecer días bajo toneladas de escombros, niños y hasta bebés logran ser rescatados con vida en La Guaira, gracias a la heroica gesta de un ejército de brigadistas que no conoce lo que es darse por vencidos. Lamentablemente, en muchos de estos relatos, sus padres no corren con tan buena suerte.

No cabe duda de que una semana después del doble terremoto de Venezuela, las imágenes que deja la catástrofe son imposibles de borrar. Pero pocas resultan tan demoledoras como las de pequeños deambulando entre las ruinas de sus casas o barrios en busca de sus seres queridos, esperando volver a verlos para abrazarse a ellos. Ese es uno de los peores rostros de la inconmensurable tragedia que afronta el vecino país. Más allá de las estremecedoras cifras de muertos, heridos y desaparecidos, que se cuentan por miles, subyace una pregunta que debería convertirse en la máxima prioridad del planeta entero: ¿cómo garantizamos la seguridad de tantos menores atrapados hoy en la más desgarradora vulnerabilidad posible?

Las advertencias hechas por Unicef son tan contundentes como alarmantes. Miles de niños se encuentran separados de sus familias, otros sobreviven solos en hospitales colapsados y muchos vagan sin alimentos, agua ni un adulto que asegure su cuidado o bienestar. En medio de tanto dolor, el riesgo de trata de personas, secuestro, explotación o desaparición aumenta dramáticamente. La respuesta no debe limitarse únicamente a los rescates físicos.

Identificar a los menores; reunificarlos con su familia cuanto antes; brindarles atención médica, apoyo psicológico permanente y espacios seguros constituye un imperativo moral impostergable. En últimas, proteger a la infancia debe ser uno de los ejes centrales de la respuesta humanitaria internacional porque es garantía para blindar el futuro de la nación.

Esta tragedia terminó por romper las costuras de un país inviable que acumulaba una extrema fragilidad institucional, social y económica, inducida en forma deliberada por el régimen cleptócrata que lo gobierna hace 27 años. Hospitales desbordados, infraestructura sanitaria destruida, servicios básicos colapsados y organismos de socorro incapaces de responder con la rapidez que demanda una emergencia de semejante magnitud revelan el deterioro de un Estado, otrora próspero y pujante, que debilitó sus capacidades esenciales.

Más elocuentes aún son las imágenes de ciudadanos indignados, reclamando a los militares que en las zonas de desastre hacen falta menos fusiles y más palas para rescatar a víctimas.

Ciertamente, la catástrofe obliga a revisar el papel del Estado. El Ejecutivo de la chavista Delcy Rodríguez no puede ignorar las duras críticas dirigidas a unas fuerzas armadas cuya presencia es percibida como insuficiente para atender las crisis, pese a haber demostrado durante años una enorme capacidad para controlar y reprimir a quienes pedían libertad. La protección de los ciudadanos representa la esencia misma de cualquier autoridad legítima, y esa legitimidad también se pone a prueba cuando la amenaza se origina en la naturaleza.

Es también repudiable la politización que hacen de la ayuda humanitaria y, aún peor, del sufrimiento de su gente. Impedir o dificultar el arribo y entrega de donaciones, restringir iniciativas de civiles o convertir la asistencia en un instrumento más de disputa partidista es una afrenta para las miles de familias que esperan alimentos, medicamentos y noticias de sus desaparecidos. Ningún cálculo político puede prevalecer sobre el deber de salvar vidas.

Por esta vez, el régimen debería aparcar su habitual mezquindad, ese egoísmo maniqueo que lo impulsa a encontrar justificación moral para todos sus incuestionables desafueros, mientras deshumaniza a quien piensa distinto para hacerles daño sin sentir culpa alguna y se vanagloria de su ausencia de autocrítica, porque se cree que es parte del ‘bando del bien’.

Ante la falta de información u opacidad del estrecho círculo de poder en Venezuela sobre la tragedia, los debates están siendo inevitables. Uno de ellos señala que será indispensable establecer si la magnitud del desastre obedeció en gran parte al estado de las edificaciones colapsadas, muchas de ellas construidas por el programa oficial de vivienda, denunciado por deficiencias estructurales, hechos de corrupción e incumplimiento de normas técnicas. Investigación que deberá adelantarse con independencia y rigor, porque reconstruir sin esclarecer claras responsabilidades solo abriría la puerta para repetir esos mismos errores.

La experiencia internacional ha demostrado que catástrofes, como esta, pueden ser puntos de inflexión. Algunos países actuaron a tiempo para modernizar sus instituciones y fortalecer sus capacidades; otros profundizaron sus crisis por la corrupción, la improvisación y el sectarismo. Venezuela encara ahora esa misma disyuntiva ante la revolución del dolor.

Así que su futuro dependerá menos de la magnitud del terremoto que de la calidad de las decisiones que adopte en adelante. Reconstruir viviendas será insustituible; reconstruir la confianza ciudadana, la institucionalidad democrática y la capacidad del Estado para poder proteger a su población será, en cambio, la condición que determinará si de esta tragedia emerge un país más fuerte o simplemente otro capítulo de una decadencia ya prolongada.

Solidaridad con Venezuela, con la grandeza de su bravo pueblo que está en nuestro corazón.