El aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 muestra que el Gobierno afinó el método para su cálculo, pero no resolvió el problema de fondo. La decisión del Ministerio de Salud revela un esfuerzo por blindar técnicamente la estimación, elevar la exigencia sobre la calidad de los datos y responder —al menos en parte— a los insistentes llamados de la Corte Constitucional. Sin embargo, una cosa es mejorar la trazabilidad y otra muy distinta garantizar la suficiencia financiera de un sistema que sigue operando al límite.

Es evidente que el ajuste de la UPC tiene un sustento técnico mucho más robusto que el de un año atrás. La validación reforzada de costos, el cruce de información con la facturación electrónica y la participación directa de las EPS en mesas técnicas son algunos avances relevantes. Si bien es cierto que hubo un progreso metodológico, este no redefinió el diseño del sistema ni corrigió su fragilidad estructural. La red prestadora continúa asfixiada por sus muchos problemas de liquidez, rezagos en la cartera y una solvencia cada día más precaria.

El incremento del 16,48 % para el régimen subsidiado responde a una orden expresa de la Corte Constitucional para nivelarlo financieramente frente al contributivo. Sin duda, es una corrección necesaria y justa, que cierra una brecha histórica y puede aliviar la operación en territorios donde el subsidiado es dominante, como han reconocido actores del sistema. Pero no puede considerarse como un salvavidas automático porque la nivelación no elimina los déficits históricos que arrastra, ni resuelve fallas de contratación, ni de flujo de recursos.

Respecto al aumento del 9,03 % para el régimen contributivo, agremiaciones, hospitales y organizaciones de pacientes coinciden en que es insuficiente. En ese régimen se concentra el mayor gasto en salud y la mayor presión asistencial. Con una siniestralidad que ya supera el 105 % y un déficit operativo que supera los $10 billones, el ajuste aprobado no cubre los costos reales ni garantiza los pagos oportunos a las IPS ni la continuidad en la atención. El riesgo es evidente: más glosas, cierres de servicios y barreras adicionales para los usuarios.

A esto se suma una decisión que agrava la incertidumbre del sector: el Gobierno dijo que no reconocerá el rezago de la UPC de 2024, pese a lo solicitado por la Corte Constitucional. El Minsalud se ampara en la recomendación de la Comisión Asesora, pero el vacío persiste. Si el juez constitucional declaró la insuficiencia y ordenó los ajustes, el sistema necesita claridad, no silencios técnicos. Cada atraso no atendido termina trasladándose a los actores.

Por si fuera poco, el escenario se vuelve aún más complejo con el alza del 23,7 % del salario mínimo. El incremento, con impacto directo en los costos laborales del sector salud, no fue incorporado en el cálculo de la UPC. Por tanto, la desconexión salta a la vista: mientras los gastos crecen a ritmo acelerado, los ingresos avanzan a paso lento. Así la cosas, el resultado previsible apunta a una mayor presión financiera, especialmente sobre las EPS intervenidas por el propio Gobierno, las que peor van, y sobre una red prestadora que ya está debilitada, como lo ratifica el diario y doloroso peregrinaje de los usuarios en busca de medicamentos.

No está de más insistir en que el debate alrededor de la UPC no debe verse como algo ideológico o retórico. No. Es un asunto técnico y operativo. Sin suficiencia demostrable ni reconocimiento de rezagos, tampoco coherencia entre costos y prima, como los analistas han demostrado, el sistema seguirá caminando al borde del colapso. La Corte fue clara, pero parece que no la escuchan: no bastan incrementos nominales ni narrativas políticas. Salvar al sector requiere evidencia, transparencia y decisiones que protejan, de verdad, el derecho fundamental a la salud. Hoy, pese a las acciones, esa garantía vital continúa en entredicho.