Si algo ha caracterizado al Gobierno nacional de turno es la inestabilidad institucional producto de la modificación permanente de ministros y altos cargos del Estado. En los últimos 3 años, desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, al menos 60 funcionarios han pasado por las distintas carteras. Y en la de Transporte, una de las más importantes en la arquitectura institucional del Ejecutivo por los recursos y sectores que maneja, han pasado cuatro.

El primero del gobierno progresista fue Guillermo Reyes, quien solo duró 8 meses en el cargo; el segundo fue William Camargo, 15 meses; el tercero, María Constanza García, apenas 7 meses; y hoy dirige la cartera de transporte, desde enero de este año, María Fernanda Rojas.

Al tiempo que el Ministerio de Transporte ha cambiado de timonel, lo propio ha pasado en los principales institutos descentralizados adscritos a este despacho, particularmente en la Agencia Nacional de Infraestructura. Por la silla de la presidencia de la ANI han pasado cinco personas, desde el propio exministro Camargo Triana hasta el actual presidente, Óscar Torres Yarzagaray, quien asumió en marzo de este año. Como quien dice cada 7,4 meses la importante agencia estatal cambió de dirigencia.

Este contexto solo para pasar a analizar qué tanto ha podido impactar esta inestabilidad en las soluciones que reclaman las comunidades. Caso puntual que ha sido noticia este fin de semana lo relacionado con la Vía al Mar y la caseta del peaje Papiros. El sábado la ANI emitió un comunicado de prensa en el que informó que no entregará a la Gobernación del Atlántico la Unidad Funcional 4 del proyecto concesionado Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

La razón, según la ANI, es porque le había advertido a la Administración departamental que “era necesario acreditar la disponibilidad de los recursos asociados al Capex pendiente de amortizar y al Opex por ejecutar, aspecto que la Gobernación no logró demostrar en el marco de los análisis realizados”.

Lo cierto es que, como reposa en el acta del acuerdo suscrito y firmado el 5 de septiembre de 2024, de lo que se habló y se acordó estructurar fue la operación y mantenimiento de los 12 kilómetros correspondientes a la Vía al Mar entre la Circunvalar y la entrada a Puerto Colombia. Las partes se dieron 60 días para protocolizar y legalizar la propuesta, pero pasaron más de 370 días para que se produjera una respuesta de la ANI.

Por ello la enérgica respuesta del gobernador Verano que le reclama y exige a la Agencia Nacional de Infraestructura respetar los acuerdos firmados. Para la Gobernación, “resulta absurdo” que ahora la ANI pretenda que esta se haga cargo de indemnizar al concesionario –se refieren en el comunicado a los recursos del Capex, que son las inversiones de una empresa para cumplir con su operación–, cuando eso nunca se contempló en las mesas y negociaciones para buscarle una solución definitiva al conflicto social generado por el cobro del peaje Papiros.

El acuerdo de desafectar la vía y que la Gobernación asumiera su operación y mantenimiento se logró después de 27 mesas técnicas y de diálogos que se hicieron en busca de atender las demandas de las comunidades afectadas. 13 meses después de la firma del acuerdo, de que la Asamblea del Atlántico expresara su disposición de aprobar las vigencias futuras para que el Departamento asumiera el control y mantenimiento del tramo vial, la incertidumbre se cierne sobre lo qué pasará finalmente con la caseta del peaje, en tanto que la comunidad sigue a la espera de una solución definitiva.

Por ahora la suspensión del cobro para los vehículos categoría I y II se mantiene hasta noviembre de este año, como se mantiene desde 2023. Pero los problemas de movilidad y seguridad vial, uno de los principales reclamos de los usuarios de la vía, siguen sin resolverse porque no hay inversión del concesionario, que por supuesto espera que se defina de una vez por todas la situación.

Sin inversiones, con más y más diagnósticos pero sin soluciones, la Vía al Mar y el peaje de Papiros sigue siendo un dolor de cabeza para el Atlántico, que no tiene otra opción, por el momento, que seguir al vaivén de la ANI y la rotación interminable de funcionarios. Así no hay política pública o programas que avancen. ¿Hasta cuándo?