La consulta universitaria que definió los cinco candidatos para la rectoría de la Universidad del Atlántico —una de las instituciones públicas más importantes de la región Caribe— dejó un sabor amargo. Lo que debía ser un ejemplar ejercicio de autonomía, transparencia y madurez democrática dejó al descubierto reprochables prácticas clientelistas, calcadas de la politiquería tradicional que permearon las votaciones del jueves 2 de octubre, en las que estaban convocados a participar más de 22 mil estudiantes y 360 docentes en sus seis sedes.
Más allá del resultado, este crucial proceso, lejos de fortalecer o consolidar la legitimidad del futuro rector, cualquiera que sea el elegido, ha hecho saltar las alarmas sobre la captura de los espacios académicos por perniciosas lógicas electorales que generaron desconfianza.
Desde el arranque, y en EL HERALDO no hemos sido ajenos a ello, cada paso previo que se ha dado hasta llegar a la determinante consulta se ha visto envuelto en controversias. Por eso no extraña que durante la jornada electoral los ánimos caldeados, debido a presiones e injerencias, intentos de sabotaje e intromisión de terceros –ajenos a los estamentos de la comunidad universitaria–- y hasta señalamientos de compraventa de votos derivaran en agresiones físicas, enfrentamientos y desmanes que casi dieron al traste con las votaciones.
Fue un espectáculo bochornoso que retrató las tensiones acumuladas durante semanas de recurrentes denuncias sobre anomalías e irregularidades advertidas por los mismos líderes estudiantiles, que con insistencia alzaron su voz para reclamar garantías ante la falta de transparencia, la ausencia de información sobre las hojas de vida de los aspirantes y la permisividad de la institucionalidad frente a prácticas que vulneraron el espíritu académico.
En consecuencia, nadie puede decir que no vio venir lo que finalmente ocurrió. El que señale lo contrario, miente. ¿O es que acaso se considera normal que durante los días previos a la consulta las actividades en sede norte se vieran alteradas por conciertos pagados, mítines disfrazados de actos culturales, comandos electorales visibles en todos los rincones del campus y la circulación abierta de propaganda? Fue una campaña contaminada basada en intereses cruzados, clientelismo y maquinarias, en la que se compraron lealtades con el respaldo de estructuras políticas locales y se negociaron adhesiones entre los candidatos.
Hoy por hoy, ya la suerte está echada. El actual rector, Danilo Hernández, quien acreditó su aspiración continuista luego de un cuestionado proceso de reforma estatutaria, ganó la consulta. Pero eso no certifica su reelección, porque el que finalmente decide es el Consejo Superior. Eso sí, avalado por su gestión y con el respaldo de un sector del charismo, es uno de los más firmes aspirantes. Le sigue en votos Álvaro González, vicerrector de Bienestar Universitario, quien habría sellado una alianza con el exsenador Eduardo Pulgar. En tercera posición quedó Leyton Barrios, conocido por ser la principal carta de la casa Char en la puja.
En cuarto lugar se situó Wilson Quimbayo, abogado y docente universitario, el candidato del Gobierno nacional, como lo confirmó el ministro del Interior, quien no disimuló su preferencia. Y el listado de elegibles lo cierra Alcides Padilla. Es lamentable que ni una sola de las candidatas que fueron habilitadas en el proceso hubiera persistido en su aspiración.
Quien resulte elegido por los nueve miembros del Consejo Superior, en la definitiva sesión del día 10 de octubre, deberá asumir una responsabilidad adicional: restablecer la confianza erosionada en sectores de la comunidad educativa por este proceso empañado por serias alertas de irregularidades. No es tolerable que la Universidad del Atlántico, institución de naturaleza crítica y formativa, defensora a ultranza de la autonomía universitaria, que superó años de postración, crisis administrativas, paros académicos o protestas, caiga a estas alturas en las garras del voraz clientelismo político del Gobierno nacional o los locales.
Les corresponde a sus distintos estamentos la inquebrantable tarea de luchar por procesos transparentes, basados en méritos, visión institucional y compromiso ético. Porque si la universidad se dedica a reproducir las miserias de la politiquería, no podrá cumplir con su misión transformadora de la sociedad. Este episodio de oportunismo electoral e injerencias externas ha demostrado que el verdadero reto de la Universidad del Atlántico no ha sido la escogencia de su próximo rector, sino la defensa del carácter de lo público, autónomo y académico. Aunque, a decir verdad, ese gran desafío, por el momento, aún está por verse.
