Coincidiendo con el anuncio de la Registraduría Nacional del Estado Civil de adjudicar el contrato para el manejo logístico de las próximas elecciones a un consorcio encabezado por la firma privada Thomas Greg & Sons, el presidente Gustavo Petro redobló sus infundados señalamientos sobre la falta de “transparencia” de los comicios legislativos y presidenciales.

Sin presentar pruebas ni evidencias sobre sus declaradas sospechas, Petro siembra dudas para alentar desconfianza ciudadana sobre la legitimidad y credibilidad de un sistema electoral que ha demostrado ser eficaz e idóneo debido a la solidez institucional de sus mecanismos antifraude. Lo más paradójico de su insidioso relato es que la organización contra la que hoy arremete con alevoso cálculo político es la que le ha permitido a él y a sus partidarios elegir y ser elegidos. No una, sino en múltiples ocasiones en los últimos 25 años.

Es más, Thomas Greg & Sons, la empresa que le causa tanta animadversión al mandatario, a tal punto de hacerlo afirmar que puede cometer fraude físico, es la misma contratada por la Registraduría para cumplir las mismas funciones logísticas y de servicios de esos procesos.

Ante los recelos de Petro, los tres últimos registradores aclaran que a la firma no se le conoció ni mucho menos comprobó irregularidad alguna, mientras que la Registraduría defendió la transparencia de su convocatoria plural, abierta y pública. Cierto que en 2018 el Consejo de Estado la exhortó a adquirir un software de escrutinio propio, lo cual ocurrió. Este es propiedad de la organización electoral, no lo opera una empresa privada, el Pacto Histórico tuvo acceso a su código fuente para auditarlo, como el resto de partidos. Lo que hace Thomas Greg se limita al preconteo, no al escrutinio de votos, potestad de los jueces.

De manera que los cuestionamientos de Petro le abren al país serios interrogantes acerca de sus verdaderas intenciones. Porque a tenor de sus estrategias políticas, entre esas el intento de colonizar los poderes públicos, la victimización constante o las maniobras de distracción para enmascarar su menguada gobernabilidad, es probable suponer que esté buscando preparar el terreno para ‘cantar’ fraude ante una eventual derrota en 2026. Tal es la desconfianza e incertidumbre extendida por el jefe de Estado que algunos sectores no descartan que trate de maniobrar para aplazar las elecciones, aunque él ya salió a negarlo.

A decir verdad, esa es una manida tendencia de gobiernos progresistas de América Latina, también de algunos líderes populistas o narcisistas sin escrúpulos, como el propio Donald Trump, todo un maestro en alimentar teorías conspirativas para desconocer resultados electorales que le son adversos. ¿Eso es lo que pretende el mandatario con su actual arremetida contra la Registraduría? ¿O su renovada hostilidad contra la entidad que por mandato constitucional organiza los procesos electorales responde a su recalcitrante libreto de descrédito contra Thomas Greg & Sons, a la que tiene entre ojos desde 2023 por la licitación de pasaportes, un asunto que ha revelado los desajustes internos de su Ejecutivo?

Por donde se mire, las irresponsables afirmaciones del mandatario son de una enorme gravedad. Primero, porque sabotean los esfuerzos que hace su mismo gobierno, los grupos políticos, el conjunto de instituciones públicas y los representantes de la sociedad civil, reunidos en la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En consecuencia, trece partidos de oposición e independientes rechazaron asistir al encuentro de esa instancia, convocado por el Ministerio del Interior, alegando “falta de garantías mínimas” del Gobierno de cara a los comicios.

Segundo, sus intrigantes mensajes en la red social X muestran un desconocimiento, real o ficticio, sobre el funcionamiento del sistema electoral, al insistir que la unión temporal puede manipular el resultado final de los comicios Es insólito que el presidente agite el fantasma de un fraude para arrojar agua sucia sobre un proceso democrático que está en obligación de preservar. No en vano, partidos políticos y candidatos asumen que no cuentan con las garantías mínimas de seguridad y confianza que su gobierno debe ofrecerles. Claro que sobre las elecciones de 2026 pende una grave amenaza, pero no del origen que Petro nos quiere hacer ver, sino de proselitismo armado, de constreñimiento de grupos armados ilegales en los territorios. De eso sí que no se habla.

Si el presidente Petro o quien sea tiene pruebas sobre un fraude, que las presenten. Pero no intenten deslegitimar de forma tan descarada la esencial labor de la Registraduría. Su patético intento de crear una narrativa de farsa electoral también es una deriva antidemocrática. Que ninguna institución ni poder público entre en su rocambolesco juego.