Dice el refranero popular que “más fácil cae un mentiroso que un ciego”. De manera que en la región Caribe guardamos la esperanza de que más temprano que tarde se conozca la verdad sobre la cada vez más dramática crisis de Air-e. El espejismo de la intervención, con la cual el ‘Gobierno del Cambio’ saldría al rescate del pueblo, desesperado por las elevadas tarifas de energía e indignado por la limitación en el suministro del servicio, se desvaneció rápidamente. Porque lo que había detrás de su estrategia nunca fue transparente ni creíble.

Han transcurrido casi 300 días desde la toma de posesión de Air-e por la Superintendencia de Servicios Públicos, tiempo en el que su realidad financiera, administrativa y operativa ha pasado de castaño oscuro. Intervenir para desmejorar, como aquí ha sucedido, retrata la improvisación, desconocimiento e impericia de quienes han estado al frente del que hasta ahora ha sido un estéril e infructuoso proceso de salvamento. Y para su mayor descrédito, este también se encuentra en el ojo del huracán por una investigación que realiza la Fiscalía sobre supuesta corrupción en contratos y el manejo de recursos durante el actual periodo.

Cuatro interventores y dos superintendentes después, en Atlántico, Magdalena y La Guajira seguimos esperando que se construya o revele, si es que acaso existe, la prometida solución empresarial a largo plazo que encauce el rumbo de la empresa. A cambio, lo que vemos es un escandaloso aumento de deudas por impagos, en especial con generadoras de energía y proveedores que se sitúa en $1,3 billones, desde septiembre de 2024. En definitiva, Air-e sobrevive de milagro. O cabría señalar más bien, sus usuarios la resisten como pueden, pese a que no honra compromisos ni ejecuta inversiones de modernización de la infraestructura.

Dice Edwin Palma, ministro de Minas y Energía e interventor de Air-e durante cuatro meses, que la compañía afronta una “situación delicada”. Díganos algo que no sepamos, para, renglón seguido, indicar que la “intervención no es juego”. Sin discusión. Lamentablemente, la ausencia de decisiones de Superservicios, Hacienda y su propia cartera, que ya deberían haberse puesto de acuerdo para tomarlas, revela el desinterés e incapacidad del Ejecutivo para solventar una crisis que crece sin control, mientras adquiere una dimensión nacional.

Si buena parte del Caribe se apaga porque Air-e se queda sin oxígeno, es decir, sin recursos suficientes para hacerles frente a sus compromisos financieros con los demás agentes del sector, debido a que el Fondo Empresarial de la Superservicios no le garantiza flujo de caja, como es el deber ser de las cosas, el resto del mercado nacional de la energía terminará choqueado. Ergo, ninguna retórica del ministro Palma, por sofisticada o visceral que sea, con la que pretenda justificar la inacción de la intervención o responsabilizar hábilmente a la clase política o empresarial de la región de las obligaciones asumidas por el Gobierno el día mismo en que se hizo cargo de la empresa, minimizarán el impacto de la posible debacle.

La maniobra petrista nos convenció de que el Gobierno asumiría con recursos de la nación el pago de la opción tarifaria para reducir tarifas. Medida grandilocuente, populista e inviable que el jefe de Estado lanzó al viento durante un efusivo discurso en Barranquilla, hace casi 14 meses. Ya sabemos que su verborragia no tiene remedio y el anuncio que carecía de aval legal nunca se concretó. Camacho, antes, y Palma, ahora, han intentado eludir su responsabilidad frente a una promesa rota, culpando a los congresistas que hundieron la ley de financiamiento, el santo grial que iba a salvar al país de todos sus males. Eso es lo que piden que creamos como parte de su objetivo de desviar la atención de lo fundamental.

Ahora el ministro interventor anuncia para la última legislatura del Congreso un proyecto de ley sobre tarifas de energía eléctrica, en el que confirma que los estratos 4, 5 y 6, más comercial e industrial, asumirán los saldos de la opción tarifaria. Palabras más, palabras menos, Palma les quiere imponer a los que considera los “más ricos de Colombia” pagos adicionales a la contribución que ya hacen sobre el valor de sus consumos mensuales con los que subsidian a los hogares de estratos 1, 2 y 3, y al pago de su propia obligación. ¿Es en serio? ¡En muchos casos, son familias de clase media y apenas pequeños comerciantes!

Socializa Palma su proyecto con la ciudadanía en territorio. Necesario. Pero, ¿y qué pasa con los agentes del mercado o congresistas? En vez de concluir que la mejor defensa es un ataque debería sumar fuerzas, no antagonistas, como sus recientes posiciones altisonantes indican. Su iniciativa de desmontar el cargo por confiabilidad, el seguro que le ha permitido al país contar con inversiones para garantizar su seguridad energética en los últimos 30 años, añade más ruido o presión a un debate que demanda serenidad. Tratar de bajar tarifas a expensas de desestabilizar el sistema nos podría dejar al final del día sin el pan y sin el queso. Sin confiabilidad ni energía firme, tampoco sostenibilidad para las empresas, el modelo que ha mantenido a Colombia encendida desde el apagón de los 90 corre riesgo.

¿Es lo que buscan? Que insistan en cambiar las reglas de juego o envíen temerarias señales a un mercado que requiere certezas es un error, pero tratar de polarizar al país en un asunto de máximo rigor técnico del que depende la productividad nacional es directamente darse un tiro en la sien.