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Sin que se conozca aún la pepa de la regionalización del Presupuesto General de la Nación para 2025, o lo que es lo mismo, los recursos asignados para los proyectos de inversión en los territorios, el descontento de sectores de la Bancada Caribe es más que evidente. También lo es la preocupación de gremios de la producción y de analistas por los riesgos fiscales identificados.

Con el desempleo al alza, débil crecimiento económico, elevado déficit fiscal, aumento sostenido en el costo de endeudamiento, expectativas inciertas sobre planes de reactivación y desconfianza generalizada de los inversionistas por los contradictorios mensajes del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda se alista para defender en el Congreso su proyecto de cuentas públicas.

No hace falta ser un gurú económico para darse cuenta que nos tratan como idiotas. El monto total del presupuesto es de $523 billones, un aumento del 3,9 % comparado con 2024: $328 serán para funcionamiento, casi $113 billones para deuda pública y solo $82,4 billones para inversión. No deja de ser paradójico, también algo cínico, que en un periodo crítico como el actual, en el que urge poner en marcha medidas de choque para reactivar la economía, el Gobierno decida recortar un 16 % la inversión pública, casi $17 billones, mientras eleva el gasto de funcionamiento en un 6 %. Si invertir es la clave para crecer, para recuperarnos, ¿a qué le apuesta el Ministerio?

Suponemos que el equipo de Ricardo Bonilla intenta encajar en sus cálculos las estrecheces financieras que atraviesa la nación, sus adversas condiciones macroeconómicas, dirían los más doctos, como ellos. Pero en su cómputo final incurre nuevamente en proyecciones que no se ajustan a nuestra difícil coyuntura e incorpora lo que se conoce como ingresos contingentes.

Sin despeinarse, los responsables de Hacienda avisan que para cuadrar su desfinanciado presupuesto de 2025 necesitan $12 billones que esperan les apruebe el Congreso a través de una nueva reforma tributaria, a la que se refieren con el rimbombante nombre de ley de financiamiento. A esta le colgarían, por cierto, a manera de anzuelo, lo que les falta para cubrir el total de la opción tarifaria. A primera vista, parlamentarios independientes y de oposición le auguran mal pronóstico por ser una iniciativa incierta e inoportuna, sin consenso, ni ambiente.

Queda claro que al Ejecutivo le cuesta aprender de sus propios errores o tiene mala memoria. Hace poco, para que le equilibrara su desfasado presupuesto de 2024, se vio obligado a corregir sobre la marcha, y debió recortar $20 billones. Solo así pudo tapar el enorme hueco fiscal que se le abrió a causa del desajuste, provocado básicamente por el incumplimiento de las irrealistas metas que se había fijado en términos de recaudos tributarios y de recuperación de recursos vía litigios con la Dian, que estimó le representarían $28 billones adicionales a las arcas de la nación.

¡Puras cuentas de la lechera! La cuestión es obvia: si crecemos menos, recaudamos menos. Y si a eso se le suman proyecciones distorsionadas que se caen por su falta de rigor, por no hablar de decisiones erráticas, como lo fue persistir en la no deducibilidad de las regalías del sector minero en la tributaria que al final les tumbó la Corte Constitucional, fallo cantado desde el primer momento, el horizonte fiscal para el Gobierno y, claro, para el país, luce desafiante. Sobre todo, en el propósito de ejecutar programas para reducir los índices de pobreza y desigualdad social.

El tijeretazo del Ejecutivo golpea a sectores que suponíamos claves para su proyecto político: a Deporte y Recreación le recortan 66 %, Agricultura, el impulsor de la economía funcionará con 47 % menos, y a Inclusión Social y Reconciliación le quitan 37 %. Este apretón sería apenas la cuota inicial de medidas más drásticas que se necesitarían ante la falta de capacidad de las finanzas públicas, según el exministro José Manuel Restrepo o el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quienes reclaman más prudencia fiscal, austeridad en el gasto y nuevos recortes.

Parece que el Gobierno ni raja ni presta el hacha. Destina un monto para funcionamiento que triplica el de la inversión, mientras anticipa una nueva tributaria que añade más incertidumbre al frágil escenario económico de bajo crecimiento, con un gasto que aumenta más rápido que el recaudo. En la cuenta regresiva para debatir el presupuesto, que debería quedar listo en octubre, las miradas apuntan a Hacienda y a la Dian. ¿Tenemos garantías de que se cumplirá la regla fiscal?