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Se nos vino encima la tercera reforma tributaria del Gobierno Duque radicada por su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el Congreso de la República bajo el rimbombante título de ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, que apunta a recaudar la nada despreciable cifra de $23,4 billones para cubrir el hueco fiscal agrandado por la pandemia de covid-19. Aunque el jefe de Estado llamó a los parlamentarios a apoyarla para asegurar la “protección de los más vulnerables y la estabilización de las finanzas públicas de la nación”, la iniciativa – tal y como está planteada – tiene mal pronóstico en el Legislativo, según las primeras impresiones ofrecidas por los parlamentarios, entre ellos integrantes de la bancada del Centro Democrático, el partido de Gobierno, a quienes no les pareció oportuna ni conveniente para el actual momento.
A esta altura de la crisis, cuando escalamos el doloroso pico de la tercera ola y se vuelven a disparar los usos hospitalarios y el número de fallecidos, y se conocen nuevos cierres de sectores productivos, nadie pone en duda el devastador impacto causado por la pandemia que disparó el déficit fiscal a 7,8 del PIB y la deuda pública a cerca del 65%, en 2020, elevando los índices de pobreza, con lo que 6 millones de personas caerían en esa situación. El Gobierno dice que ha destinado cerca de $40 billones, recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para atender la emergencia sanitaria, ofrecer ayudas sociales y proteger el empleo. Aun así se ha quedado corto para dar respuesta a las incalculables necesidades de los ciudadanos de a pie, cada vez más empobrecidos y con menos oportunidades laborales, educativas y de acceso a servicios sanitarios, consecuencia de la galopante desigualdad desatada por esta coyuntura inédita.
Financiar los costos de la pandemia, tapar el hueco fiscal y tranquilizar a las agencias de riesgo que tienen en la mira la calificación crediticia del país son tareas urgentes del Ejecutivo que apuesta por la recaudación como la base de su reforma fiscal. ¿Pero bajo las actuales circunstancias, cómo lograr un contrapeso sin deteriorar aún más los precarios ingresos de la clase trabajadora? Si el Gobierno demorara hasta 2031 para reducir significativamente el nivel de su deuda, contando con los ingentes recursos de una reforma fiscal, ¿cuándo podrían los colombianos de clase media esperar una mejora relevante de sus condiciones socioeconómicas pospandemia teniendo que asumir más impuestos?
La tributaria, en su apartado de fortalecimiento y focalización del gasto social – la ‘zanahoria’ del proyecto – propone hacer permanente el Ingreso Solidario y aumentar la cobertura de la devolución del IVA, además de extender el subsidio a la nómina hasta junio de este año e incentivar la contratación de jóvenes, entre otros beneficios sociales. La redistribución de las cargas tributarias y ambientales, el ‘garrote’, se centra en los gravámenes a las personas naturales, principal fuente de recaudo, con la ampliación de la base de tributantes asalariados y pensionados que deben declarar y pagar impuesto de renta con tarifas diferenciales en los tres próximos años; y en relación con el IVA se gravará con 19% los servicios de agua, energía y gas para estratos 4, 5 y 6. Aunque no se tocan productos básicos de la canasta familiar, al pasar de exentos a excluidos del impuesto sobre las ventas se teme que alimentos como la leche, el queso o los huevos aumenten su valor.
Se echan en falta acciones de fondo para resolver las deficiencias estructurales del sistema tributario, controlar la elusión o enfrentar la evasión que en Colombia supera el 30% del total del recaudo. Así que apenas digiriendo el voluminoso cartapacio que Carrasquilla llevó finalmente al Congreso, queda la sensación que los de siempre terminarán pagando más impuestos en el momento menos oportuno por su falta de ingresos.
La reforma es necesaria, sin duda, pero no resulta razonable someter a los mayores sacrificios a sectores de la clase media que soportan hoy unas circunstancias extremadamente críticas debido a la ralentización de la recuperación económica por cuenta de los nuevos embates de la pandemia. El Congreso iniciará una negociación contrarreloj para discutir la propuesta del Gobierno bajo la presión de un año electoral en ciernes. El margen de maniobra parece mínimo frente a una crisis profunda que demanda soluciones justas y pragmáticas para lograr los equilibrios requeridos antes que la informalidad, la pobreza y la desigualdad sigan provocando escenarios moralmente indeseables.
