Un nuevo período de incertidumbre amenaza con abrirse en la Cámara de Comercio de Barranquilla, con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de admitir a trámite la impugnación de las últimas elecciones de la entidad, celebradas el 28 de agosto pasado.

Tal como publica EL HERALDO en su edición de hoy, el ente supervisor ha aceptado investigar el recurso presentado por el directivo de la Cámara Alejandro Duarte, quien alega que hubo irregularidades en la depuración del censo electoral y que los comicios debieron realizarse entre el conjunto total de matriculados en la entidad, como establece la normativa cuando el número de afiliados no supera el 10% de los matriculados.

Pese a que Duarte no presentó la impugnación por el conducto adecuado, la Superintendencia  ha actuado con acierto al darle curso, ya que si algo necesita en este momento la Cámara, tras una etapa ya muy larga de inestabilidad, es que se despejen todas las dudas que puedan existir acerca de la pureza de los últimos comicios.

La SIC no solo indagará sobre la actuación de la Cámara, sino también sobre la “posible manipulación del proceso electoral por parte de la Fundación Mario Santo Domingo (FMS) en coordinación con algunos candidatos o estrategias ilegales de algunos candidatos que podrían conducir a la anulación total o parcial de las elecciones”. Tal como consta en la resolución de admisión del recurso, la Superintendencia destaca que, poco antes de expirar el plazo de inscripción a las elecciones, la FMS pagó la renovación de matrícula a 333 comerciantes a través de “supuestos créditos de formalización”, de lo que no consta una petición formal por parte de los interesados. También resalta la SIC que, de 20 microempresarios a los que se practicó en días pasados una inspección, 18 no conocían al candidato por el que votaron, ocho manifestaron que la Fundación les sugirió por quién votar y tres señalaron que el día de las elecciones los recogieron para llevarlos a la Cámara para la votación.

Por supuesto que todos estos datos constituyen solo el punto de partida de una investigación cuyo desenlace es prematuro vaticinar. La SIC ha trasladado su resolución a la Cámara y a los miembros de su junta directiva para que, a más tardar el día 28 de este mes, aporten o soliciten las pruebas que consideren pertinentes. En este momento, caben tres posibilidades: que se confirmen las supuestas irregularidades, en cuyo caso se produciría la anulación total o parcial de los comicios; que todo se reduzca a un problema ético o, a lo sumo, estético, sin consecuencias en el resultado de las elecciones; o que la SIC reciba pruebas de las partes concernidas que la lleven a archivar el caso.

Mientras llega una decisión, lo importante es que el ente supervisor haya mostrado su firme determinación para aclarar este formidable embrollo que tanto daño le ha hecho, y le sigue haciendo, a la imagen empresarial de Barranquilla.