El Heraldo
Opinión

20 años después de Pablo Escobar

Para que Escobar amasase tal poder contó con la cooperación de parte de la sociedad. Unos, porque se beneficiaban del dinero del narco; otros, porque lo veían como un ‘Robin Hood’; muchos otros, porque, por temor o conveniencia, prefirieron callar.

En un día como hoy, hace 20 años, fue abatido en Medellín Pablo Escobar, considerado el mayor criminal que haya existido en la historia de Colombia. Su prontuario incluye más de 5.000 asesinatos –entre ellos los de Luis Carlos Galán, Guillermo Cano y Rodrigo Lara–, un centenar de atentados con dinamita, la compra de políticos venales y la exportación masiva de cocaína a los mercados internacionales, sobre todo a EEUU.

Al igual que a Al Capone, que pese a su abultado historial delictivo solo fue arrestado por evasión de impuestos, Escobar solo conoció una condena en sus 44 años de vida, por un delito de contrabando. El terror que sembró en el país terminó cuando un comando integrado por hombres de la IV Brigada de Medellín y del Bloque de Búsqueda de la Policía lo ultimó sobre el techo de una casa en el barrio Los Olivos, en esa ciudad.

Ríos de tinta han corrido desde los años 80 sobre Escobar, e incontables análisis sobre su figura se están publicando estos días con ocasión del aniversario de su muerte. Pero si hay una reflexión de fondo que se impone en un día como hoy es acerca de las razones que permitieron el ascenso de un personaje de estas características en Colombia. Porque una persona, por más capacidad que posea para amedrentar a sus semejantes, no podría acumular tanto poder como el que amasó Escobar si no hubiese confluido una serie de circunstancias propicias, principalmente la colaboración, activa o pasiva, de parte de la sociedad y las instituciones.

Hace más de medio siglo, en una serie de reportajes que publicó sobre el juicio del criminal nazi Adolf.

Eichmann en Jerusalén, la filósofa alemana Hannah Arendt acuñó el concepto de la “banalidad del mal”, en el que sostenía que El Mal, para entronizarse en una sociedad, suele contar con la cooperación de todo un engranaje de seres humanos, muchos de los cuales ni siquiera tienen conciencia, o desarrollan mecanismos psicológicos para no tenerla, de estar trabajando en favor de un proyecto criminal. Siguiendo el mismo razonamiento, para que Escobar llegase a ser quien fue contó con la cooperación de parte de la sociedad colombiana: unos –incluyendo constructores, arquitectos, marchantes de arte, etc.–, porque obtenían alguna tajada en el riego de dinero procedente del narcotráfico; otros, porque veían en Escobar un ‘Robin Hood’ que luchaba contra un Estado corrupto; otros, quizá la inmensa mayoría, porque, por temor o conveniencia, prefirieron callar.

También, por supuesto, influyó en la trayectoria de Escobar el hecho de que traficaba con una mercancía prohibida, cuya elaboración, además, empleaba a miles de familias campesinas que encontraban así un medio de sustento. Los partidarios de la legalización de la droga sostienen que, si esta estuviese legalizada, Colombia no habría derramado tanta sangre por un problema que responde a una imparable demanda exterior, sobre todo desde EEUU y Europa.

Probablemente, el negocio estaría hoy bajo el control de respetables multinacionales, como quizá se verá muy pronto en el caso de la marihuana.

El hecho es que Pablo Escobar acumuló tal poder que, en un momento dado, optó por desafiar al Estado y a un ‘establishment’ que, de manera activa o pasiva, se las había arreglado para convivir con ese advenedizo. Fue entonces cuando el Estado reaccionó con toda la contundencia y conjuró la amenaza, no sin antes haber caído numerosas personas –jueces, periodistas, políticos, etc.– que habían osado levantar la voz contra el capo.

Solo si se asimila la lección que Pablo Escobar no surgió por generación espontánea, sino que irrumpió en virtud de determinadas circunstancias y contó con muchos soportes, incluidos los de parte de las instituciones, la sociedad colombiana podrá afrontar en el futuro fenómenos semejantes que puedan suponer un peligro para la propia integridad del Estado.

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