Cierra los ojos y se imagina que en próximos años su restaurante y centro recreacional, después de las enseñanzas que dejará la COVID-19, tendrá la ambientación de viviendas japonesas, en donde hay divisiones de espacios y cerrados para compartir por familia o en pareja. “Esto de la emergencia sanitaria y el cierre ha sido duro. No me lo imaginé”, admite Jaime Corzo, gerente y fundador de Las Vegas. “Pero me ha tocado cambiar el chip”, agrega el emprendedor de Galán, Santander.

Cuenta que está estudiando la cultura japonesa, que ya vivió pandemias. “Ellos hacen lo que ahora nosotros hacemos: no besarnos, tocarnos, hablar de lejos. Visiono un cambio en la cultura del servicio de restaurantes. Creo que tendremos áreas de mesas con divisiones en acrílicos, muy livianos, separados y un diseño específico. Cada familia con su protocolo”.

Mientras termina la cuarentena, su negocio (que no paga arriendo porque es de su propiedad) tiene la misma incertidumbre que amenaza a grandes y pequeños. De puertas hacia adentro, las 200 mesas en las que departían sus clientes y en las áreas de recreación y piscina solo reciben el peso de las sillas.

La mayoría de los 60 empleados directos, que representan una masa salarial de $100 millones cada mes, están de vacaciones adelantadas. Los $300 millones y $400 millones por ventas, que lograba en promedio, ahora están por el piso. Su decisión ahora es tratar de levantarse con los domicilios que antes representaba un 2% de las ventas.

Corzo reconoció que ahora está más endeudado. “Lo que presté ya me lo gasté. No puedo despedir personal, son los activos de la empresa; para tener ingresos para pagar servicios públicos y nómina. Esto es un batacazo. Me ha tomado por sorpresa. Sin ahorros ni colchón. Invertí $2 millones para cumplir protocolos de higiene y bioseguridad para meterme a la tendencia de vender domicilios”.

¿Cómo están haciendo los 380 extrabajadores de Pizano, empresa que cerró planta el Miércoles de Ceniza de 2018 y hoy está en proceso de liquidación, en la emergencia de la COVID-19 y la cuarentena en Barranquilla? Fernando Bujato no sospechaba el cierre de Pizano. Lo admite.

Aunque escuchaba el rumor que la empresa había superado una Ley 550 y que había vendido activos. Durante 28 años había trabajado en la planta, cotizó más de 1.000 semanas en el régimen público de pensión, terminó con un promedio de ingresos mensuales de $2.200.000 en el área administrativa de Pizano y una lesión profesional que determinó que tenía limitación de un 18% en su columna.

En sus proyecciones hipotecó su casa para ayudar a su hija a graduarse de licenciatura de Lenguas Modernas. Cuando ella estaba en su tesis, Pizano cerró y despidió al personal. Tiene una deuda de $60 millones de la hipoteca de su vivienda, y otros $10 millones en refinanciación. Después de 25 meses (en febrero de 2018 comenzó el proceso de liquidación de Pizano) no tiene ingresos. Bujato está confinado. Recibe la ayuda de sus familiares, vende hielo, minutos y recargas. “¿Quién me va a contratar? Estoy desprotegido”.

Supersociedades dice que la liquidación está “en procedimientos de los procesos”. Fredy Sánchez, otro extrabajador de Pizano, agrega que “el liquidador pagará con la venta de activos. "Seguimos esperando y con muchas necesidades”.

La cuarentena ha puesto a prueba a Hayeth Askar y Alejandro Espejo. Los dos propietarios y fundadores de una pequeña industria de alimentos en Barranquilla dicen que uno de esos desafíos es proteger a los 10 empleos que generan y sobrevivir en medio de condiciones como solo vender por pedidos. “Nuestras ventas han caído un 85%”, cuenta Alejandro Espejo.

Hace dos años, en una apuesta a ojos cerrados lograron atraer inversionistas al ceder un buen porcentaje de la empresa y la producción se instaló en Bogotá. Dicen que no los han desamparado y les han ofrecido alternativas para capacitar a sus empleados, que en su mayoría atienden puntos de venta. Es una fórmula para mantenerlos con la empresa, hacer teletrabajo, a no suspender contratos y atender algunas de sus necesidades. Dos de los empleados han dicho que “no” a la capacitación y han sido tajantes: “Pague lo que nos debe o si no los demandamos”, cuenta Askar. Alejandro Espejo explica las dificultades para acceder a la banca, pues le han dicho que le prestan si producen más de $1.000 millones.

“Nos toca enfocarnos en nuevas líneas de negocio con Bendito Arroz, como ofrecer nuestros productos para que los hagan en casa y venderlos en empaques de bolsa de más de 2 kilos”, señaló.

Las centrales obreras del país anunciaron que para este viernes, Día Internacional del Trabajo, “exigiremos al Gobierno nacional que la crisis no la paguen los trabajadores”. Afirmaron que los sindicatos y manifestantes izarán las banderas con trapos rojos –símbolo de las casas que piden ayuda humanitaria, sobre todo alimentaria, en la cuarentena– a las 12 del día y convocarán a un cacerolazo nacional desde las viviendas.

“Ante la pandemia del coronavirus son cientos los sectores de la producción afectados y aunque la decisión de prorrogar la cuarentena obligatoria hasta el próximo 11 de mayo es saludable para el país, no lo es así la apertura de actividades de los sectores de la construcción y las manufacturas, que están determinadas por el afán de activar esos renglones económicos, colocando en primer lugar el interés del lucro y la ganancia, pero sometiendo al enorme riesgo del contagio a más de 4,2 millones personas y la propagación del virus de manera incontrolable”, señalaron las centrales en un comunicado.

Aseguraron que los retos emitidos en el marco de la emergencia económica, social y sanitaria por el Gobierno, van encaminados a “resolver en primera instancia las necesidades del sector financiero y los bancos, los grandes monopolios nacionales y extranjeros, los fondos privados de pensiones, las nefastas intermediarias EPS”.

Consideran que siguen los tributos y cargas a los trabajadores y empleados, pocos estímulos y ayudas a las mipymes, a los sectores informales e independientes. “Millones de personas confinadas desesperadas entre el virus y el hambre, por la ausencia efectiva de las ayudas monetarias o en mercados que aún no han llegado en la mayoría de las ciudades y pueblos del país”. Por último, piden la disposición “de la renta básica universal que garantice la subsistencia digna de la población con o sin emergencia”.