Reforma pensional en Colombia: concertada y que minimice riesgos
Especialistas de la Universidad Simón Bolívar analizan la iniciativa. ¿Debe subirse la edad pensional? ¿La propuesta beneficiaría las dinámicas económicas del país? ¿Qué debería cambiar en el sistema pensional?
Primero renuncio antes de subir la edad pensional”. Con ese mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro Urrego respondió el 16 de enero a la polémica suscitada en torno al proyecto de ley que su gobierno presentará para reformar el sistema pensional colombiano.
El tema fue una de las propuestas hechas en campaña y se cristalizó en noviembre, cuando el viceministro (e) de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández, presentó la reforma integral al sistema de protección a la vejez.
La iniciativa se basa en tres pilares: solidario, que es una renta básica de medio salario mínimo legal vigente para las personas sin pensión; contributivo, dirigido a quienes devengan hasta cuatro salarios mínimos y que deberán cotizar al régimen público administrado por Colpensiones; y complementario, para ingresos mayores a cuatro salarios que aportan a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) privadas.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que la reforma es estructural, no paramétrica, porque pretende cobijar a los adultos mayores que no disfrutan de una vejez digna y que “tengan elementos que les permitan, a través del apoyo del Estado, liberar sus recursos y no vivan de la caridad de sus familias”.
Sin embargo, algunas informaciones que miembros del Gobierno calificaron de “falsas” apuntaron a que el proyecto incrementaría las edades pensionales fijadas desde 2014 en 57 años para mujeres y 62 años para hombres, junto con 1.300 semanas en el régimen solidario de prima media con prestación definida (público), y el régimen de ahorro individual con solidaridad (privado), que exige un capital acumulado que financie una pensión del 110% del salario mínimo y a la edad que escoja el afiliado.
Especialistas y profesores de la Universidad Simón Bolívar advierten que cualquier cambio debe resultar de un diálogo con participación de todos los sectores económicos y sociales, y contemplar el impacto en las distintas capas de la economía: monetaria, fiscal, comercial, cambiaria, tasa de interés, salarios, oferta y demanda, mercados de bienes y trabajo.
Por supuesto, sin dejar de lado al mismo sistema pensional que, de acuerdo con el último reporte de la Superintendencia Financiera, reparte su número de afiliados así: 18,6 millones en el régimen privado y 6,7 millones en Colpensiones (público). El restante 1,7 millones está en el programa de ahorro voluntario Beps (Beneficios Económicos Periódicos).
“El cambio tiene que hacerse con cuidado porque más de la mitad de la plata de los fondos privados está invertida en Títulos de Tesorería (emitidos por Minhacienda y vendidos en la bolsa de valores), y el resto en concesiones viales y otras inversiones”, indica Jairo Parada Corrales, Ph.D. en Economía y profesor del Doctorado en Sociedad y Cultura Caribe.
“Los fondos privados ponen en circulación inversiones y proyectos que mueven la actividad económica, generando empleo y contribuyendo al crecimiento de la economía”, agrega Florentino Rico Calvano, Ph.D., líder del grupo de investigación Democracia y Modernización del Estado Colombiano (Gidmec).
No se descarta que el denominado pilar contributivo del proyecto baje a tres o dos salarios mínimos para quienes deban cotizar de manera obligatoria a Colpensiones. ¿Con qué fin? Aliviar la carga de los fondos privados y evitar un desequilibrio, teniendo en cuenta el uso que dan a los ahorros de sus cotizantes.
“Una reforma beneficia a toda la sociedad por la reducción de impuestos, el aumento del nivel de ahorro, incremento de la productividad laboral, la demanda de bienes y servicios, las utilidades, los excedentes y el aumento de los ingresos salariales”, sostiene Rico.
La intención de fortalecer el régimen público permitiría al Estado reducir la carga del gasto pensional, el segundo rubro que más erario demanda después de los intereses de la deuda externa.
“La reforma pensional es necesaria, la discusión estará en el número de salarios mínimos porque la mayoría de nuestros pensionados gana menos de $2 millones, hasta 2 salarios mínimos, con lo que podría minimizarse el déficit que hay entre lo que recauda el Estado y lo que debe asignar en Colpensiones”, argumenta Parada.
La Ley 100 de 1993 estableció que la edad de pensión continuaría siendo 55 años para las mujeres, 60 años para los hombres y solo hasta 2014 se podrían incrementar respectivamente a 57 y 62 años, edades vigentes en la actualidad.
Inés Rodríguez Lara, profesora de la Especialización y la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, considera necesario aumentar la edad pensional con el fin de incrementar el capital que un afiliado hace a lo largo de su vida laboral de 26 años, que corresponde a las 1.300 semanas que exige la ley.
“En ese tiempo, quien devenga un salario mínimo mensual legal vigente reúne aproximadamente entre $80 a $85 millones con rendimientos financieros; si dividimos, le alcanza para 5 o 6 años, en cambio, si se aumenta la edad aumenta el recaudo y el sistema pensional podría ser sostenible en el tiempo y dar respuesta a la expectativa de vida en Colombia”, explica Rodríguez, abogada PhD., especialista en derecho procesal y laboral.
“La reforma debería promover un mayor seguimiento a la evasión y la elusión, los delitos que afectan el sistema pensional, pues para nadie es un secreto que algunos contribuyentes deciden evadir y no cotizar, pese a tener ingresos, o eludir y esperan hasta los 10 años anteriores a la edad de pensión para aportar lo que deben según sus ingresos”, agrega la experta.
“La efectividad del sistema pensional debe estar articulada con la generación de empleo”.
No obstante, mantener las edades también puede beneficiar la economía nacional: el Gobierno no contemplaría imponer más impuestos como forma de cumplir con las mesadas, se evitaría el envejecimiento poblacional y se reduciría la brecha de bienestar entre el régimen público y privado.
Para el profesor Parada, la raíz del problema es el mercado laboral: más de la mitad trabaja en la informalidad y no goza de contratos a términos indefinidos, con salarios estables y de calidad que permitan elevar los pagos y por ende los recaudos.
“La experiencia europea nos enseña que las pensiones incrementan el consumo, el gasto, verlas solo como un costo es olvidar que también hacen parte de la demanda generada: el gasto pensional ayuda a los consumos de los hogares, pero en nuestro país solo 25% de la fuerza laboral goza de pensión, por eso la mayoría tiene que trabajar hasta que pueda”, dice.
La radicación del proyecto de reforma está prevista para febrero o marzo de este año. El Gobierno ha insistido en que está enfocada en que la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema, dándole un ingreso solidario y universal a la población.
