Acopi: la reforma tributaria no debe afectar el sector empresarial

Entre las iniciativas para una reforma estructural de obligaciones que entregarán al Gobierno se destacan dos: Las diferenciaciones de rentas dentro de los mismos grupos de contribuyentes para evitar sistemas complejos posteriores de control por parte de la administración de impuestos. Y la limitación del uso en efectivo como medio de pago deducible de impuestos.

Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi, analizó que el cambio de las reglas de juego con una reforma cada año genera unos costos altos, en especial para el sector que ella representa.

Sobre las diferenciaciones de rentas, Quintero, afirma que “para las pymes hay un riesgo que se asume, porque la pequeña y mediana empresa, que conoce y aplica la norma, se expone a sanciones por omisiones. La mayor carga de impuestos está sobre personas naturales que están al frente de las pymes. Hemos solicitados que no se siga cargando al sector empresarial”.

Acopi reunió a sus afiliados este jueves y continuará con las mesas en todas las seccionales del país para con expertos consolidar la propuesta de la reforma tributaria. Especialistas como Javier Ávila, asesor de la DIAN, coincidió con los empresarios en que el nuevo sistema impositivo que se apruebe debería ser más simple.

“Si la reforma logra que el sistema de recaudo se simplifique, sea más transparente, claro y diáfano a través de reducir unos impuestos que, concentrarlos en otros más eficiente, el panorama mejoraría”, afirma Ávila.

La Dian ni el Gobierno aún  tienen estimativos concreto de cuánto puede recaudar en los próximos año de llegar a aprobarse la reforma. Pero la comisión de expertos y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, estima que tendría que arrojar 1.5 puntos del PIB, es decir unos $14 billones de pesos, precisa Javier Ávila.  

Alberto Manotas, gerente de Indutrónica, pyme que por más de 20 años ha sido proveedor de grandes empresa en suministros de equipos tecnológicos, admite que tienen inconvenientes con el actual sistema impositivo. Una de las razones es que lleva al endeudamiento con entidades financieras.

El gremio cree que si hay una propuesta del Gobierno de que solo se pague a través del sistema financiero, la falta de liquidez para cumplir con los tributos se convertiría en una amenaza de supervivencia.

“Tenemos unos niveles de impuestos muy alto más altos que pueden llegar a 50% y queremos que esos tributos alcance un 30%. Los inconvenientes están en la forma cómo se recauda y en el sector industrial en cómo se hacen las retenciones de fuentes de pago anticipado de impuestos. La retención, que nos hacen a las pymes las grandes empresas,  genera problemas de caja muy complicados. Creo el Gobierno no solo tiene que tener en cuenta no solo como aplicar los impuestos, Es algo que o se tiene en cuenta”, explica Alberto Manota, quien es miembro de la junta directiva de Acopi.

La propuesta de la comisión de expertos del Gobierno para la reforma de limitar el uso del efectivo para el pago deducible de los gravámenes, es una condena a la competitividad.  “Ojalá tenga en cuenta la equidad y competitividad”, insiste Rosmery Quintero que destaca que si se piensa en un sistema unificado desde el Gobierno central que también sea asumido por los entes territoriales.

En los Distritos y en los municipios, falta mejorar la estructura de la aplicación de los impuestos, del estatuto tributario, de sistematizar el cobro en el cual lleva  a un costo administrativo inapropiado que resta competitividad, explica Quintero.

Acopi además señala que necesitan del Gobierno mayores esfuerzos fiscales para financiar los programas de lucha contra la pobreza y desigualdad. Pero es importante no enfocarse solo por el lado del recaudo, también trabajar para lograr la eficiencia y equidad en el gasto público.

Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi, con los miembros de junta de la seccional Atlántico, Roberto de Lima y Alberto Manotas.

La incertidumbre del sector también está en el sistema impositivo y regresivo del IVA. Jaime Ávila explica que a mayores gastos públicos el impacto se ve en personas con menos ingresos. “En realidad lo que es que actualmente el IVA en Colombia que tiene exenciones, exclusiones y tarifas diferenciales que pesan mucho más en la canasta de ingresos bajos que en los altos, razón por lo cual no es tan regresivo el IVA”.

Comparando los estándares internacionales y las tarifas generales de IVA, Colombia está por debajo de países como Uruguay con 21%, Perú, de 19% y Chile, con 21%. Ávila agrega que estas cifras muestran que eventualmente hay un espacio para ampliar el impuesto al valor agregado.  “Esto está en manos del Congreso y tendría que sopesarse su impacto negativo en las clases más populares y que pudiera mejorarse a través del gasto público”.

Acopi la próxima semana revelará un informe sobre cómo ha sido el comportamiento del sector frente a la coyuntura económica que ha enfrentado el país. Como adelanto precisa que las utilidades de las pymes han disminuido.